El ministro de Energía y Minería de Argentina, Juan José Aranguren, anunció las nuevas tarifas de la luz que comenzarán a aplicarse hoy en el país y que, en el caso de Buenos Aires y su cinturón metropolitano, supondrán aumentos de entre un 61% y un 148% en las cuentas a partir de marzo.

"(Para) el 83% de los 4,75 millones de usuarios de capital (y sus alrededores), con y sin tarifa social, el incremento estará por debajo de los 200 pesos (US$ 12,4)", apuntó Aranguren.

Estos aumentos afectarán a los clientes de las eléctricas Edenor y Edesur, que proveen electricidad a los vecinos de dicha zona, la más poblada del país y, tal y como anunció el ministro, se dividirán entre febrero y marzo para que haya "menos carga en el bolsillo" de los usuarios.

El 30% de los usuarios residenciales y pequeños comercios de esa zona consumen menos de 150 kilowatts/hora (kWh) al mes y, en su caso, las cuentas aumentarán de los 131 pesos argentinos (US$ 8) que pagaban en enero a 211 pesos (US$ 13) en marzo.

Mientras, para quienes gasten hasta 350 kWh, el aumento total será del 77%, hasta los 420 pesos mensuales (US$ 26).

Asimismo, quienes consuman hasta 600 kWh, sufrirán un alza del 90% en la factura, mientras que en el resto, que corresponde a los consumos más elevados, será del 149%.

Según aclaró, la cuenta de la luz tiene tres componentes: el precio estacional, los impuestos y el valor agregado de distribución, el cual supone casi la mitad del costo final. Los dos últimos componentes dependen de las autoridades provinciales y municipales, por lo que el Gobierno sólo puede adelantar el costo de la factura en la capital argentina y su cinturón metropolitano, donde establece con Edesur y Edenor el precio de la distribución.

"Creemos que estamos completando un proceso de normalización del sistema energético que busca el cumplimiento de los contratos" con las eléctricas, facilitar las inversiones y "reducir los costes de generación", apuntó Aranguren antes de hacer hincapié en que es necesario destinar los subsidios "a quienes más los necesitan".

La Casa Blanca defendió ayer la decisión del Presidente Donald Trump de despedir a la fiscal general interina Sally Yates, por cuestionar el veto temporal a inmigrantes y refugiados de siete países, y advirtió contra futuros disensos dentro del gabinete, cuya misión debe ser "cumplir" la agenda del Mandatario.

Yates, quien ordenó a sus subordinados en el Departamento de Justicia no defender en los tribunales el veto impuesto por Trump, con el argumento que no estaba "convencida" de que la medida del Presidente sea "legal", fue "lícitamente apartada" del cargo, explicó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

"tono desafiante"

Como fiscal general en funciones, a Yates "se le exige ejecutar órdenes legales" y optó por no hacerlo "en un tono desafiante", sostuvo Spicer. Según el vocero, si Yates llegó a la conclusión que no podía defender la orden firmada por Trump el viernes, la cual prohíbe temporalmente la entrada a EE.UU. de todos los refugiados y de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, debería haber renunciado.

Eso no ocurrió y Trump decidió despedir de manera inmediata a Yates, a la que acusó de haber "traicionado" al Departamento de Justicia y a la que llamó "débil" en lo que a seguridad fronteriza se refiere y "muy débil" frente a la inmigración ilegal.

Un periodista le preguntó a Spicer si la salida de Yates es una señal de lo que puede ocurrir en el futuro, si algún otro miembro del gabinete se niega a seguir una directiva del Presidente. "No se trata de unirse al Gobierno para ejecutar las ideas o iniciativas de cada uno", afirmó Spicer, al anotar que la misión de los miembros del gabinete, jefes de agencia y personal designado por Trump es "cumplir" la agenda del Mandatario. Y "si no les gusta, entonces no deberían aceptar el trabajo", añadió.

REEMPLAZANTE TEMPORAL

A la espera de que el Senado confirme al nominado de Trump para encabezar el Departamento de Justicia, el senador Jeff Sessions, el nuevo fiscal general en funciones es Dana Boente, hasta ahora fiscal para el distrito este del estado de Virginia y quien se declaró "honrado" de trabajar para el Gobierno. Inmediatamente después de jurar el cargo este lunes, Boente instruyó al Departamento de Justicia para hacer cumplir la orden sobre inmigrantes y refugiados de Trump.

El canciller de Irán se negó ayer a confirmar si su país realizó recientemente un ensayo con un misil y dijo que este programa no es parte del acuerdo nuclear del 2015 con potencias mundiales.

La Casa Blanca, sin embargo, informó el lunes que estaba estudiando los detalles de un ensayo misilístico iraní.

En una conferencia de prensa conjunta en Teherán con el canciller francés Jean-Marc Ayrault, se le preguntó a Mohammad Javad Zarif si Irán había realizado un ensayo con un misil recientemente. "El asunto de los misiles no es parte del acuerdo nuclear. Como lo han dicho todas las partes firmantes del acuerdo, el asunto de los misiles no es parte" del mismo, dijo el ministro.

Los misiles de Irán "no están diseñados con capacidad de portar ojivas nucleares... Nuestro misil balístico fue diseñado para portar una ojiva regular en el ámbito de la defensa legítima", agregó.

Un funcionario militar estadounidense dijo el lunes que el ensayo concluyó con un reingreso "fallido" a la atmósfera terrestre. El funcionario no dio otros detalles, incluyendo el tipo de misil. El portavoz del Departamento de Estado Mark Toner informó que Washington estaba analizando si el ensayo violaba una resolución del 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Zarif dijo que espera que el asunto no sea usado como "una excusa para algunos juegos políticos por el nuevo Gobierno estadounidense".