Este 23 de julio se cumplen seis meses desde que Biodiversa, empresa que trata residuos de industrias y municipios, ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de lodos ubicada en la comuna de Cabrero, específicamente en el sector El Membrillar.

Planea ampliar su capacidad para sumar 250 hectáreas más beneficiadas al año, es decir incrementar su capacidad y llegar a procesar 120 toneladas de lodos diariamente.

La empresa aseguró que ha cumplido con los procesos y plazos que exige la institucionalidad ambiental. Sin embargo, los dirigentes del sector, apoyados por las autoridades locales, aseguraron que no se informó debidamente de este proyecto y que lo rechazan, por ser perjudicial para la calidad de vida y el resguardo del medio ambiente.

Por estas razones la comunidad de Cabrero organizó una manifestación en conjunto con los concejales y dirigentes del sector en cuestión, para hacer entrega formal de una carta al intendente.

En el documento se solicita someter a un estudio de impacto ambiental a la planta de tratamiento de Biodiversa, para evitar que perjudique el bienestar de los habitantes de la comuna.

Apoyo de todos

Luis Vega Martínez, presidente de la Junta de Vecinos Puentes Negros y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Cabrero, declaró que la comunidad necesita que "los seremis y el intendente se alineen para que nos apoyen en este tema, ya que en el corto plazo no se va a poder vivir tranquilos en Cabrero".

Los dirigentes vecinales concordaron en que esto afecta no sólo la calidad de vida, sino que también la plusvalía de los terrenos e impide ampliar la comuna.

Vega aclaró que "había un proyecto de ampliación para más de 170 familias y este tipo de industrias perjudican estas iniciativas".

El alcalde de Cabrero, Mario Gierke, añadió que "es tremendo que haya una empresa privada con fines de lucro que quiera echar a perder la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Cabrero".

Tramitación

del proyecto

Desde la Seremi de Medio Ambiente corroboraron que gran parte de las molestias que manifiestan los vecinos dicen relación con el funcionamiento de la planta de aguas servidas.

Específicamente, el titular regional de la cartera, Richard Vargas, detalló que "la institución debe cautelar por medio de las instituciones ambientales, ya sea la Superintendencia de Medio Ambiente, la Seremi de Salud y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para el correcto funcionamiento de este proyecto".

La iniciativa, que se encuentra en revisión por parte del SEA, además será visto por la Comisión de Evaluación Ambiental en agosto, de la que participan el intendente y diez seremis de la Región del Biobío.

Biodiversa espera que el proyecto siga en marcha en su fase de modernización, puesto que en palabras de la gerente de sustentabilidad de la empresa, Paola Nelson, esto sería un gran avance en la gestión sustentable de residuos para nuestra región y el país.

Los vecinos que viven colindando la planta, en tanto, esperan que las autoridades rechacen el proyecto o bien se inicie un estudio que certifique que su calidad de vida no será perjudicada.

Muchas industrias

Cabrero ya ha hecho noticia en otras ocasiones por la gran cantidad de industrias contaminantes que opera en su territorio.

Los representantes de las Juntas de Vecinos de Cabrero y alrededores mencionaron que la planta termoeléctrica Los Guindos también ampliaría su capacidad. Además ya hay seis centrales funcionando.

El dirigente Luis Vega agregó que "es demasiado para la comuna de Cabrero, en este momento estamos saturados y la calidad del aire se está viendo fuertemente afectado por el tema de las industrias".

Para la Defensoría Penal Pública, Biobío tiene dos particularidades obvias. Primero, es la segunda región del país en tamaño y segundo, aborda todas las líneas que ha definido la institución. "Eso nos ha servido para iniciar los pilotos o instancias de estudio y evaluación en el Biobío de muchos de nuestros proyectos", cuenta el defensor nacional, Andrés Mahnke.

El abogado, que acompañó al defensor regional durante su cuenta pública, realizada a fines de junio, destacó el trabajo focalizado que se ha hecho en las líneas especializadas, sobre todo aquella orientada a defensa juvenil.

No obstante, hay otros cuatro ámbitos en los que también han generado una atención especializada. La más nueva es la de imputados y condenados con problemas de salud mental, que comenzó a trabajarse el año pasado en la región.

Durante todo 2016, a nivel nacional se trataron 1.756 casos. De ellos 165 -es decir, el 9,3%- se abordaron en el Biobío.

"Lo más relevante es que uno habla de imputado y muchas veces hay personas que han sido condenadas, pero de acuerdo a nuestra ley se trata de personas inimputables. Esa persona tiene un problema de salud pública, un problema médico que hay que atenderlo de otra forma, trabajando con los recintos y servicios médicos que tratan a las personas que tienen estas patologías o problemas de salud mental, porque están ahí por un problema médico, pero por una orden del sistema de justicia que está definiendo una privación de libertad, pero esa persona no debiese estar encerrada por el hecho que cometió. Debiese estar en un tratamiento médico", expresó Mahnke.

Las otras líneas de trabajo que tienen son migrantes, pueblos originarios y mujeres privadas de libertad, que está siendo abordada como experiencia piloto en la Región Metropolitana.

-Y el debate político no ayuda a atenuar esos prejuicios. Somos una sociedad bastante discriminadora y prejuiciosa. Defender a personas vulnerables nos hace más fuertes como institución, y hace más fuerte la necesidad de capacitarse de los defensores. Conjuntamente con eso, tratamos de contrarrestar estos mitos, poner a disposición de la comunidad esta información.

Sobre los extranjeros, hemos manifestado con evidencia empírica que los delitos en los que están inmersos en nuestros país son los mismos que los chilenos y en una dimensión menor. Proporcionalmente por población, los extranjeros tienen un comportamiento y una participación en los ilícitos inferior que los chilenos. Tampoco participan en los delitos más violentos.

Con los integrantes de pueblos originarios pasa algo similar. Porcentualmente, inciden menos que los chilenos en comisión de delitos y son los mismos.

-Grave problema. Estas especializaciones responden a obligaciones del Estado de Chile, respecto de las cuales pareciera ser que no hay una convicción profunda, porque no hay especialización en el órgano jurisdiccional ni el órgano de persecución penal ni las policías. Lo que podemos hacer en respeto de los derechos de estos grupos vulnerables pasa a tener un impacto bastante inferior del que podríamos tener.