Por casi tres días podría extenderse el trabajo de la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Concepción, que agrupa a tres provincia del Biobío, y que ayer se constituyó en la Corte de Apelaciones penquista, donde se inició la revisión de las 243 solicitudes que ingresaron para su análisis y respectiva resolución.

Esta instancia judicial es presidida por la ministra Valentina Salvo, cuyo inicio no estuvo exento de polémicas. Esto, luego que un grupo de defensores públicos acusara que este año no serían incluidos en el trabajo de la comisión, a pesar de haber tenido presencia en cuatro instancias anteriores desde 2015.

Así lo indicó la defensora penal pública María Cristina Melgarejo, coordinadora regional defensa penitenciaria, quien manifestó, junto a un grupo de colegas, su inquietud al presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Hadolff Ascencio.

"Manifestamos nuestra molestia y él nos explicó que la presidencia de la comisión ya había tomado una decisión y él no la podía revertir ni modificar por ser un ente distinto", señaló tras el encuentro.

MOLESTIA

María Cristina Melgarejo explicó que, tal y como ocurrió en años anteriores, su objetivo era representar a 31 postulantes a la libertad condicional, trayendo los nuevos antecedentes que Gendarmería les había entregado.

"En el fondo, lo que queríamos es ser oídos, acompañar antecedentes y hacer las alegaciones que corresponden, lo que es un derecho básico de las personas privadas de libertad", indicó.

En ese sentido, y luego de la negativa, la coordinadora regional de defensa penitenciara señaló que esperarán los resultados de la comisión y presentarán recursos de amparo en los casos que sean rechazados.

"En el próximo periodo que se realizará en octubre pediremos con antelación y por escrito la solicitud que nos permita comparecer. En el caso de rechazo podremos recurrir en contra de esa resolución", sumó.

RETROCESO

El vocero de la Corte de Apelaciones de Concepción, Hadolff Ascencio, explicó que como presidente no tiene injerencia en el trabajo de la comisión y reconoció que hay una normativa que regula el desarrollo de una comisión.

"El que los escuche o no lo haga no incide necesariamente en el resultado adverso o no de las peticiones. (....) Desde el punto de vista de los defensores, por supuesto que los van a considerar un retroceso, porque que se les ha escuchado en años anteriores. Sin embargo, desde el punto de vista de la comisión no hay retroceso, pues hay una normativa que regula su funcionamiento", precisó.

Cabe destacar que el trabajo se desarrollaría hasta el próximo lunes, dependiendo de la rapidez con la que se revisen los 243 solicitudes.

"Esto tiene que quedar listo antes que concluya abril", informó.