Como parte del proyecto de implementación de 74 kilómetros de corredores exclusivos para el transporte público de aquí al 2030, el seremi de Transportes y Telecomunicación de la Región del Biobío, César Arriagada Lira, detalló parte de los desafíos que enfrentará la cartera el próximo año.

Entre ellos, dijo, está expandir los corredores de buses para disminuir los tiempos de traslado y, la gran novedad: implementar un sistema de fiscalización remota que permita advertir cuándo estas vías no estén siendo utilizadas de manera adecuada.

Además, se dará curso a estudios de factibilidad para la ejecución de obras anheladas.

CONTROL REMOTO

Tal vez el desafío más grande que experimentará la cartera durante el próximo año será la instalación de cámaras de seguridad en los corredores más transitados del Gran Concepción: Pedro Aguirre Cerda, en San Pedro de la Paz o Paicaví en Concepción.

En rigor, explicó Arriagada Lira, "la idea es ir instalando cámaras como las del puente Llacolén de manera progresiva en las vías en las que tenemos mayor tasa de vehículos particulares que ingresan a los corredores de transporte público".

Respecto del ánimo que hay para el próximo año, el seremi Arriagada manifestó que "estamos tranquilos y entusiasmados con lo que estamos proyectando. Yo creo que hay argumentos tremendamente concretos que hacen posible que independiente del gobierno de turno se pueda seguir trabajando en estas estructuras".

Antes de finalizar el 2018, Arriagada aseguró que el Gran Concepción debería contar con un poco más de 30 kilómetros de corredores exclusivos para transporte público, los que consideran la remodelación del eje Colón-21 de mayo y la etapa cuatro del corredor de Coronel.

Los corredores de transporte público permiten que aumente la velocidad de traslado de los buses y, por ende, se disminuyan los tiempo de traslado de los pasajeros.

Así, un bus que en un corredor mixto (de autos particulares, taxis, colectivos y microbuses) circula a un promedio de 9 kilómetros por hora, en una pista de sólo buses su velocidad se triplica, alcanzando incluso los 30 kilómetros por hora.

Para el caso de Talcahuano, con la implementación del nuevo corredor del eje Colón los usuarios del transporte público han visto cómo disminuyen incluso en 30 minutos los tiempos de viaje hasta Concepción.

PROYECCIONES

La autoridad de Transportes precisó que "nosotros esperamos tener recursos para hacer los estudios necesarios que permitan, por ejemplo, hacer un ordenamiento del transporte público a través del perímetro de exclusión, pero para eso necesitamos un estudio de demanda e infraestructura menor para saber cuánta gente se traslada en los buses".

En ese sentido, ya se solicitaron los recursos para realizar dichos estudios en Chillán y Los Ángeles. "Si contamos con esos recursos el próximo año, en 2018 podríamos solicitar fondos a la Dipres y poder tener un subsidio para generar un perímetro en otros puntos de la Región que emulen el sistema de transporte del Gran Concepción", explicó Arriagada Lira.

Entre los proyectos que podrían tener novedades el próximo año, destacan los mil 700 millones de pesos que ya transfirió la Seremi al Serviu para la ejecución del estudio de ingeniería de los corredores que conectarán al puerto de Talcahuano con Concepción en una sola vía exclusiva para buses.

"Además, tenemos la prefactibilidad terminada de la Ruta 150 que conecta Concepción con Penco, que también considera una vía segregada para el transporte público y estamos terminando la etapa de prefactibilidad de la Ruta 160 (Concepción-Coronel)", detalló la autoridad.

El seremi aseveró que tras tener todos los estudios de prefactibilidad darán curso en el menor tiempo posible a las otras etapas que deben enfrentar los proyectos, como los informes de ingeniería y sus respectivas modificaciones, para dar curso a las obras en el menor tiempo posible.

El trabajo de la Fiscalía Regional del Biobío hoy es mirado con buenos ojos desde otras zonas del país. Fue en esta región donde se impulsó un nuevo modelo de sistema de investigación de persecución penal, que se espera sea replicado a nivel nacional. Un trabajo que ha dejado buenos resultados y que fueron destacados por el fiscal regional, Julio Contardo.

Este año, el Biobío implementó el plan piloto del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), iniciativa que suma 85 personas imputadas en sólo cuatro meses

A horas del inicio de 2017, Contardo planteó los desafíos de avanzar en los diagnósticos locales, coordinaciones con las entidades y potenciar las plataformas tecnológicas que han permitido combatir los delitos contra la propiedad y aquellos de mayor connotación social.

-Como todo inicio, no ha estado exento de dificultades, pero la verdad es que la hemos superado con bastante éxito y creo que cada error ha significado para nosotros un crecimiento. Lo primero es un tema de coordinación, pues esto es una apuesta de que la persecución penal es de todos y para esto se requiere la participación de todas las policías, la inclusión de la comunidad y todas las fuerzas vivas. Entonces, lo primero es convencer a quienes tienen que participar y creo que esa fue la primera dificultad que tuvimos, pero la superamos con éxito. La verdad es que la participación ha sido uno de los grandes ejes. Hemos tenido el compromiso de ambas policías y de la comunidad, lo que nos ha arrojado resultados tremendamente positivos.

-Una de las primeras dificultades que tuvimos, en términos de qué tan bien analizábamos la información para establecer los focos investigativos, nos determinó que tenemos focos de mejor calidad que otros, algunos diagnósticos fueron mucho más acertados que otros y ese es uno de los principales desafíos: mejorar en el diagnóstico regional, local, para identificar de mejor manera los focos a investigar. Nosotros iniciamos el 2016 con 7 focos y hoy tenemos vigente 12. Yo creo que un segundo desafío dice relación con el tema de la coordinación, de aunar voluntades en aspectos públicos y privados en torno a la participación junto con los fiscales por focos en la desarticulación de fenómenos delictuales. Nosotros hemos tenido buenas experiencias, pero la verdad es que necesitamos más. Somos ambiciosos, nos gusta hacer bien las cosas y creemos que tenemos que convencer a más personas a que participen. Por ejemplo, ya hemos establecido contacto con otros actores como Gendarmería, que también son parte importante del proceso de investigación.

Los otros desafíos serán fortalecer dos productos importantes que han surgido en el seno del plan de fortalecimiento. Uno de ellos es el Sistema Integrado de Monitoreo de Análisis Criminal (Simac), que fue creado en el Biobío y que hoy va a ser exportado a las otras regiones. Queremos potenciar esa herramienta y poder disponer de ella para toda la Región. En segundo lugar, es potenciar el Proyecto Regional de Atención Integral (Prai), relacionado con delitos de propiedad de mayor connotación y que el gran desafío es que el otro año pueda estar implementado por lo menos en las capitales provinciales, porque dice relación no sólo con mejorar la persecución de los delitos graves contra la propiedad, sino que hacernos cargo del drama de la víctima, que se sienta partícipe y comprendido por el sistema y se le de información.

El último gran desafío es la participación que va a tener la Región del Biobío en el apoyo al nuevo proceso, que ahora se inicia en la Región Metropolitana y nosotros hemos sido partícipes de todo el proceso. Por ejemplo, estamos desarrollando el programa de capacitación para los nuevos fiscales, funcionarios y analistas de la zona metropolitana.

-Como es un piloto y existe un compromiso legal por parte del Ministerio Público, hemos tenido una muy buena coordinación con las demás regiones y el proceso ha ido marchando de acuerdo a las Cartas Gantt y a la programación que se realizó desde principio de año. El desafío para nosotros es de segunda generación.

-El potenciar estas herramientas será desafío para el próximo año. El caso de Prai es más transversal y anterior a las demás. Cuando se dicta la ley, destinamos recursos de atención de usuarios y lo hicimos para fortalecer un proyecto que se anticipara a la comunicación de las víctimas. El reclamo más frecuentes es, por ejemplo, que no se llama a las personas y que nadie se preocupa. Con este nueve sistema, problemas como estos se resolverán en un plazo de 24 horas.

-Para obtener la participación de la gente lo que necesitamos es confianza y eso no se dice, sino que se construye. Lo que yo necesito es que las personas, si sufren un robo, comprendan que la Fiscalía está haciendo la pega y que ellos son importantes para nosotros, porque si él o ella tiene que declarar, lo hará no con ganas, pero sí con mayor compromiso cuando vea de su lado a una institución que está preocupada de lo que le ocurrió. Todos estos son mensajes de apertura del Ministerio Público a la comunidad.