Como maratónicas calificó Julio Contardo, fiscal regional del Biobío, las dos jornadas de audiencia que se vivieron en Santiago, este martes y miércoles, en el marco de la investigación que lidera por financiamiento irregular de la política por parte de la empresa Corpesca.

En lo medular, lo que se vivió en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fue la formalización de siete personas: Georgio Carrillo, Daniel Ortega, Esteban Zavala, Lucía Montenegro, María Francisca Yavar, Alexis Ramírez y Marcelo Ramírez; más la reformalización del ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, y de la empresa como ente jurídico.

Contardo, quien lidera la indagatoria, mencionó que en lo que tiene relación con la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, recién está en la fase indagatoria. Espera que a fines de abril, cuando venza el plazo de cuatro meses que el tribunal le dio para cerrar la investigación, esté claro si algún integrante de Blumar, Alimar, Camanchaca, Cannex, Bio Bio, Congelados del Pacífico, Alimentos Mar Profundo, Orizon, Coloso, Grimar, Landes, Bahía Coronel, Los Fiordos, Foodcorp y Lota Protein formarán parte de los formalizados.

"La primera línea investigativa está orientada a Asipes y sus asociados", remarcó Contardo.

Trabajo

Son cuatro fiscales los que integran el equipo del fiscal del Biobío: Ximena Chong y el fiscal Jaime Retamal, de la Región Metropolitana, y Carlos Palma y Rodrigo Durán del Biobío. Ninguno, recordó, está en calidad de preferente en la causa.

Contardo remarcó que lo complejo de este caso es que abarca un periodo muy extenso de investigación, del año 2009 a la fecha, por tanto, la documentación que hay que revisar es abundante.

Sobre lo ocurrido el miércoles y jueves en Santiago, detalló que "se pidió el sobreseimiento definitivo por la prescripción de una boleta, se pidió el apercibimiento de plazos al Ministerio Público y una serie de requerimientos de la defensa en torno a nulidades y cautelas de garantía sustentadas por la defensa".

Las siete personas que fueron formalizadas suman 29 boletas ideológicamente falsas, por un total de $104.688.778. La indagatoria apunta a corroborar si estos fondos terminaron en cuentas de parlamentarios mientras se tramitaba la ley de pesca, la que fue promulgada en febrero de 2013.

En tanto, el 14 de febrero se formalizará a Flavia Manríquez, quien no se presentó a las audiencias de esta semana.

Asipes

"Las personas que tienen participación en hechos punibles están formalizadas. Anunciar o precipitarse en anunciar formalizaciones a estas alturas es difícil", expuso el fiscal Contardo respecto a la posibilidad de que, en el corto plazo, se formalice a algún empresario de la región vinculado a alguna de las 15 empresas indagadas.

-El ampliar esta investigación a otras pesqueras es porque hay indicios de hechos que podrían dar cuenta del modus operandis y actuaciones similares a las del caso Corpesca, durante la tramitación de la ley de pesca y de las leyes posteriores que se dictaron.

Contardo añadió que "la investigación avanza sin prisa pero sin pausa y estamos en etapa de análisis de información que está recabada en distintas empresas pesqueras de la zona, en virtud de diligencias que fueron solicitadas por la Fiscalía y ordenadas por el Tribunal de Garantía".

Sobre la evidencia, detalló que se trata de documentación contable. También se han hecho diligencias informáticas -como la solicitud de correos electrónicos de Luis Felipe Moncada, ex presidente de Asipes, a Google- y documentos anexos a la investigación de carácter criminalístico.

"Está trabajando la Bridef, creada para delitos funcionarios, y personal del Cibercrimen, junto con personal de la PDI de la Octava Región", añadió.

La información, destacó, está siendo procesada tanto por personal de la PDI como por la Fiscalía. "Es un proceso largo y nos va a llevar gran parte de nuestro esfuerzo, pero estamos confiados en que con el plazo concedido por el tribunal, que se extendió hasta cuatro meses, vamos a esas alturas ir concretando las distintas aristas y tener mucho más claros los eventuales delitos perpetrados", cerró el fiscal regional.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Victoria Fariña, junto al Director Regional del Trabajo, Paulo Otárola, encabezaron una fiscalización al transporte interurbano de pasajeros en el terminal de buses Collao de Concepción.

Principalmente comprobaron el cumplimiento de las normas sobre jornada de trabajo y descanso para los trabajadores. Estas normas dicen relación con el tiempo máximo de conducción continua, que es de 5 horas, descanso mínimo de 2 horas entre turnos de conducción y descanso ininterrumpido de 8 horas dentro de un período de 24 horas.

Fariña mencionó que el cumplimiento de estas normas no sólo tienen que ver con el descanso de los trabajadores, sino también con la seguridad de los pasajeros. Por eso, explicó este tipo de fiscalizaciones se hace en épocas del año donde existe mayor demanda.

Paulo Otárola sumó que poner en uso el registro de control de asistencia y horas trabajadas, así como también llevar correctamente este sistema de registros son parte de las obligaciones del empleador. En la revisión, aseguró, las cuatro empresas de buses interurbanos fiscalizadas cumplieron con la normativa.

También anunció que este tipo de fiscalizaciones se repetirán en los próximos días en otros terminales de la región, advirtiendo que las empresas que no cumplan se exponen a multas que oscilan entre 10 y 60 unidades tributarias mensuales, equivalentes a $461.830 y $2.770.980, respectivamente, dependiendo del tamaño de la empresa y gravedad de la infracción.