La ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, dice que son varias las tareas que se lleva tras su primera visita al Biobío, donde puedo conversar con empresarios y trabajadores damnificados por los incendios forestales.

En su primer acercamiento con la zona, manifestó su confianza respecto a mantener las cifras de empleo, con un trabajo coordinado con el mundo privado, y las primeras herramientas que se usarán para enfrentar el periodo de emergencia.

-Todos los entes están trabajando coordinadamente, catastrando y levantando la información de las necesidades de la población.

-Hay distintas realidades y eso lo hemos ido constatando en terreno en la distintas regiones. Primero está la bonificación, que permite a los empleadores retener la mano de obra y eso se operacionaliza a través del Sence. Para ello se debe llenar el formulario y además inscribirse para efectos de fiscalizar el cumplimiento de cada uno de los requisitos. Además, se suman otros instrumentos, tales como garantías Corfo, préstamos blandos para que puedan rápidamente acceder. Hay muchos instrumentos que cada uno de los ministerios y sectores han ido difundiendo.

-Eso varía día a día. Esto partió el tercer día de la emergencia y por ejemplo, en una mañana teníamos 120 trabajadores afectados y en la tarde ese número ya había aumentado. Se estima que se aquí a mediados de esta semana podría estar concluido.

-Es el intendente, Rodrigo Díaz, quien debe diseñar el plan que se requiere y eso es relativo al Gobierno Regional. Todos nosotros nos ponemos a disposición, de así requerirlo.

-Efectivamente, es la retención de la mano de obra y eventualmente a través del Sence u otros instrumentos más tradicionales queremos mantener los empleos. Por otro lado, quiero resaltar que nuestro país y nuestra economía se saben defender. A pesar de la desaceleración hemos podido mantener las tasas de desempleo relativamente estables y eso no coloca un desafío mayor. Además, sabemos que los incendios pueden afectar, pero por otro lado las forestales nos indican que no habrá mucho impacto, porque se necesita cortar rápidamente los árboles quemados. La madera quemada y que es cortada rápidamente tiene un valor productivo, así que estamos confiados en el sector privado. En conjunto vamos a generar situaciones de tranquilidad para los vecinos de las regiones afectadas.

-Esto está diseñado y será por seis meses. Los tres primeros, el Estado, le cancela el 80% del ingreso mínimo y por los tres meses adicionales el 60%. La diferencia será asumida por el empleador.

Solo en el Biobío fueron más de 115 mil las hectáreas arrasadas por los incendios forestales. Una catástrofe que dejó cientos de damnificados y un número similar de casas destruidas por la voracidad y el rápido avance del fuego.

Para la promotora de las Naciones Unidas para el Programa de Ciudades Resilientes, Susana Fuentes, este panorama podría haberse evitado de haber contado con una ley que permitiera anticiparse a los desastres.

Para la profesional, especialista en esta materia, en Chile aún hay una cultura reactiva, demostrada por el lento actuar de las autoridades. Algo que, a su juicio, también ha quedado reflejado en los pocos recursos con los que cuentan los Bomberos para este tipo de situaciones.

Sin embargo, planteó que esto podría cambiar con la discusión de una nueva normativa, cuyo análisis comenzará en marzo en el Senado y en la que Fuentes participará como integrante de la comisión de especialistas.

-Estamos muy atrás en tema de resiliencia como tal. Nosotros todavía como país estamos actuando de manera reactiva; o sea, ocurre un desastre y ahí viene la mejora, la ayuda humanitaria y de la gestión del desastre hay que pasar a la gestión del riesgo. Hay que trabajar de manera preventiva y después que se trabaja en gestión del riesgo ya podríamos decir que la ciudad es resiliente, donde las personas no van a correr hacia cualquier lado. Debe ser una ciudad segura para que las personas se protejan dentro de la misma comunidad y no tener que abandonarlo todo, como lo que ocurrió en las comunas que fueron arrasadas por los incendios forestales.

-No me gusta mucho criticar, porque sí hay muchas cosas buenas y sí tenemos muy buenas leyes de construcción, pero por ejemplo no tenemos una ley de gestión del riesgo como lo que existe en Centro América, Colombia y Costa Rica, donde se trabaja de manera preventiva. Si hoy no tenemos un parámetro legal para trabajar en planes difícilmente se van a hacer.

-Es lamentable, porque se reaccionó bastante tarde, primero en la prevención y por eso llegamos a la magnitud de afectación que hemos visto. Si bien está bastante controlado, la prevención es cero y lo que hizo se realizó con los recursos que se contaba a la mano, lo que provocó que Conaf y Bomberos se vieran sobrepasados. Si hubiéramos tenido la preparación para gestionar el desastre, los incendios habrían sido de menor magnitud y eso da la señal de que no se están haciendo las cosas bien.

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-Fue una reacción lenta para la magnitud de lo que ocurrió. O sea, no hubo rapidez, porque no hay una base legal o protocolos. Se actúa sobre el mismo desastre, aunque igual hay que considerar que nunca había ocurrido un incendio de esta magnitud en el país. Sin embargo, siempre hay que estar preparados para lo peor y no para lo mínimo. Estamos bien preparados para la guerra y todos los recursos están disponibles para las Fuerzas Armadas, pero Bomberos también necesita un respaldo y ser una entidad potente, lo que ayudaría a controlar el fuego de las magnitudes que se vivió.

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-No ha cambiado absolutamente nada y ese es el gran punto que se debe mirar hacia el futuro. Si queremos ser un país desarrollado en el tema de gestión de riesgos, los bomberos no pueden seguir de la misma manera. Por ejemplo, la Unión Europea tiene cuatro tipos de Bomberos. Acá se podría implementar un sistema mixto, para no perder el romanticismo y altruismo que tienen los bomberos voluntarios. En Europa esté el bombero pagado a tiempo completo, parcial y voluntario, junto al que se suma de manera altruista, o sea, los bomberos voluntarios en esos países son los menos, porque están cubiertos con los tratados que existen .

-En este punto volvemos a lo mismo, pues falta una ley del riesgo, que en Chile está ausente. A fines del Gobierno de Sebastián Piñera se envió un proyecto de ley al Senado, pero aún está en veremos. La Onemi hace todos los esfuerzos que puede con los recursos que tienen, han mejorado muchísimo desde el 27/F, pero aún falta, por ejemplo, depender de un ministerio que trabaje directamente con las emergencias. Por otro lado, siempre se habla de desastres naturales y eso no existe. Nosotros siempre hemos tenido problemas con la naturaleza, pero dado que e construye en lugares no adecuados y se reconstruye en zonas de riesgo. Cuando venga un nuevo tsunami las personas volverán a ser afectadas. No se puede construir el riesgo sobre el riesgo nuevamente.

-Hace poco nos invitaron a varios profesionales a una comisión del Senado sobre la nueva normativa, pues el tema se está instalando y ha repercutido en el Congreso. Entonces, se va a generar esta comisión para crear la nueva ley de protección civil y la Conaf pública. Eso partirá en marzo y mi rol será de apoyo técnico. La idea es que de ahí nazca la ley, planes y los temas relacionados. Son varios los frentes que hay que trabajar durante esta discusión.

-Hay voluntad de varios senadores que están involucrados y yo creo que van a ser aprobadas varias normativas al respecto , quizás no en el corto plazo porque requieren un tiempo de maduración, pero sí se viene un futuro de cambio y de eso estoy segura. Debe haber un cambio necesariamente, porque no podemos seguir de la misma manera y no se puede trabajar sólo con ayuda humanitaria. Eso es muy antiguo.