Ayer se inició la audiencia que analiza un pedido fiscal para que se ordene la prisión preventiva del ex Presidente de Perú Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, en el proceso que se les sigue por la presunta recepción de dinero de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral del 2011.

El proceso judicial comenzó con el juez Concepción Carhuancho escuchando los argumentos del fiscal Germán Juárez, quien pide 18 meses de prisión preventiva para quien presidiera el país vecino entre 2011 y 2016, y su cónyuge.

Tras esta intervención, que duró más de seis horas, era el turno de la defensa, la que recayó en los abogados de Humala ni Heredia, ya que éstos últimos no se presentaron. Allí solicitaron que la audiencia se postergue hasta hoy, argumentando que recibieron la notificación judicial hace menos de 24 horas. Sin embargo, a pesar de que el juez desestimó esta petición, sí decidió suspender la audiencia hasta las 19:00 (hora local) de ayer, por lo que recién en ese momento pudo escuchar los argumentos de la defensa del ex Mandatario.

El martes pasado, al conocerse el pedido de prisión por parte del fiscal, Humala se declaró un "perseguido político" aunque manifestó su tranquilidad porque consideró que el planteamiento es "un absurdo", ya que los aportes de empresas privadas a los partidos políticos no están prohibidos en Perú.

De igual forma, el abogado de Humala, Julio César Espinoza, aseguró que "acudir a un asilo político no forma parte ni de la estrategia personal ni familiar, ni aún menos de la estrategia legal" del ex Presidente.

Luiz Inácio Lula da Silva, quien se desempeñó entre enero de 2003 y diciembre de 2010 como Presidente de Brasil, fue condenado ayer a nueve años y medio de cárcel por un tribunal de primera instancia por su implicación en la red de corrupción que operaba en las elites del país sudamericano en el denominado caso Petrobras.

La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, uno de los principales investigadores de esta trama delictiva, quien encontró a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Esta es la primera condena que recibe el ex Mandatario, quien aún debe enfrentar otras cinco causas penales abiertas por la justicia, la mayoría de ellas relacionadas con el caso Petrobras.

coimas

Lula era acusado por la Fiscalía de corrupción pasiva y lavado de dinero por supuestamente haber recibido 3,7 millones de reales ($765 millones) en sobornos a raíz de contratos suscritos entre la constructora OAS y Petrobras.

El pago de esas coimas se habría materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, y el pago del almacenamiento de los regalos recibidos durante sus siete años de gestión.

El inmueble aparece en los registros como propiedad de la constructora OAS, una de las implicadas en el escándalo de Petrobras, pero según la acusación el verdadero dueño sería Lula, quien lo habría recibido en concepto de soborno, es decir, a cambio de "favores" hechos desde el poder a esa constructora.

primera instancia

Antes de conocerse esta condena, Lula había dejado de ocultar su deseo de presentarse en las elecciones presidenciales del próximo año e, incluso, aparece actualmente como el líder más valorado en las encuestas.

La condena de ayer no le impide participar de este proceso siempre y cuando no sea ratificada en segunda instancia, por lo que lo más probable es que el ex Presidente recurra al Tribunal Supremo de Brasil.

De todas formas, se espera un nuevo pronunciamiento sobre este caso para mediados o fines del próximo año.

"vergonzoso"

La presidenta del Partido de los Trabajadores (del cual Lula promovió su fundación en 1980 y es considerado uno de los máximos líderes), Gleisi Hoffmann, aseguró ayer que el ex Mandatario fue condenado "sin pruebas".

"Sergio Moro (el juez ) complació a los medios de comunicación y a la opinión pública que formó contra Lula. ¡Condenó sin pruebas! Vergonzoso", dijo Hoffmann en un mensaje divulgado a través de las redes sociales.

Por su parte, el senador Lindbergh Farias, jefe del grupo del Partido de los Trabajadores en la Cámara Alta, sostuvo que el ex Presidente es objeto de una persecución política e hizo un llamado a la militancia para salir en defensa del carismático líder. "No esperen de nosotros pasividad en este momento", señaló.

A estas palabras se sumó Dilma Rousseff, quien sucedió a Lula en la Presidencia, al asegurar que es "inocente" y que "el pueblo lo rescatará en 2018". Rousseff, destituida el año pasado por irregulares manejos de los presupuestos, agregó que su antecesores víctima de una "flagrante injusticia y de un absurdo jurídico que avergüenza a Brasil".