Más de 19 mil jóvenes del país han sido sancionados bajo la Ley de Responsabilidad Adolescente desde su implementación hace una década. De ellos, 1.500 corresponden a la Región del Biobío, de acuerdo a las cifras del anuario realizado en 2015 por el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Esas fueron sólo algunas de las cifras que se revelaron ayer durante un seminario organizado por la fundación Tierra de Esperanza y la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se abordaron los avances y desafíos de esta normativa, entre ellos, la reinserción de los jóvenes condenados, una especialización para atender este tipo de casos y la necesidad de contar con más recintos cerrados en la región, para atender de manera efectiva a los menores infractores de ley.

Estas necesidades, en algunos casos, fueron recogidas en el proyecto que busca reformar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, iniciativa que actualmente se encuentra en la comisión de Constitución del Senado y cuyos avances fueron expuestos durante la jornada.

DESAFÍOS LOCALES

Hadolff Ascencio, presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, planteó que esta normativa presenta múltiples desafíos y precisó que uno de ellos, a nivel local, sería contar con un centro de internación en cada provincia del Biobío.

"Hoy existe sólo un centro de internación de menores, que está en Coronel, y la verdad es que eso es muy desafortunado, porque un menor de Alto Biobío tiene que venir a cumplir con una internación provisoria o permanente a muchos kilómetros, lo que produce un desarraigo de su entorno y grupo familiar", afirmó.

En ese sentido, Ascencio dijo que no se necesitan centros de grandes dimensiones, sino unos que puedan realizar un trabajo de manera más efectiva. "La idea es ir generando recintos en la medida que se requiera, pero que permitan un tratamiento mucho más personalizado de los menores y que permitan un trabajo efectivo de los profesionales", explicó.

El juez penquista contó que expuso esta inquietud a la directora nacional del Sename, Solange Huerta, sin embargo, reconoció que el proyecto es más bien a largo plazo.

REPARACIÓN

Pedro Canales, director ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza, coincidió en que los desafíos de esta ley son variados. No obstante, agregó que el problema va más allá de la ley y radica en cómo se aborda el tema de la delincuencia a nivel país.

En ese sentido, Canales apuntó a la necesidad de ampliar las redes de acción, entre ellos, realizar un tratamiento con las familias, lo que hoy no es contemplado por la norma legal.

"El circuito o la red es muy parcial, entonces, cuando se produce la internación de un muchacho no se dice nada sobre qué hacer con las familias. Hay instituciones que están trabajando en eso, pero ahí habría que hacer una innovación", señaló.

El psicólogo señaló que la reforma al Sename va por buen camino y añadió que es necesario avanzar hacia políticas que permitan realizar un efectivo seguimiento a quienes cumplen una pena.

"Actualmente falta información, hay que realizar estudios longitudinales. Es necesario ser mas efectivos en la acción", enfatizó.