La carga total efectiva que se movilizó y manipuló por los puertos de la Región del Biobío alcanzó a 2.374.264 toneladas durante febrero, nivel que disminuyó 6,7% en doce meses, según informó ayer el INE.

Los servicios de carga Embarcada al exterior, Cabotaje, Tránsitos y Desembarcada del exterior presentaron un nivel inferior al de febrero del año anterior.

En tanto, Re-estibas y transbordos presentó incidencia positiva en la evolución anual.

La participación por tipo de servicio se desglosa de la siguiente manera: Embarcada al exterior (43,6%), Desembarcada del exterior (38,2%), Cabotaje (15,6%), Re-estibas y transbordos (1,3%) y Tránsitos (1,2%).

El Embarque al Exterior movilizó 1.036.256 toneladas, cantidad que bajó 11,3% en doce meses. Dicho comportamiento fue incidido por granel sólido (31,7%) y carga suelta o general (19,1%).

Cabotaje descendió en 5,6%, alcanzando a 371.488 toneladas en febrero de 2017, consecuencia del menor nivel de actividad que presentó la carga desembarcada (15,4%).

El servicio de Transferencia a terceros o tránsitos totalizó 28.138 toneladas, cifra inferior 33,0% en la comparación anual, situación que se explica por la disminución que experimentó la carga embarcada (73,6%) y desembarcada (31,3%).

En 0,8% se contrajo la carga Desembarcada del exterior, al presentar 906.557 toneladas. La disminución percibida por este servicio es consecuencia de la menor carga desembarcada de granel sólido (19,7%), suelta o general (27,1%), y de contenedores (3,8%). La carga manipulada por Re-estibas y transbordos finalizó en febrero de 2017 con 31.825 toneladas, presentando un alza interanual de 17,2%, incidido por la carga manipulada de Re-estibas que creció 19,4% en doce meses.

En el período de enero a febrero de 2017, se movilizaron 5.296.545 toneladas de carga por los puertos de la Región, experimentando una contracción acumulada de 0,2%. Cabotaje (17,4%) y Tránsitos (3,1%) fueron los servicios que incidieron negativamente.

La Comisión de Agricultura se encontrará en los próximos días con la tarea de tener que evaluar dos proyectos de ley muy similares, aunque de distinto origen. El primero, presentado por un grupo de senadores aborda el rol de las forestales en los siniestros como de los efectos que produce el monocultivo en los cursos de agua e ingresó el pasado 24 de marzo a la Cámara de Diputados. Una semana después, el Ejecutivo hace llegar el largamente anunciado proyecto de Servicio Forestal que entre otras materias, cambia el estatus de la Conaf.

Con todo, los principales actores del mundo forestal así como desde la academia refutan las iniciativas, principalmente por la idea subyacente de atribuir la mayor responsabilidad tanto en la ocurrencia de los incendios, como en cuanto a estrechez hídrica a las empresas forestales.

El primero pretende en líneas generales que las empresas forestales se hagan responsables de los riesgos y prevención de siniestros, además del déficit hídrico que provocan las plantaciones y faenas productivas, el cuidado y protección de los acuíferos superficiales y subterráneos. El proyecto del Gobierno, apunta a lo mismo, aunque con un enfoque más integral.

Al respecto, el director Ejecutivo de Conaf, Aaron Cavieres, quien desconocía el proyecto de los parlamentarios, comentó que han tenido un trabajo articulado con un conjunto de actores incluyendo a las empresas forestales. Adicionalmente, destacó que el proyecto de ley del Servicio Nacional Forestal, incluye una planificación territorial con exigencias a todos los actores relevantes para este fin.

Dichas exigencias tienen que ver con establecerán áreas críticas dónde deben estar los grandes cortafuegos y las zonas de resguardo. Pero también cada persona o propietario que tenga bosques aledaños a ciudades o carreteras estarán obligados a hacer silvicultura preventiva para disminuir la probabilidad de que el incendio pase desde el bosque a la ciudad y viceversa. Tiene que ver además, con medidas de protección de grandes infraestructuras como plantas eléctricas o de tratamiento de agua que tendrán estas mismas exigencias, así como toda la zona de interfaz que va a tener dos sistemas; uno general de protección y un sistema imperativo y obligatorio en áreas críticas para los propietarios, los gobiernos locales o municipios que deben implementar medidas de protección.

"Ese paquete legislativo ingresó el lunes a la Cámara de Diputados. La próxima semana ya tenemos la primera sesión y como lo ha dicho el Gobierno habrá urgencia para que el pronto despacho y esas medidas que ahí se señalan sean efectivas", afirmó el personero.

impacto en los acuiferos

En relación a planes de mitigación de los impactos de las actividades forestales en los acuíferos superficiales y subterráneos, Cavieres anunció que eso se está abordando a través del Consejo de Política Forestal (CPF), que agrupa a todos los actores y por ello es que hay creciente interés en él y se está trabajando en lo que se denomina un "protocolo de plantaciones", que aborda los temas de aguas, sobre todo lo relacionado con la población, los incendios, el impacto sobre los suelos, paisaje y el modo de organizar las plantaciones".

En esta instancia participan las empresas forestales, las pymes, del mundo indígena (hay un consejero nacional mapuche que es parte de este Consejo), de ONG, las facultades de biología del país y de los trabajadores. "Lo que se acuerde aquí tiene el carácter de ley para cada uno de los que participan en él. Eso será trabajado en profundidad", explicó.

"La idea, en particular de los parlamentarios de la Comisión de Agricultura, es trabajar con la máxima celeridad para contar pronto con este Servicio Nacional Forestal", concluyó Aaron Cavieres.