En compás de espera están las autoridades de la Universidad de Concepción (UdeC), luego que se entregara la última oferta de la negociación colectiva a los sindicatos 1 y 3, que el lunes definirán si harán o no efectiva la huelga. Son más de 3 mil los trabajadores afiliados a ambas organizaciones, que agrupan tanto a personal auxiliar de la universidad como a profesionales de la casa de estudios.
Si bien los trabajadores ya habían votado a favor de la huelga el miércoles 28 de diciembre, esta semana se comenzó con la etapa de buenos oficios, la que culminó ayer con la entrega de la última oferta de la universidad, hecha llegar el jueves al personal de la casa de estudios.
Al respecto, el presidente del sindicato 1, Esteban Otárola, reconoció que han avanzado en varios puntos, pero que "uno siempre tiene la sensación de que se puede avanzar aún más. Sin embargo, serán los trabajadores quienes decidirán si hacemos o no efectiva la huelga, de acuerdo a lo que ellos consideren".
De ser rechazada la nueva oferta este lunes, tendría que hacerse efectiva a partir de las 8 horas del jueves 12, en medio del proceso de matrículas de la universidad que comienza el próximo miércoles. Ante el eventual escenario, el rector de la UdeC, Sergio Lavanchy, precisó que "las matrículas tienen que hacerse igual. Si las circunstancias se dieran, tomaremos las provisiones para que el proceso se lleve a cabo normalmente".
La autoridad académica no quiso profundizar en qué medidas tomarán para ello, sin embargo, aseguró que los futuros estudiantes pueden tener total confianza en que el proceso se llevará a cabo de todas maneras.
Y ese mismo ánimo fue el que representó el presidente del sindicato 2, Claudio Alveal, quien fue enfático en aclarar que "la intención de los trabajadores no es afectar el periodo de matrículas, porque es un ingreso importante para la universidad y que, al fin y al cabo,también afecta a las remuneraciones".
TIEMPO DE REFLEXIÓN
Tras el anuncio que hizo el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, de que el grupo de universidades del G9, que agrupa a las universidad tradicionales no estatales, no asistirá a la reunión mensual del Consejo de Rectores, Cruch, el próximo miércoles, Lavanchy reconoció que existe un quiebre dentro del organismo.
"Esta molestia nos lleva a sostener un periodo de reflexión, no para romper el Cruch, sino para establecer las bases del trabajo futuro que tenemos que tener en forma unidad respecto a los temas que nos preocupan a todas las universidades del Consejo de Rectores", manifestó.
La molestia del G9 radica en que no se cumplió el acuerdo de distribuir de manera equitativa el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que está vinculado a la captación de los mejores puntajes de la PSU, entre todas las universidades del Cruch, ya que este ítem fue eliminado de la partida presupuestaria.
En compensación, las universidades del Estado recibieron un suplemento equivalente al 50% del AFI de este año, mientras que las demás universidades del Consejo de Rectores no recibieron aporte alguno.
La UdeC dejó de recibir un monto cercano a los $800 millones, monto que se duplica en el caso de la Pontificia Universidad Católica, la que anunció una demanda en contra del Estado por esta situación, argumentando que algo que está plasmado en una ley sólo puede ser derogado por otra ley y no por una glosa presupuestaria.
El rector Lavanchy descartó sumarse a la demanda, argumentando que prefieren esperar y ver cómo evolucionan las cosas, pero que tampoco cuestiona que otras universidades sí quieran hacerlo. "Están en su legítimo derecho a hacerlo", finalizó.
