Sorpresa y preocupación manifestaron las presidentas de las dos comunidades beneficiadas por la adquisición del predio Santa Clarisa de Cañete, el cual fue objeto de un ataque incendiario la madrugada del domingo, oportunidad en la cual se quemaron dos inmuebles y falleció el cuidador del fundo, José Retamal Medina, de 48 años.

Limma Ramírez, de la comunidad Luisa Huichalem, y Nicole Saldaña, de Rucañirre, están inquietas por la vida que se perdió en un hecho que, afirmaron, no entienden. Pero también están preocupadas porque aún no saben de qué manera este atentado perjudicará el proceso de compra de este predio que lleva adelante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y que favorecerá a 46 familias de ambas agrupaciones.

Ramírez opinó que los responsables quieren ocupar al pueblo mapuche y su causa para justificar el hecho, sospechas que se fundan en las extrañas circunstancias que rodean el atentado y que no se parecen en nada a situaciones anteriores de violencia en la Provincia de Arauco.

"Las comunidades no tenemos diferencias acá y el panfleto que se encontró -uno manuscrito que apela a la devolución de tierras- es mal intencionado, se tratan de lavar las manos (los responsables) y usarnos (al pueblo mapuche) como chivos expiatorios", comentó la dirigenta, quien se apresuró a aclarar que es una visión personal de lo ocurrido.

Nicole Saldaña comentó que se sorprendió por lo sucedido y que es un tema complicado que involucra una vida inocente. "La verdad es que hasta ahora no hemos tenido cabeza para pensar si esto va a truncar o echar abajo la compra, estamos centrados en que se esclarezca lo qué pasó y que los responsables paguen", dijo.

"Esto es un mal hecho, el que haya fallecido un hombre, es primera vez que en esta zona pasa algo así", comentó Héctor Baeza, presidente de la mesa territorial Cayucupil, al cual pertenecen las dos comunidades.

"QUEREMOS PAZ"

Durante la mañana de ayer la Gobernación Provincial de Arauco presentó una querella por incendio con resultado de muerte. La tipificación generó críticas, ya que hay opiniones que apuntan a que se trató de un ataque terrorista y no de un delito común.

Jorge Radonich, alcalde de Cañete, sostuvo que las autoridades no han tomado el verdadero peso de lo que está pasando en la comuna y en la provincia. "No pasan de presentar querellas, la gente de Cañete está desamparada. Lo único que queremos es vivir tranquilos y en paz, tenemos excelentes comunicaciones con las comunidades, por lo que no entendemos este tipo de acciones violentas", declaró.

Rodrigo Díaz, intendente regional, explicó que los antecedentes que se manejan por el momento no justifican otra figura penal, lo que no significa que la calificación cambie en el futuro, atendiendo a nuevos datos que se recojan.

El intendente agregó que no hay que adelantarse en buscar respuestas que después generen problemas. "La Ley Antiterrorista exige probar, no sólo los hechos objetivos, sino que también el ánimo de generar temor. Queremos ser rigurosos en determinar las causas que produjeron la muerte del señor José Retamal, porque su familia merece que determinemos quiénes fueron y que las personas que sean detenidas paguen con cárcel", ratificó.

Diferentes parlamentarios criticaron la efectividad del trabajo que se hace en la zona de conflicto. Uno de ellos fue el senador local Felipe Harboe (PPD), quien coincidió con el alcalde de Cañete en que a las autoridades nacionales les falta tomar más conciencia de lo que pasa en La Araucanía y en la punta sur de la Provincia de Arauco. Además habló de una incapacidad en la labor de inteligencia que hacen las policías para adelantarse a situaciones como la del domingo.

Díaz respondió a esto y detalló que desde 2014 se efectuaron diferente acciones en el territorio que tuvieron resultados: 132 personas formalizadas, 14 condenadas y 12 en prisión preventiva.

"Hay un trabajo de carácter preventivo y otro investigativo que siempre será objeto de mejora continua. Hoy no tenemos atentados a campamentos forestales, hace meses sí los habían; hoy no tenemos problemas con las rutas que se conectan con las vías principales de los fundos y eso hace un año ocurría. Sí tenemos problemas en rutas principales, en especial en la P-70, y sí tenemos problemas con ataques como el de ayer, los que no ocurrían hace un año", admitió Díaz.

-Es una situación compleja y estamos poniendo todas nuestras capacidades y medios para abordarla, añadió la autoridad.

ALEJADO DE LA LÓGICA

"Esto nos descolocó", indicó Carlos Carvajal, director de Conadi en las regiones de Maule y Biobío, en referencia al atentado en Cañete.

Comentó que en estos casos siempre son adjudicados por alguna entidad como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) o Aucan Huilcan Mapu, algo que no muestra el panfleto escrito a mano encontrado, "esto se aleja de toda lógica", insistió.

Conadi no había tomado ayer contacto con los dueños del predio Santa Clarisa y Carvajal no descartó que en este caso se deba efectuar una nueva tasación del predio, ya que los inmuebles que se encontraban en éste se destruyeron por el fuego.

Por los delitos de malversación de caudales públicos y defraudación al municipio, la alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, interpueso ayer una querella en contra de Bettci Rivera, funcionaria municipal y hermana del ex jefe comunal, Marcelo Rivera.

De acuerdo a lo informado, la acción legal se presentó luego que trabajadores de la Unidad de Mantención del Dirección de Administración de Educación Municipal denunciaran que, durante al menos seis meses, la funcionaria de la misma repartición los habría obligado a trabajar en la construcción de una casa de veraneo de su propiedad, ubicada en el sector del Puente 7, ubicado camino a la comuna de Florida.

AUSENCIAS

La querella fue presentada en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, por parte de la alcaldesa de Hualpén junto al director jurídico del municipio, Antoine Peñaloza.

Según precisa el texto, los hechos se habrían registrado durante el año pasado y habrían involucrado a al menos 14 funcionarios de la Daem.

La denuncia asegura que los trabajadores habrían sido amenazados y presionados para responder a los requerimientos de la querellada, quien habría asegurado que de lo contrario serían despedidos.

Cabe mencionar que siete de los 14 funcionarios presentaron licencias médicas psiquiátricas con el fin de trabajar a tiempo completo en la construcción, lo que se encuentra acreditado y verificado. Además existirían dudas respecto de la veracidad de dichas licencias.

En tanto, se afirmó que los otros siete trabajadores se habrían desempeñado de manera alternada en su lugar de trabajo, presentándose al municipio diariamente y marcando su ingreso y salida, pero sin permanecer durante el día en el lugar.

DELITOS

Respecto de la situación actual de la funcionaria querellada, el director jurídico del municipio detalló que Bettci Rivera se mantiene con una licencia médica y un sumario en curso por lo sucedido.

Peñaloza precisó que los posibles delitos que se persiguen corresponden a malversación de caudales públicos y defraudación al municipio, considerando que, además, en la obra se habrían empleado materiales de construcción que se encontraban en el stock de la bodega del mismo Daem.

La alcaldesa aseguró que no aceptará irregularidades al interior del municipio, añadiendo que "en Hualpén quedaron atrás esos 12 años de oscurantismo".

Añadió que "estamos avanzando en proyectar una administración municipal transparente, honesta y con mucha gestión y es por ello que vamos a tomar todas las acciones pertinentes".

Por último, reiteró que "consideramos que Hualpén necesita funcionarios que estén a la altura de los desafíos de esta nueva administración. En esa línea los casos irregulares y de corrupción no van con nosotros".