Como si estuviera por aterrizar Justin Bieber al país, pero sin fan club. Así lucía ayer en la mañana el aeropuerto Nuevo Pudahuel. Decenas de periodistas, los matinales transmitiendo en directo y los canales de televisión con motocámaras y móviles, hasta tres en algunos casos, preparados para cubrir todo el trayecto del recién llegado. La sutil diferencia era que no llegó ni Bieber ni un seleccionado chileno de fútbol. Todos esperaban a Rafael Garay, el ingeniero comercial que fue capturado en Rumania y extraditado a Chile para enfrentar a la justicia por 37 supuestos delitos de estafa a través de su consultora Think & Co, por unos 1.800 millones de pesos, entre 2011 y 2016.

Entre esas fechas, alegan sus acusadores, habría celebrado contratos falsos con ellos, les habría prometido ser parte de un fondo de inversiones con 18% de retorno y les habría contado que tenía una oficina en Hong Kong, para hacer más creíble su negocio. Todo se acabó el año pasado, cuando Garay anunció el cierre de inversiones de su firma, anunció que tenía un cáncer terminal y desapareció de Chile.

protesta en el centro

Garay arribó con una chaqueta de cuero negra, jeans y camisa a cuadros. Nunca sonrió. Miró a las cámaras y no hizo nunca un ademán de querer ocultarse. Venía esposado y custodiado por dos detectives de la PDI que fueron a cumplir la orden de extradición.

Del aeropuerto, el ex panelista de televisión fue llevado a la Corte de Apelaciones, en el centro de Santiago, para ser notificado del trámite que lo retornó a Chile. Ahí se produjo el mayor tumulto. En la entrada, había más de cien personas gritándole y se encargaron de lanzarle monedas, agua y hasta botellas plásticas. Desde el año 2002, cuando el empresario microbusero Demetrio Marinakis arribó al mismo lugar luego de un paro del transporte que bloqueó Santiago, que no se veía tanto desorden en esos cinco pasos que separan la calle de la puerta del tribunal.

indicente con la prensa

Al salir, ahora con la casaca amarilla de los imputados sobre la chaqueta de cuero, Garay fue custodiado por la PDI, por Gendarmería y por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros. Le hicieron un túnel para protegerlo de los transeúntes, que seguían protestando. Lo subieron a un carro celular y fue llevado al Centro de Justicia para su audiencia de formalización. Algunos medios lo siguieron hasta con tres cámaras, en moto y en móviles.

Al arribar al lugar, un gendarme alcanzó a levantar su arma de servicio en dirección a la prensa y pasó la bala, sin quitar el seguro. Gendarmería después se disculpó por el "equívoco actuar de un funcionario que cumpliendo labores de seguridad manipuló de manera desproporcionada su armamento de servicio".

"la presión está alta"

Una vez en el tribunal, la jueza del Tercer Juzgado de Garantía le preguntó si conocía sus derechos como imputado. "Sí, los conozco", respondió Garay. También le preguntaron por su vuelo entre Rumania y Chile. "Tuve un trato muy respetuoso y muy cauteloso (de parte de los detectives)", contestó el maestro de kudo.

Sobre su estado de salud, dijo que estaba bajo tratamiento médico y que los fármacos los había entregado a Gendarmería, lo que no le impedía enfrentar la formalización. "Me siento bien. La presión está alta, pero me siento bien", respondió y, pese a que le ofrecieron sacarle los grilletes de los pies, él prefirió mantener todas las medidas que habían dispuesto para él.

Luego de la argumentación de las partes, el Ministerio Público pidió, a través del fiscal José Morales, la prisión preventiva, a lo que Reinero García, defensor de Garay, no se opuso por instrucción expresa de su representado. "Nosotros somos los primeros sorprendidos por la actitud que él ha tomado, porque se estaban haciendo las alegaciones que eventualmente podían hacer que elTribunal adoptara una actitud distinta", explicó luego García, ya cuando la jueza había decretado la cautelar máxima y 120 días de investigación.

José Morales dijo que tenía antecedentes suficientes como para conseguir de todas formas la prisión preventiva y Rodrigo Bravo, que representa a 14 víctimas, cree que "puede ser una estrategia comunicacional para optar a una pena menos gravosa". De todas maneras, opinó, "presumo que él cree que va a estar más seguro y mejor en prisión preventiva que en libertad". Rafael Garay entonces ya iba camino al anexo

Capitán Yáber.

Días después de que la CAM se adjudicara el ataque incendiario que afectó a 19 camiones en Temuco, el intendente de La Araucanía, Miguel Hernández, invitó ayer a la Coordinadora Arauco Malleco a dialogar.

"La paz sólo puede construirse a través del diálogo. Estoy disponible a ir y a conversar, porque la violencia sólo trae violencia, dolor, daño, y no quiero eso para la región", sostuvo la autoridad regional, según recogió SoyChile.cl.

En un ciclo de encuentros organizado por la Corporación para el Desarrollo Productivo de La Araucanía (Corparaucanía), Hernández señaló que, "así como he llamado a quienes por la vía de la violencia quieren encontrar solución a su problemas, también lo he hecho en el seno de Corparaucanía, donde está el mundo empresarial de la región, donde se han escuchado voces para pedir Estado de Excepción o de Emergencia, que limitan nuestros derechos fundamentales, los invito a dialogar".

rechazo de gremios

El gesto del intendente fue rechazado por dirigentes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), de la Multigremial Nacional y diversos sectores productivos del sur.

"Este llamado al diálogo del Gobierno va en línea opuesta a nuestras demandas, por lo que lo consideramos como un primer portazo al petitorio que entregamos ayer (miércoles) en Temuco. No puede ser que en un país democrático como Chile el Gobierno prefiera conversar con terroristas y delincuentes en vez de sentarse a escuchar a los gremios, trabajadores y familias que son víctimas de estos grupos violentistas", reprochó el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett.

El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, agregó que "los camioneros de Chile, los pequeños y medianos emprendedores, los trabajadores no somos violentistas ni lo seremos jamás. Tomamos esta señal como una falta de voluntad del Ejecutivo y le decimos al Sr. intendente de La Araucanía, humildemente, que está equivocado y le hace un flaco favor a este Gobierno, al país y a la democracia".

Al rechazo se sumó la presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper, quien dijo que "está bien dialogar, pero eso se hace con personas o grupos que enfrentan las diferencias por vías democráticas y la CAM es justamente lo opuesto a eso. Destruyen propiedades públicas y privadas, tienen un proyecto divisionista para Chile, actúan con violencia y no representan al pueblo mapuche".