Dos son los supuestos que se han planteado para que la elección de gobernadores regionales se lleve a efecto en noviembre de este año. El primero: la aprobación del proyecto de ley orgánica que regularía ese proceso electoral y, lo segundo, la aprobación del proyecto de ley de fortalecimiento de la regionalización y el traspaso de competencias, que contiene las atribuciones para el ejercicio de dicho cargo.

Pero, para que se llegue a ese momento, aún faltan varios trámites en el Congreso que le restan a ambas iniciativas para estar vigentes. Además, ambas deben estar promulgadas para que, efectivamente, en noviembre de este año se lleve a cabo la elección de la máxima autoridad regional.

Ley orgánica

Con la promulgación en diciembre del año pasado de la reforma constitucional que creó el cargo de gobernador regional, quedó por resolver cómo se implementaría dicha elección.

Para ello, en abril de este año el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados la citada ley orgánica, que en parte de su articulado plantea la opción de realizar la elección en noviembre, a la par con la presidencial y parlamentaria, y también detalla inhabilidades.

En esa línea, se expresa que para que la elección se lleve a efecto a fines de este año, debe ser aprobada antes de 100 días de que se produzca el proceso electoral, que es el plazo, colocado de manera transitoria en el proyecto, para que quienes ejerzan cargos públicos puedan renunciar y tengan opción de postular a ese puesto. Ese plazo vence en agosto.

De no ser así, tendrá vigencia para una primera elección definida en la misma iniciativa, para el año 2020, en que extiende el plazo de inhabilidad a un año antes del proceso electoral de los gobernadores. Esta duda es la que mantiene a la Nueva Mayoría dividida frente al proyecto.

Mientras la Democracia Cristiana ha mostrado su interés en que haya elección este año, parlamentarios del PPD, entre ellos el senador Felipe Harboe, han manifestado su oposición para que eso ocurra.

La comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja aprobó este proyecto la noche del martes, instancia que preside el DC Marcelo Chávez. Ahora resta que pase a la comisión de Hacienda, que según el diputado Manuel Monsalve -quien es parte de la instancia- será un mero trámite en su aprobación. Luego, durante la última semana de mayo, se espera que ingrese a Sala de la misma cámara.

De ser aprobado, pasará al Senado, quien a través de la comisión de Gobierno Interior, presidida por el DC Rabindranath Quinteros, la verá en primera instancia. Si es respaldada, debe pasar por la comisión de Hacienda y luego al pleno del Senado.

Debido a la "suma urgencia" que el Gobierno le ha puesto al proyecto (15 días para su despacho), para los más optimistas, dentro de los que está el diputado DC Marcelo Chávez, su aprobación deberá ser durante junio.

las atribuciones

De manera paralela se discute el proyecto de fortalecimiento de la regionalización. Ingresado en 2011 al Congreso durante el Gobierno de Sebastián Piñera, fue modificado a través de una indicación sustitutiva ingresada en 2014 por el actual Gobierno. Esta iniciativa fue rechazada el martes por la comisión de Constitución del Senado, que preside Felipe Harboe. Se espera que a principios de junio ingrese a una comisión mixta.

A pesar de tener condición de urgencia, las opiniones de Chávez y Harboe son dispares en relación a su futuro.

"El Gobierno ingresará un proyecto de acuerdo a la comisión mixta, que dará como resultado que exista consenso para que pueda ser aprobada", destacó el diputado Chávez.

Para el congresista DC, si el Ejecutivo ingresa este proyecto de acuerdo, el proyecto debería salir aprobado en el mismo mes de junio. "Con ello, estarían aprobadas tanto la ley orgánica de gobernadores regionales como sus atribuciones, por lo que no veo cuál sería el problema para que la elección se realice en noviembre", agrega Chávez.

Para el diputado resulta clave que el Gobierno se haya comprometido para este año con la realización de esta elección. "Aquí hay señales claras de ello, especialmente por las urgencias que ha colocado", agrega el legislador DC.

En relación a las atribuciones específicas que se discuten, aún no hay claridad y será clave lo que presente el Ejecutivo en el proyecto de acuerdo.

complejo

Dos argumentos cobran importancia para que el senador Harboe afirme que la elección de gobernadores no se llevará a efecto este año. "Aquí se ha hablado de una tramitación paralela de ambos proyectos, pero son tan importantes, que lo menos que debe existir es premura", dice Harboe.

Para el congresista, el Servicio Electoral no tiene la capacidad técnica para implementar esta elección en tan poco tiempo, además de la complejidad para los que serán candidatos, y sus partidos, de preparar una campaña de este tipo en tan pocos meses. También, dice que es partidario de aprobar otras leyes de descentralización, como la de rentas regionales, que impactarían más en el desarrollo regional.

Sin embargo, el problema de fondo, para el parlamentario de la Nueva Mayoría es que el actual proyecto deja dudas en la independencia del futuro gobernador regional. Harboe explica que en la iniciativa se mantiene una dependencia en sus decisiones frente a lo ministerial.

Otro problema que registra el cargo de gobernador regional es que paralelamente se crea una figura, denominada delegado presidencial, quien seguirá representando al Ejecutivo en las regiones. Eso, no obstante, está consignado en la ley de elección que ya fue aprobada.

"Esto daña la imagen del Partido Socialista (PS) y genera efectos en su credibilidad", dice el diputado de esa colectividad y representante del distrito 46, Manuel Monsalve, frente a los cuestionamientos hacia las inversiones de patrimonio que realizó la entidad política hasta el 2012.

Críticas que surgieron a partir de un reportaje televisivo que dio cuenta de la administración del patrimonio de PS -constituido por devoluciones de bienes en democracia que fueron expropiados durante el Gobierno Militar- a través de un fideicomiso ciego que invirtió en cuestionadas empresas, como SQM y en acciones de renta variable. Si bien no hay situaciones irregulares, se cuestiona el uso de instrumentos de mercado y las compañías con las que se generaron los excedentes.

-Lo que esta ocurriendo es doloroso y grave, pero hay también que ser capaces de discernir y diferenciar el debate. Primero, ninguno de los dirigentes de antes o de hoy está siendo ni investigado ni tiene acusaciones por delitos en contra de la probidad. Dicho eso, hay un debate legítimo de cómo el PS manejó su patrimonio. Esto tiene dos características, una que pone en cuestión la experiencia política, en virtud de que invirtió para tener "rentabilidad de su patrimonio" y eso coloca para muchos en cuestión el carácter capitalista del partido. En segundo lugar, está el hecho de que se hicieron inversiones en empresas que claramente tienen un cuestionamiento ético, específicamente en Soquimich. Este es un debate legítimo. El PS está consciente de que fue un error, tanto así que en el año 2012 terminó con ese mecanismo. Todos sabíamos que la comisión de patrimonio invertía, pero nosotros no conocíamos los detalles justamente para no generar un conflicto de interés y, por lo tanto, era como una especie de fideicomiso ciego. Ahora, claramente invertir en Soquimich fue un error, como también lo fue invertir en acciones, por eso el PS asumió que era un error y cambió su forma de invertir en 2012, previo al reportaje.

-No tengo problema en reconocer que el PS cometió un error político, pero es un error y no un delito. Se quiere dar una imagen de que el partido socialista tiene inversiones para repartirse la plata y eso no es así. Es un momento complejo para el partido. Lo peor que podría ocurrir y la peor decisión política es que hubiera cientos de vocerías hablando a nombre del PS. Los que hablan hoy es la dirección nacional y es por eso que, probablemente, otros presidente no han salido a hablar.

-Creo que el PS tiene una fortaleza objetiva, porque mas allá del debate, sus dirigentes nacionales y parlamentarios no tienen ninguna acusación de falta de probidad.

En segundo lugar creo que se cometió un error político en la forma en que manejó su patrimonio, lo que ya esta corregido.

En tercer lugar, creo que esto daña la imagen del PS y genera efectos en su credibilidad y por lo tanto, seguramente tendrá un efecto de daño electoral, de eso no tengo dudas. Ahora, creo que la tarea del partido en este proceso es actuar con seriedad, reconociendo los errores, mostrando sus fortalezas y su decisión de transparentar todo lo que sea necesario.