La muerte de un parcelero en Cañete, en un hecho similar al ocurrido el domingo último, la quema de una cabaña perteneciente a la ex gobernadora de Arauco en el Gobierno de Sebastián Piñera, Flor Weisse; y la destrucción de 10 máquinas forestales en Tirúa, fueron hechos violentos que se originaron en el cono sur de la provincia de Arauco en el periodo del ex Presidente Sebastián Piñera, pero que no desembocaron en la presentación de una acción judicial por parte de esa administración, ni menos la invocación de la Ley Antiterrorista.
El martes recién pasado, en su visita a la zona para reunirse con la familia del cuidador asesinado, el ex Mandatario criticó al actual Gobierno por no actuar "con firmeza" para enfrentar la situación que ocurre en la Provincia de Arauco. Éste llamó a invocar la Ley Antiterrorista por la muerte de José Retamal, ya que a su criterio, aquí sólo se buscó infundir miedo con la acción.
"Fue un delito terrorista, cuyo objetivo fue causar terror, temor; no solo a las víctimas, sino que a toda la gente que vive en esta zona", sostuvo el ex Mandatario en su visita a la zona.
NO HUBO QUERELLAS
Durante 2013, último año como Presidente de Sebastián Piñera, el Barómetro de Conflictos de Connotación Indígena informó que hubo 27 hechos violentos, y según los registros entregados por la Intendencia del Biobío, en sólo dos hechos se presentó una querella.
En diciembre de 2012, Osvaldo Zapata, un parcelero de Cañete fue asesinado por encapuchados. Estos lo apuñalaron y luego quemaron una bodega contigua a la casa en la que vivía. Pese a que habían indicios de un problema de tierras, las autoridades de la época no presentaron ninguna acción judicial.
Otro hecho que tampoco llevó al Gobierno a presentar un querella, pese a que el hecho afectó a una miembro de éste, fue la quema de una cabaña propiedad de la ex gobernadora de Arauco, Flor Weisse. El hecho ocurrió en octubre de 2011, y según la información de la época, el ataque se lo adjudicó la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Uno de los atentados más fuertes que ha afectado a empresarios forestales de la zona fue el que ocurrió en enero de 2012, cuando tres individuos incendiaron 10 maquinas y camiones forestales que se ubicaban en el fundo Tranaquepe, en el sector San Ramón, en Tirúa. Este hecho también se lo adjudicó la CAM, y pese a que se anunció querella en su oportunidad, desde la Intendencia sostienen que no hay registros de esa acción.
MENOR INTENSIDAD
Sobre esos hechos y la situación vivida en la administración anterior, el ex seremi de Gobierno de la época, Óscar Aliaga, sostuvo que la situación era muy distinta a la que se vive hoy, principalmente por la intensidad y la temporalidad con que se están dando los ataques, las que eran menores a las que se dan ahora. Actualmente, los casos son el doble a los ocurridos en 2013.
"Los informes policiales y de inteligencia nos señalaban que la situación se concentraba al norte de La Araucanía, por ende, el Gobierno Regional observaba de forma cautelosa lo que pasaba. Ahora es distinto, porque esto avanza con fuerza (…), y hoy vemos maquinaria quemada muy cerca de Concepción", expuso la ex autoridad regional.
Con respecto a por qué no se invocó la Ley Antiterrorista en la administración anterior, Aliaga declaró que "los estudios de la Gobernación de Arauco fueron muy acuciosos con respecto a la figura jurídica que se podía aplicar. En aquella oportunidad, en el sur del Biobío, las condiciones determinantes para esas son las que se aplicaron en las querellas (criminales) presentadas".
El ex seremi agregó que para invocar la Ley Antiterrorista se debían dar una serie de condiciones, que a criterio de él, en la administración anterior no se daban. Estas son: intensidad, continuidad en el tiempo, repetitividad de los hechos, entre otros.
Pese a que esa fue la situación que adoptó el Gobierno anterior, Aliaga sí asumió que en algunos casos, como fue la quema de la cabaña de la ex gobernadora, se debió adoptar medidas para castigar a las personas que las cometieron.
LEY ANTITERRORISTA
Pese a que a los hechos violentos durante los últimos dos gobiernos superan el centenar, sólo una vez se ha invocado la Ley Antiterrorista. Eso ocurrió en abril de 2016, cuando un grupo de encapuchados quemó el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria (Citta) de la Universidad Católica de la Santísima Católica (Ucsc).
El jefe del área jurídica de la Gobernación de Arauco, Gabriel Macheo, expuso que la investigación por este atentado avanza y existen diversas diligencias en desarrollo. También sostuvo que hay indicios de las personas que habrían participado en el hecho.
Éste aclaró que la invocación de la Ley Antiterrorista se da cuando los actos delictuales se ejecutan con el único propósito de infundir miedo, que es lo que ocurrió con el ataque incendiario del Citta. "Acá los hechos fueron claros, no robaron nada, simplemente intimidaron y prendieron fuego y se fueron", contó el abogado de la Gobernación.
Una situación no tan clara es la que se habría dado en el caso del parcelero, ya que hay indicios de que se sustrajeron ciertas bienes y que el panfleto encontrado es diferente a los que se han visto en otro atentado.
"Eso no quita que un procedimiento iniciado por ley común se pueda recalificar durante la investigación (...). Si el gran objetivo era infundir miedo se aplicará la Ley Antiterrorista", enfatizó Macheo.