La defensa de Mauricio Ortega, condenado a 26 años y 170 días de cárcel por la brutal agresión que sufrió Nabila Rifo en mayo del año pasado, acudió ayer a la Corte Suprema para solicitar que el juicio y la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique se invaliden.

Según informó radio Cooperativa en su edición web, en el recurso de nulidad se explica que hubo una "errónea aplicación del derecho" y que se infringieron las garantías constitucionales del condenado, al omitirse antecedentes importantes en la sentencia.

La base de la petición es el voto de minoría del tribunal, ya que el fallo fue dividido (dos votos contra uno).

La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió ayer sustituir la medida cautelar que afecta el coronel (R) del Ejército Cristián Labbé, dejándolo con arresto domiciliario total en vez de prisión preventiva.

De todas formas, la Primera Sala del tribunal de alzada resolvió confirmar el procesamiento en contra de Labbé como autor de aplicación de tormentos a Harry Edward Cohen Vera, hecho que habría ocurrido en Panguipulli en noviembre de 1973.

El ministro en visita Alvaro Mesa Latorre, tras procesar al ex alcalde de Providencia el 13 de abril pasado, había ordenado la medida de prisión preventiva en el Destacamento de Montaña N° 8 Tucapel de Temuco.

La Intendencia de Atacama anunció ayer que estudiará, junto a los vecinos, la posibilidad de levantar en otros lugares las casas que fueron arrastradas por los aluviones que afectaron el fin de semana a la región.

"El Gobierno no quiere hablar de erradicación; lo que queremos hacer es ponernos de acuerdo con las familias, porque no es fácil abandonar el lugar donde he vivido o donde las familias han vivido tanto tiempo", dijo el intendente, Miguel Vargas, tras recorrer la localidad de Paipote.

"Creo que llegó el momento de tomar decisiones que impliquen mirar la vida de otra manera, producto de lo que estamos viviendo en la Región de Atacama: un cambio climático que se expresa en su máxima dimensión aquí", agregó la autoridad regional, citada por Emol.

Vargas remarcó, de todas formas, que para esa tarea se necesita la comprensión de los vecinos. "Como Gobierno estamos dispuestos a rediseñar proyectos habitacionales en lugares seguros para que la gente no siga teniendo estos problema, pero eso supone tener su complicidad", dijo.

El intendente anunció, además, que se entregará un bono de enseres por $ 1 millón para quienes perdieron estos elementos a raíz de la crecida de los ríos y el barro.

"Los catastros estarán esta semana, porque queremos comenzar a entregar estos bonos la semana siguiente", indicó. Detalló que esta misión la desarrollarán en terreno funcionarios de la Seremi de Desarrollo Social, los municipios y equipos del Serviu.

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, volvió ayer a testificar ante la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el millonario fraude que afectó a la institución policial y descartó que los gastos reservados que se ocupan en la entidad sean destinados a pagar sobresueldos, como indicaron ex funcionarios formalizados por el caso.

"No son sobresueldos. Esa plata no tiene esa finalidad. Son dineros reservados y secretos. Sobresueldo es un término mal empleado", dijo el oficial a los parlamentarios que integran la comisión investigadora.

La semana pasada, el Ministerio Público anunció que indagará posibles sobresueldos con gastos reservados a altos mandos de Carabineros, después de que ex funcionarios formalizados por el desfalco entregaran una serie de listas con nombres, grados, cargos y valores de ex oficiales en las que se hacía una repartición de estos dineros.

Al respecto, Villalobos dijo ayer en la comisión que "nunca las he visto (las nóminas). No son documentos oficiales de Carabineros". "Desconozco si son verdad (los datos que aparecen)", según consignó el medio T13.cl. Reveló, además, que era el propio general Flavio Echeverría, ex jefe del Departamento de Finanzas y sindicado como el líder de la malversación, quien manejaba los gastos reservados que eran enviados por el Estado a la institución.

"Desde marzo asumí yo el control de eso y cambié la forma de entregar y de informar cada uno de ellos, pero es a raíz de este hecho que yo cambié la normativa", explicó Villalobos al final de su intervención sobre esta arista del fraude, que ya supera los $ 17.500 millones.