Movida estuvo ayer la jornada en el caso Masvida, pues la PDI de Concepción confirmó el inicio en la zona, apoyada por efectivos de Santiago, de una serie de diligencias ordenadas por la fiscalía, lo cual se suma a que el abogado fundador de Alto Isapres presentó una denuncia para que la fiscalía regional investigue posibles delitos en contra de los afiliados de la isapre.

Sobre lo primero, el comisario Cristian Hernández, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Concepción, adelantó, sin entrar en mayor profundidad, sobre las diligencias, que están realizando operativos que se desarrollarán durante la semana en la comuna, que apuntan a recoger declaraciones de testigos, víctimas, imputados y de abogados querellantes que permitan establecer fehacientemente el delito que se está indagando, que es el envío de información falsa a la Superintendencia de Salud por parte de la aseguradora.

Además, afirmó que no se descarta la posibilidad de efectuar incautaciones, dado que las pesquisas están en pleno desarrollo. "Estamos trabajando con personal del Cibercrimen de Concepción a objeto de levantar información que está digilatizados", detalló.

Adelantó que hay un equipo de la PDI trabajando en dependencias de la empresa y en otros organismos públicos con el objetivo de recabar antecedentes que luego serán cotejados, analizados y entregar luego los insumos investigados que son necesarios para el Ministerio Público. También, señaló que durante esta semana declararán directivos, gerentes, funcionarios.

Trascendió que efectivos de la PDI se reunieron con el administrador provisional, Robert Rivas, en dependencias de la isapre, en Concepción.

Respecto a otras empresas que están vinculadas con MV, el oficial dijo que también serán indagadas, pues se trata de un holding. Sobre la posibilidad de analizar a Huachipato FC, donde se presume que habrían ido a parar dineros de la isapre, indicó que como recién están iniciando las diligencias, no se descarta nada, pues como se trata de una red bastante grande, deben avanzar en forma coordinada con todos lo estamentos involucrados, incluso del Laboratorio de Criminalística con la finalidad de ordenar todo y llegar a buen puerto.

Hernández manifestó que están trabajando con el caso Masvida en coordinación con la misma unidad metropolitana, que instaló un equipo en la zona tras una orden de investigar emanada por parte del fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo.

AFILIADOS

Por otra parte, el abogado Esteban Arévalo, fundador en Concepción de Alto Isapres y especialista en Derecho de la Salud desde hace más de 5 años, presentó ayer una denuncia criminal al fiscal regional, cuyo objetivo es investigar los eventuales delitos cometidos a los afiliados a Isapre Masvida (IMV), que a su juicio, desde un comienzo, son la parte más importante de toda esta crisis.

"Según mi punto de vista y de los estudios de los antecedentes que hemos realizado, aquí hay probablemente dos delitos, el de apropiación indebida de dinero y el segundo, conectado con este delito, se constituyó una asociación ilícita para delinquir", apuntó.

Recordó que el Ministerio Público está investigando a IMV por delitos tributarios, que son en contra del fisco, por información falsa al mercado y a la Superintendencia de Salud, donde está incluida la contabilidad, y cometidos eventualmente a los accionistas de la empresa.

Sostuvo que esta cantidad de delitos y la entidad de los mismos es imposible que personas individuales, sin ningún tipo de coordinación y organización, lo hayan realizado. A su juicio, acá hay maniobras contables y societarias, los gerentes armaron sociedades con sus cónyuges e hijos, por lo que es claro que hubo una formación y una estructura jerárquica, pues "todo el mundo sabe quién es el líder de IMV y las demás personas, gerentes y directores, claramente estaban bajo el presidente del joven".

Aclaró que la acción concretada la hizo en virtud del artículo 173 del Código Procesal Penal que habilita a cualquier persona que denuncie hechos que puedan ser constitutivos de delito. Explicó que presentó por ahora una denuncia y no una querella porque estimó que debe dar una oportunidad al Ministerio Público de tomar conocimiento de estos hechos y esperar respuesta.

Si el fiscal regional emite una resolución ordenando abrir una investigación por estos delitos podría evaluar no presentar una querella, pero si pasado un tiempo prudente, que a su consideración son 15 días, no recibe respuesta, tendría que presentar la acción judicial por los mismos delitos y ahí sí representando, en su caso, a más de 500 afiliados, con nombre y apellido, que presenta de IMV. No descartó la posibilidad de que más cotizantes se sumen a la querella.

Respecto a las diligencias que está llevando a cabo la PDI en Concepción, el profesional afirmó que si bien las medidas son absolutamente necesarias, remarcó que son tardías. "La intervención de IMV se hizo mínimo 6 meses tarde, lo que permitió que todas las irregularidades que se estaban cometiendo, se pudieran seguir cometiendo en el tiempo y perfeccionando", consideró.

Además, cree que la parte investigativa va a ser muy difícil, pues, como ya se sabe, la contabilidad oficial que existe no tiene ninguna validez y el trabajo pericial que tendrán que hacer la PDI y el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, será de joyería, pues tendrán que reconstruir la verdadera contabilidad y posiblemente sin ninguna base.

Por eso, dijo que cualquier interesado en un negocio de esta envergadura, lo primero que quiere tranquilidad y lo segundo son garantías de lo que está comprando.