El pasado lunes 23 de enero la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se reunió con los representantes de las universidades estatales en La Moneda, lo que fue considerado como un acto necesario ya que la Mandataria dejó atrás los intermediarios, desacuerdos y diferencias, para ser quien encabece el ambicioso proyecto, uno de los tres ejes de su programa de Gobierno.
A ocho meses de su ingreso al Parlamento, el proyecto de ley se mantiene en primer trámite en la comisión de Educación de la Cámara Baja, lo que ha generado una serie de conflictos de todos los actores vinculados al mundo educacional, desde rectores, estudiantes, parlamentarios y el mismo Gobierno. Para las principales voces locales inmersas en la discusión, el rol que tendrá la presidenta en los próximos meses, agendando reuniones con rectores y estudiantes, será fundamental para el éxito del proyecto y valoran la idea, emanada de parlamentarios oficialistas, de que la reforma se divida en varios proyectos que permitan acelerar el trámite.
¿DIVIDIR EL PROYECTO?
Pese a que era un secreto a voces al interior de palacio y en las reuniones del Ministerio de Educación (Mineduc), Consejo de Rectores (Cruch) o la comisión de Educación del Parlamento, la idea de dividir el proyecto con el correr de los meses se volvió cada vez más viable. A poco de que comience el año legislativo, la idea aparece como un camino viable para destrabar la reforma que se anticipa desde la comisión parlamentaria creada para resolver los conflictos al interior del Parlamento, respecto al proyecto que en julio del año pasado fue ingresado, generando un completo rechazo de todo el mundo académico, parlamentario y estudiantil.
"Restan dos grandes proyectos, que darán forma a la transformación que se busca en educación. En el caso de la educación superior, la discusión ha sido mayor y dicha complejidad ha llevado a sostener la idea de dividir el proyecto por partes o etapas. La decisión no se ha adoptado hasta ahora, las alternativas son analizadas hoy en día", plantea Sergio Camus, seremi de Educación, quien agrega que la meta es que el proyecto sea aprobado en este año legislativo.
Con la misma meta, el diputado PS Manuel Monsalve, presidente de la comisión de Hacienda y miembro de la comisión parlamentaria a cargo de destrabar este y otros proyectos, plantea como elemental la necesidad de conseguir acuerdos previo avance del proyecto en el trámite legislativo: "Una estrategia válida seria dividirlo si existen garantías reales de que pudiera ser tramitado en cámaras diferentes para acelerar su aprobación y el Gobierno pusiera urgencia para se convierta en ley. Eso sí, no me rindo a la posibilidad de llegar a acuerdo para avanzar en la discusión de la totalidad de los componentes".
Desde el mundo estudiantil, la idea de dividir el proyecto no satisface las demandas que han alzado desde la Confech, ya que para ellos el Gobierno debiera dar pie atrás a dicho proyecto de ley. "No somos tan ingenuos al creer que se están abriendo puertas reales tanto del Gobierno como el Parlamento. El proyecto obedece a los intereses del Gobierno y asumimos que nuestros planteamientos no serán mayormente considerados", planteó Mauricio Rivas, presidente de la Federación de Estudiantes de la UdeC (FEC) y vocero de la Confech.
DIFERENCIAS
Uno de los principales puntos de conflicto que ha retrasado el avance de la reforma a la educación superior tiene relación con el llamado "quiebre" al interior del Cruch entre universidades estatales y privadas respecto al "rol público" en la educación superior, lo que motivó la ausencia de nueve rectores en la última sesión plenaria realizada en Arica en enero pasado.
Estas diferencias se mantienen a la hora de evaluar la situación actual del proyecto, pese a que existe consenso en la idea de no terminar con el Cruch y que es necesario reformar el sistema actual. "Recuerdo una anécdota del año pasado, cuando en marzo el Cruch sesionó en la Universidad Católica en Santiago y le señalé a la ministra Adriana Delpiano que el proyecto es de una complejidad muy alta y que considerando las dificultades experimentadas con la implementación de la gratuidad. Se lo expresé reforzando la idea de que no sea un único proyecto, sino que se fraccione por temas y áreas", dijo Christian Schmitz, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Ucsc) e integrante del grupo de universidades públicas no estatales del Cruch (G9).
"Me gustaría que se aprobara de una sola vez. La última reforma con profundidad se hizo en 1981, en dictadura, y el sistema ha cambiado muchísimo, desde las formas de enseñanza, instrumentos, aproximación al conocimiento entre otros. Tenemos más de sesenta universidades y Chile necesita una reforma profunda al sistema educacional superior", contrapone Héctor Gaete, rector de la Universidad del Bío-Bío (UBB) y único representante de la zona en el Consorcio de las Universidades del Estado (Cuech).
ROL PRESIDENCIAL
Precisamente Héctor Gaete fue el único representante del Biobío en la reunión sostenida en La Moneda con la Presidenta Bachelet, donde expresó la necesidad de avanzar en la legislación para los planteles estatales y de marcar presencia ante los intereses manifestados en los primeros ocho meses de discusión de la reforma.
"Ella quería conocer nuestra opinión sobre el proyecto, ya que se pretenden enviar indicaciones en marzo. Están varias preparadas, pero en febrero se concluirán y se buscará que se apruebe en primera instancia en marzo o abril. Le comentamos lo que siempre se ha dicho desde el Cuech respecto a que el Estado debe retomar la relación con sus 18 universidades, lo que no debe significar que se afecten al resto de planteles educacionales. Le aclaramos eso y me agradó escuchar de primera fuente que la Presidenta tiene claro el panorama", confidenció el rector de la Universidad del Bío-Bío, agregando que le solicitaron concretar dicho fortalecimiento por el nivel de cobertura y mejoramiento de estándares de calidad.
El acto realizado por Michelle Bachelet fue destacado desde varios sectores, sobre todo por la necesidad de conseguir acuerdos a tiempo. "Celebro la apertura de la Presidenta para recibir a los rectores y escucharlos, ya que en todo el contexto de la reforma no debemos olvidar que fue ella, a través de su programa político, quien propuso reformar el sistema de educación superior, por lo que estimo su posición", manifestó el rector de la Ucsc, Christian Schmitz.
"El involucramiento de la presidenta da cuenta de la importancia que tiene el proyecto de ley que busca mejorar la educación superior en nuestro país", cierra Sergio Camus, seremi de Educación de la segunda región del país con más alumnos universitarios (165 mil) y segunda en cantidad de instituciones presentes (35 planteles), todos quienes esperan definiciones concretas de un proyecto estructural impulsado por el Gobierno.