En poco más de tres meses, el aumento de los planes base de salud informado por las Isapres comienzan a ser efectivas y ya han sido ingresadas a las cortes de apelaciones de Concepción y Chillán más de 4 mil recursos de protección.
Estas acciones judiciales tienen por objetivo dejar sin efecto las alzas que las aseguradoras aplican a sus cotizantes, y que van desde un 5,9% (Consalud) hasta un 7,6% (Cruz Blanca).
Si bien la cifra actual es menor a la registrada en los tribunales durante el mismo periodo de 2016, cuando se llegó a casi 11 mil debido principalmente al alza del valor del plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, que realiza cada tres años, el número de recursos de 2017 es un 41% más que en 2015, año en que también sólo hubo aumentos del plan base.
La cantidad de acciones judiciales ha significado que este año el 39,6% de las causas ingresadas a la Corte de Concepción y el 36% a la de Chillán sean referidas a recursos de protección contra las isapres.
Durante 2016 esta cifra llegó al 66,3% en el tribunal de alzada penquista, principalmente por el importante numero de acciones contra el GES.
Cristian Sáez es una de las tantas personas que ha ido por este camino y en 2015 presentó un recurso con el patrocinio de un abogado y logró que su aseguradora no le subiera la prima. "Me decidí por el recurso porque uno ve la rentabilidad que tienen las isapres versus lo que te prestan individualmente y no se igualan", aseguró el cotizante, que contó que si le vuelven a subir el costo del plan volverá a presentar una acción similar.
Si bien la totalidad de los recursos cuenta con representación de abogados, la ley también permite que una persona individual ingrese por su cuenta la acción ante el tribunal de alzada.
SIGUE CON REFUERZOS
Pese a que son menos causas que las de 2016, el reforzamiento de las dos cortes de la región se mantiene, ya que aún se mantienen en proceso de tramitación.
"Ahora está volviendo de la Corte Suprema un gran número de recursos a los que fueron apeladas sus sentencias, las que deben ser cumplidas", explicó el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Hadolff Ascencio.
Este año las recintos judiciales han fallado en 4.180 causas por esta materia. No obstante, el ministro expuso que el número de personas que está realizando estas labores se redujo de diez a sólo cinco funcionarios.
Respecto de la carga de trabajo que ha significado la tramitación de los recursos, el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, Christian Hansen, expuso que este incremento progresivo, que entre 2014 y 2017 se ha duplicado, debe llevar a una revisión de las políticas y la legislación vigente que tiene el sector.
"Es un fenómeno que ha tenido un aumento importante en los últimos años y se prevé que las cifras de los recursos de protección por las adecuaciones de los planes continuarán al alza. Esto debe ser revisado, aquí debe tomar la iniciativa el Parlamento sobre esta situación y establecer una ley adecuada que la regule", sostuvo.
Por su parte, el ministro Ascensio expresó que si bien no les corresponde pronunciarse sobre los los cambios legislativos, que corresponden a otros poderes del Estado, sí sostuvo que al ser un problema que viene generándose desde hace años, ya no debiera ser tratado judicialmente, sino que a través de un cambio legal.
"Ya pasamos la primera década del problema de las isapres y sigue siendo el Poder Judicial el que da solución, la que no debiera ser de este poder del Estado, sino que debiera ser una solución que concuerden el poder Legislativo y Ejecutivo", afirmó el ministro del tribunal de alzada penquista.
Añadió que lo que sucede con los recursos en contra de las Isapres es similar a lo que se vivió por décadas con el divorcio vincular, antes de la nueva ley de matrimonio civil, cuando el Poder Judicial fue el órgano que tenía que dar una solución a esa problemática a través de la nulidad del vínculo matrimonial.
