Una de las tres grandes reformas que propuso Michelle Bachelet en su campaña fue la modificación al sistema educacional, con cambios en áreas como la educación preescolar, carrera profesional docente, educación pública y superior.

En estas últimas dos, el avance en el parlamento para que se conviertan en ley no ha sido el esperado por el Gobierno. En el caso del proyecto de Nueva Educación Pública, se discute en la comisión de Educación del Senado, tras ser ingresado en noviembre de 2015 y aprobado por la Cámara Baja en julio pasado. En tanto, el proyecto de reforma a la Educación Superior recién se tramita en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, tras su ingreso en julio pasado.

La discusión de ambos proyectos en 2017 será clave para el Gobierno, considerando la posibilidad de que el Ejecutivo deba priorizar uno u otro, con miras a su pronta aprobación.

ESTANCAMIENTO

En los últimos seis meses, la discusión respecto a la educación superior se ha centrado en temas como el rechazo absoluto al proyecto, las diferencias al interior del Consejo de Rectores (Cruch), la ausencia de regulación a planteles privados y técnico profesionales y el nulo reconocimiento del aporte regional, postergando el avance de un proyecto que no generó consenso.

"Existe un ambiente de incertidumbre y poca claridad, de que se discute acerca de un proyecto de ley y se presenta otro en términos distintos a lo esperado. En el presupuesto nuevamente se cambiaron los criterios con que se harán los cambios y lo más preocupante es que cada cierto tiempo, tanto el Mineduc como algunos parlamentarios establecen la necesidad de reconocer a las universidades públicas no estatales del Cruch, pero vemos poca acción detrás de esas promesas", dijo Christian Schmitz, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

"La educación superior no puede generar este nivel de tensión, ya que debería existir una política pública y un acuerdo para hacer las cosas bien. Debemos conseguir acuerdos en áreas como política exterior u otras. Me da pena ver a parlamentarios 'tirarse por la cabeza' la educación superior en Chile", sumó Héctor Gaete, rector de la Universidad del Bío-Bío.

Sobre el proyecto de Nueva Educación Pública, la alta tasa de despidos en el sector administrativo, sumado a la escasa descentralización que denota el proyecto, han estancado el avance de la iniciativa.

"El principal obstáculo para su aprobación está en la idea del Gobierno de crear un Servicio Nacional de Educación, a cargo de la administración de servicios locales. Esta insistencia choca con un consenso bastante amplio respecto a la idea de descentralizar la administración escolar. Eso ha sido identificado por parlamentarios oficialistas generando profundas diferencias y escaso avance", agregó Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

FACTOR POLÍTICO

Todos los actores consultados coincidieron en que el escenario político, precedido de la próxima elección presidencial y parlamentaria, gravitará en el éxito o fracaso de ambos proyectos.

"El Gobierno debe entender como prioridad su aprobación para 2017. La principal dificultad para ello está dentro de la Nueva Mayoría, que deberá ponerse de acuerdo para que esto sea viable, sobre todo en el tema de los objetivos que preceden a ambos proyectos", manifestó el diputado PS Manuel Monsalve, presidente de la comisión de Hacienda y parte de los equipos de trabajo constituidos por el Ejecutivo para destrabar ambas iniciativas.

Mario Tapia, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Federico Santa María sede Concepción, enfatizó en la necesidad de que el Gobierno considere los planteamientos de todos los actores involucrados en la discusión. "Exigimos que el Gobierno incluya a los estudiantes en estas mesas de trabajo, junto a los rectores y trabajadores. Nosotros ya hemos logrado acuerdos con ellos para avanzar en la discusión de la reforma", dijo.

Boris Figueroa, presidente electo del Colegio Regional de Profesores, agregó que "la discusión se ha dado con muchos intereses políticos y económicos, donde buscan cómo sacar el mejor rédito posible. Quienes tienen colegios han dejado que se generen instancias que sólo incentivan su enriquecimiento. El Gobierno se debe sentar con los profesores para visualizar la educación que queremos para el futuro".

Sobre el resultado de la tramitación, Manuel Monsalve señaló que "hay un temor legítimo de que estos proyectos no se transformen en ley por lo complejo de la discusión. Ese temor debe ser disipado con medidas concretas. En el caso de la Nueva Educación Pública ya está mucho más avanzado, y destrabado en el Senado se agiliza su situación. El que está en una situación más compleja es el de Educación Superior, ya que recién se encuentra en primer trámite. Por su complejidad, un año parece poco tiempo y el Gobierno deberá utilizar las urgencias para darle velocidad a su aprobación".