El director del FBI, James Comey, confirmó ayer que su agencia investiga la campaña del ahora Presidente de EE.UU., Donald Trump, y sus posibles vínculos con el Gobierno ruso para interferir en los resultados de los comicios de noviembre pasado.

Durante su declaración de apertura en la primera audiencia pública realizada en el Congreso sobre el asunto, Comey dijo haber logrado autorización del Departamento de Justicia para confirmar dicha investigación.

Comey afirmó ante los congresistas que su agencia está indagando la naturaleza de los vínculos entre el equipo de Trump y el Gobierno ruso, y si hubo "alguna coordinación" entre los esfuerzos del Kremlin y la campaña del magnate.

"Eso incluye investigar la naturaleza de cualquier vínculo entre individuos asociados con la campaña de Trump y el Gobierno ruso y si hubo alguna coordinación entre la campaña y los esfuerzos de Rusia", señaló el jefe del FBI en su declaración de apertura a la comisión.

El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) agregó que la investigación también examinará si se cometió algún tipo de crimen, en relación a las filtraciones de los correos del Comité Nacional Demócrata (DNC) y el jefe de campaña de la entonces candidata presidencial del partido, Hillary Clinton, John Podesta.

"DELITO GRAVE"

Aunque dada la delicadeza de la investigación y el hecho de que aún esté en curso Comey no pudo responder a muchas de las preguntas de los congresistas por cuestiones de seguridad, también advirtió que la filtración de ciertos documentos pueden llevar incluso a una pena de diez años de prisión.

El demócrata de más alto rango del Comité, el representante Adam Schiff, dijo que aún no se sabe si los rusos contaron con ayuda de algún ciudadano estadounidense para interferir en las elecciones, "incluyendo a las personas asociadas con la campaña Trump".

"Mucha gente del personal de la campaña de Trump, incluido el propio Presidente, tienen vínculos con Rusia y con los intereses de Rusia, lo cual, desde luego, no es un crimen", indicó Schiff.

"Por otro lado, si la campaña de Trump o cualquier persona asociada con ella ayudara o estimulara a los rusos, no sólo sería un delito grave, sino que representaría una de las traiciones más impactantes en la historia de nuestra democracia", agregó Schiff.

Tras la declaración del titular del FBI, la Casa Blanca reafirmó que no hay pruebas de un supuesto complot entre la campaña del ahora Mandatario y el Gobierno ruso para interferir en los resultados de las elecciones.

De acuerdo con el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, "nada ha cambiado" tras la celebración de la audiencia de ayer en la comisión legislativa, ya que estar investigando esa presunta connivencia entre el equipo de Trump y Rusia "y tener prueba de ello son dos cosas distintas".

Horas antes de la audiencia celebrada ayer, Trump negó en una serie de mensajes en su cuenta personal de Twitter que su campaña se aliara con Rusia para interferir en las elecciones de noviembre pasado.

Trump enfatizó que James Clapper (quien fue director nacional de inteligencia en el Gobierno de Barack Obama) y "otros" han dicho que no hay pruebas de que él "haya conspirado con Rusia".

La representante venezolana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carmen Luisa Velásquez, interrumpió ayer la rueda de prensa del secretario general del organismo, Luis Almagro, con Lilian Tintori y Patricia de Ceballos, esposas de políticos presos en Venezuela, denunciando un acto de proselitismo político en el ente regional.

Velázquez hizo su acto de protesta antes de que comenzara la comparecencia, acusó a Almagro de "fines proselitistas" y anunció que pedirá al Consejo Permanente consultas con los otros 33 Estados miembros para analizar la conducta "deplorable" del secretario de la OEA.

"Vengo a protestar enérgicamente por esta rueda de prensa, esto es violatorio de las normas de la OEA, esto no se puede hacer, estas son personas de un partido político (Voluntad Popular) que se ha negado a sentarse al diálogo en Venezuela", dijo la diplomática.

En la nota de protesta enviada a la presidencia del Consejo, Venezuela denuncia que Almagro ha dado con esta convocatoria "una muestra más del duro golpe a la institucionalidad de la OEA".

Gran Bretaña empezará a divorciarse de la Unión Europea (UE) el 29 de marzo, con lo que dará inicio a dos años de intensas negociaciones políticas y económicas que transformarán radicalmente tanto a la nación como al bloque continental.

El embajador británico ante la UE, Tim Barrow, informó ayer al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la fecha exacta. El país está "a las puertas de la negociación más importante de toda una generación", explicó el secretario británico para el "brexit", David Davis.

"El objetivo del Gobierno es claro: lograr un acuerdo que beneficie a toda nación y región del Reino Unido y en realidad, de toda Europa. Será una asociación nueva, positiva, entre el Reino Unido y nuestros amigos y aliados en la UE", agregó Davis.

El punto de inicio para todo el proceso es el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, un mecanismo nunca usado hasta ahora para retirarse del bloque. Según lo estipulado por ese artículo, la primera ministra británica, Theresa May, deberá avisarle a Tusk la intención de su nación de abandonar la unión.

LOS TÉRMINOS

El artículo establece que las dos partes tienen hasta marzo de 2019 para acordar los términos del divorcio y, si es posible, establecer una nueva relación entre Gran Bretaña, la quinta economía a nivel mundial y la UE, un vasto mercado común con 500 millones de habitantes.

La Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) anunció que está dispuesto a ayudar en el proceso.

Los líderes de las otras 27 naciones de la UE se reunirán antes de mayo para establecer los parámetros de la negociación.

Más de 3.000 inmigrantes fueron salvados en 24 operaciones en las últimas 48 horas en el Canal de Sicilia, la franja de mar que separa las costas de África de Italia, confirmaron fuentes de la Guardia Costera que coordina los rescates en esta zona del Mediterráneo.

Dichas fuentes explicaron que se prevé que el número aumentará ya que se estaban llevando a cabo otros rescates. En las operaciones del fin de semana participaron tanto unidades de la Guardia Costera, como de la misión europea Eunavformed y barcos de diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El buque Dattilo de la Guardia Costera rescató a 1.477 personas, que desembarcarán en las próximas horas en el puerto de Augusta, en Sicilia. Durante la noche del sábado al domingo, el barco Aquarius de la ONG Sos Mediterranee y de Médicos sin Fronteras rescató a 946 personas que se encontraban a la deriva en siete lanchas.