El 70% de los delitos cometidos por adolescentes están relacionados al consumo problemático de drogas y alcohol. Una cifra, que según estudios del Poder Judicial, aumentan a un 85% entre los jóvenes que se encuentran privados de libertad.

Así lo detalló el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, quien fue invitado a participar de la puesta en marcha de los Tribunales de Tratamiento de Drogas para Adolescentes en Biobío por su experiencia en este programa de Justicia Terapéutica en la Región Metropolitana.

Ayer, el director nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Patricio Bustos; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; junto a autoridades locales de diversos organismos participaron de la apertura de esta iniciativa, que consiste en un procedimiento penal alternativo dentro del sistema de justicia penal dirigido a adolescentes que infringieron la ley y presentan un consumo problemático de drogas.

Un programa, que según se detalló, ya fue implementado en Arica y que permite abordar, en el contexto del sistema de justicia criminal, problemas de adicciones y de consumo abusivo presentes en jóvenes, con el fin de disminuir la reincidencia delictual.

EL PROGRAMA

Patricio Bustos, director nacional del Senda, indicó que este paso es histórico desde el punto de vista de la justicia, pues se acuña un nuevo concepto de Justicia Terapéutica para comprender a las personas que cometen delitos bajo la influencia de las drogas.

"Lo que hace es que se adopta una nueva política en el cual en vez de la sanción condenatoria de reclusión se impone a estas personas, a través de un mecanismo donde participa una dupla psicosocial de Senda y en conjunto con otras entidades de justicia, que realizarán un tratamiento como medida alternativa en vez de la reclusión", señaló.

En ese sentido, la autoridad sostuvo que para llevar a cabo esto se realiza un trabajo intersectorial, donde se involucran los servicios de salud, el ministerio Público, los Tribunales y todos quienes intervienen en la administración de justicia.

"En este trabajo intersectorial nosotros estamos colocando un mecanismo virtuoso para las personas que han delinquido, en primer lugar, puedan ser rehabilitados y, en segundo lugar, evitar que vuelvan a delinquir, para finalmente lograr su reinserción a la sociedad", detalló.

Para la ejecución de este Tribunal de Tratamiento de Drogas se cuenta con una red de centros de tratamiento bajo el convenio Senda, Ministerio de Salud, Sename y Gendarmería quienes serán los encargados de brindar tratamiento y rehabilitación a los adolescentes que formen parte de este programa.

Una iniciativa que fue valorada por el presidente de la Corte penquista, Hadolff Ascencio, quien manifestó que "Es importante que todos pongamos de nuestra parte para que llegue a buen término y se pueda ampliar porque el efecto social que puede tener es muy relevante".

EVITAR REINCIDENCIA

El ministro de la Corte de Apelaciones y representante del Poder Judicial para Tribunales de Tratamiento de drogas, Roberto Contreras detalló que el programa se encuentra presente en 10 regiones del país, sin embargo, agregó que hasta el momento sólo se había implementado en adultos.

"Los resultados estadísticos son favorables, desde la perspectiva de lo que hemos logrado con las personas que comienzan el tratamiento -y lo terminan- en términos de reincidencia, donde la normal es de un 60-70%, mientras que nuestros usuarios llegan hasta el 9%. Asimismo, ayuda a la reducción de reincidencia criminal y a contribuir a la seguridad ciudadana", afirmó.

Por otro lado, Contreras explicó que el tema con los adolescentes es mas complejo, pero en la intervención es más efectivo.

"Se trata de adelantar de alguna manera los tratamientos a aquellos infractores adolescentes y, por lo tanto, evitar la puerta giratoria en cuanto a la reincidencia de los delitos. Lo que queremos es detener este panorama en los adolescentes", indicó.

En ese sentido, precisó que, a nivel país, 60 mil que pueden ingresar a los Tribunales de Tratamiento de Drogas, agregando que sólo en 2014, ingresaron 314 imputados adultos al sistema.

" Ahora, si soñamos, y como esta funcionando el programa, del universo que manejamos, creemos que podríamos rehabilitar 54 mil personas. Una respuesta tradicional del sistema de justicia no ha sido suficiente para revertir el problema de reincidencia y con este programa se han logrado reducir estas cifras", concluyó.

EXPERIENCIA

Uno de lo asistentes al lanzamiento de este programa de justicia fue el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien implementó este sistema en 2004, cuando era fiscal regional en Valparaíso.

"Ver como una iniciativa, que parte en terminamos muy modestos en la quinta región, es una satisfacción. Precisamente esto apunta a solucionar las causas del conflicto penal, porque al final la pura aplicación de penas y particularmente penas que tienen que ver con la reclusión, no traen muchas muchas veces una intervención en las causas que originan el delito y derivado de ello, una vez cumplida la pena, las personas vuelven a delinquir", contó.

En esa línea, Abbott agregó que las instituciones del Estado deben enfocar sus esfuerzos para apuntar la solución al conflicto penal fundamentalmente al origen del mismo con el objetivo de tener una intervención que sea un aporte a una mejor calidad de vida de las personas.

El Primer Juzgado Civil de Concepción resolvió procesar a dos ex funcionario de la Policía de Investigaciones por los delitos de detención ilegal y torturas de un trabajador, hecho ocurrido en 1984.

Según se detalló, la magistrado Margarita Sanhueza Núñez, del Primer Juzgado Civil penquista (continuador de los antiguos juzgados del Crimen de Concepción y Talcahuano), dictó el pasado lunes auto de procesamiento en contra de los funcionarios de la PDI en retiro Hernán Octavio Fernández Hernández y Antonio Ademir Calibar Araya, en calidad de autores de los delitos de detención ilegal y tortura.

En la resolución, la jueza procesó a los detectives (r) por existir presunciones fundadas en su participación en la detención y aplicación de apremios ilegítimos a Carlos Amador Maureira Fernández, en mayo de 1984.

LOS HECHOS

Según consta en los antecedentes de este caso, la víctima se encontraba en su lugar de trabajo, cuando los funcionarios en servicio activo de la PDI, sin orden del tribunal competente, detuvieron a Maureira Fernández con el pretexto de haber participado en un robo en calidad de integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Tras ello, el hombre fue conducido al cuartel de dicha institución pública, donde fue sometido a vejámenes atentatorios de sus derechos fundamentales, tales como golpes de puños y pie, aplicación de corriente en distintas partes del cuerpo, hasta obtener la confesión perseguida, dejándosele posteriormente en libertad.

Actuaciones de ordinaria ocurrencia en la época por parte de los servicios policiales del país, según se detalló en el fallo.

En la resolución de la magistrado se establece que estos hechos constituyen los delitos de detención ilegal y tortura, contemplados en el Código Penal de la época.