El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo decreto de "estado de excepción y emergencia económica" que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para "preservar el orden interno", según publicó ayer la Gaceta Oficial.

El decreto establece la facultad del Ejecutivo para que adopte "la medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios".

La norma señala, además, que "podrán ser restringidas las garantías" para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que establece la Constitución que son "el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles".

El Gobierno venezolano podrá "diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados".

El Presidente se facultó también para decidir "la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político" contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.

Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.

No obstante todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de "excepción y emergencia económica".

A través de este nuevo texto legal, el Ejecutivo venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas medidas que "sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (...) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana".

El Presidente de EE.UU., Donald Trump, se defendió ayer de la polémica que se generó a partir de una información del diario The Washington Post que aseguró, con base en fuentes anónimas, que le entregó información clasificada al canciller ruso y al embajador de Rusia, en una reunión con ellos la semana pasada en la Casa Blanca (momento que recoge la foto).

En un tuit, el Mandatario, quien en función de su cargo tiene la potestad legal de desclasificar cualquier información que estime oportuna, afirmó que compartió información sobre terrorismo con los funcionarios rusos porque, "como Presidente, quería compartir con Rusia (en una reunión programada oficialmente en la Casa Blanca), lo que tengo el derecho absoluto de hacer, hechos relacionados con el terrorismo y la seguridad de vuelo de las líneas aéreas. Además, alegó que lo hizo por "razones humanitarias", porque quiere que "Rusia intensifique su lucha contra el EI (Estado Islámico) y el terrorismo".

Rusia, con su fuerte presencia militar en Siria y el apoyo que le brina al régimen de Damasco, es un actor clave sin el que, en opinión de numerosos expertos, es prácticamente imposible derrotar completamente al grupo terrorista que se hace llamar Estado Islámico.

ASESOR DE SEGURIDAD

El principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el teniente general H.R. McMaster, aseguró que él estuvo presente en la reunión y que Trump no hizo nada "inapropiado" ni puso en riesgo la "seguridad nacional". Según McMaster, que compareció el lunes y de nuevo ayer ante la prensa, la información que Trump entregó fue "totalmente apropiada" dado el contexto y los objetivos del gobernante. El asesor no respondió a una pregunta sobre si la información compartida por Trump era o no secreta.

POLÉMICO DESPIDO

La controversia se produce en medio de la tormenta por el despido, la semana pasada y por orden de Trump, de James Comey, el ahora ex director del FBI que investigaba la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre en EE.UU. El artículo del Post revela que Trump proporcionó al canciller ruso información relacionada con la posibilidad que los terroristas del EI utilicen notebooks para realizar algún tipo de ataque terrorista en vuelos comerciales.

Esa información fue facilitada por un país aliado de EE.UU. y su contenido es tan secreto que ni siquiera otros de sus socios han recibido ese tipo de datos, según las fuentes anónimas citadas por el Post. Ayer, otro diario de marcado corte opositor al gobierno de Trump, The New York Times, aseguró que la información secreta que el Presidente compartió con Rusia había sido aportada por Israel y que este país ya pidió a Washington que sea cuidadoso con los datos de inteligencia a los que tiene acceso el Mandatario.

Al ser preguntado sobre el tema en la Casa Blanca, durante una conferencia de prensa que ofreció junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, Trump se limitó a decir que tuvo una reunión "muy, muy exitosa" con los funcionarios rusos.