La junta de vecinos del sector Teniente Merino 1 de Concepción recibió una propuesta hace tres años: trabajar con personas condenadas y cuya sanción se pagara con servicios a la comunidad.
Aníbal Alvarado, actual presidente de la junta de vecinos y dirigente vecinal de la época, contó que la idea fue resistida por algunos residentes. Sin embargo, hoy su balance es totalmente distinto.
"Los chicos se han podido integrar a la comunidad en muchos aspectos. Las tareas van desde desmalezar un área determinada o ayudar a algún vecino que necesite alguna reparación en su casa. Este sector se caracteriza por tener una alta población de adultos mayores, por lo que muchas de las labores fueran delegadas a estas personas y con ello se le ha cambiado el aspecto a la población", explicó.
De acuerdo a las cifras de la dirección regional de Gendarmería de Chile, desde 2013 a la fecha hay 4.634 usuarios de las penas sustitutivas en el Biobío y de esa cifra, 326 corresponden a la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (Psbc), una de las cinco alternativas que son administradas por la institución, luego de la modificación a la ley de Medidas Alternativas a la Reclusión que rigió en el país desde 1983 y hasta 2013, cuando entró en vigencia la ley 20.603.
Este nuevo paradigma, según explicó el jefe técnico de Gendarmería en el Biobío, Marcelo Lillo, ha permitido cambiar la forma de reinserción de aquellos infractores de la ley cuyas penas son inferiores a los 300 días de cárcel, uno de los principales requisitos para acceder a esta modalidad de cumplimiento de la condena.
CAPACIDADES TÉCNICAS
Marcelo Lillo contó que previo a la modificación de la ley, el 60% de los condenados de la región cumplía su pena al interior de una cárcel y sólo el 40% accedía a una medida alternativa a la reclusión, números que se han revertido desde que se implementó la nueva normativa.
"Hay un cambio de paradigma tremendo y se espera que esto siga en aumento, a menos que se generan normativas adicionales, como lo que se pensó con la Ley de Agenda Corta, pero la tendencia es que aumente. A nivel mundial es 80/20 y eso es lo que nosotros esperamos aplicar en el país", indicó.
En esa línea, el jefe técnico y también sicólogo dijo que la evaluación de las Psbc es positiva a nivel local, lo que se refleja en el aumento de los convenios para el desarrollo de este programa, disponible en todas las comunas de la región.
"Hay un par de usuarios que hoy está trabajando en los mismos sectores donde pagaron su pena, pero esto es un valor adicional, porque nosotros no somos una oficina de colocación. Lo que nosotros hacemos es que ellos cumplan su pena, sin embargo, valoramos que se den estas posibilidades de un mejor futuro para los usuarios", agregó.
Actualmente son cinco las penas sustitutivas a cargo de Gendamería en el país, entre ellas, el servicio comunitario, la libertad vigilada, la libertad vigilada intensiva y la reclusión parcial, donde se encuentra el uso de la tobillera electrónica.
En esa línea, Lillo evaluó de buena forma el cumplimiento de los penados y agregó que la reincidencia no supera el 10%: "En general la reincidencia en este sistema es una cifra baja, pues en el cerrado de cada 10 personas que salen, cuatro vuelven antes de dos años, mientras que en estos casos no alcanza a uno".
Respecto a los desafíos, el profesional planteó la necesidad de avanzar en la intervención de parte de los delegados que trabajan con las personas condenadas.
"Que haya una mejor intervención técnica, como entrevistas motivacionales, evaluaciones diagnósticas y que sean parte de otros programas que tenemos. Por ejemplo, en los programas de intervención laboral que tenemos en Gendarmería, porque creemos que si le damos una prestación adicional obviamente los niveles de reincidencia y de reinserción a la sociedad serán mejores", sugirió.
TOBILLERA
Entre enero de 2015 y el 23 junio de 2017 se dictaron 8.196 sentencias condenatorias en los Juzgados de Concepción, Penco y Tomé. De esas, 3.032 han tenido penas sustitutivas, es decir, el 37%.
Así lo informó el Juez de Garantía de Concepción, Carlos Aguayo, quien explicó que los números de personas enviadas a servicios comunitarios aún son marginales, pues los delitos considerados tienen penas bajas, inferiores a 300 días de cárcel, y condiciones especiales de parte del usuario, como no ser considerado un peligro para la sociedad.
Asimismo, planteó reparos a la utilización de la tobillera electrónica en este tipo de penas, por los gastos que genera al sistema judicial y a Gendarmería.
"Yo creo que la Psbc sirve y en la que yo tengo dudas es la reclusión parcial con tobillera, porque se usa como pena. Eso sería mas útil como medida cautelar, por ejemplo en los casos de VIF, donde un hombre que tenga una tobillera y se acerca a la casa de a mujer ésta comience a sonar, pero eso no está en la ley", indicó.
BUENA EXPERIENCIA
Juan cumplió dos meses prestando servicios en la población Teniente Merino 1 y califica esta experiencia como una buena oportunidad para enmendar su error en su propia comunidad.
"Sería bueno que, una vez que se termine el servicio, existiera un acompañamiento para encontrar trabajo, por ejemplo, para terminar con el estigma que debe cargar uno", contó el usuario.
Aunque no es parte del proceso, Aníbal Alvarado sí ha supervisado lo que pasa con quienes prestan servicios. Por eso enfatizó que las oportunidades son necesarias.
"Hoy somos unos agradecidos de ser parte de la reinserción de los chicos. Ya han pasado varios por aquí y esperamos vengan más con los años", cerró.