Desde hace algunos años, el abogado Óscar Menares trabaja asesorando a trabajadores de la pesca y del rubro forestal. Fue este último nexo el que lo conectó a los dirigentes de la Mina Santa Ana, con quienes hoy trabaja codo a codo.

Actualmente Menares preside la junta de acreedores, representando a los mineros en el proceso de liquidación del yacimiento iniciado tras el retiro de los dueños.

Junto con ello, el abogado busca nuevas alternativas para los trabajadores y cree firmemente en la rentabilidad de la mina, que hoy busca ser adquirida por los ex trabajadores y para lo cual necesitan cerca de $500 millones.

-La movilización de los ex trabajadores de SW Curanilahue es en el ámbito de su autonomía sindical. Dentro de eso tomaron la decisión de tomar el control de la mina, y es una decisión desesperada para circunstancias muy aciagas. Ya han pasado una Navidad abajo, ven que el Gobierno no ha dado respuesta a sus demandas y el Estado ha hecho oídos sordos a una situación que a todas luces es arbitraria e injusta. Estos trabajadores eran beneficiarios de programas aprobados por el Gobierno Regional y que fueron suspendidos por la Contraloría. Por tanto, eso ha significado que han perdido la única fuente de manutención que tenían.

-Yo represento a los trabajadores en el ámbito de la liquidación y formo parte de la junta de acreedores, la que particularmente presido, por tanto me interesa que esto no signifique un detrimento a la salud e integridad física de los trabajadores, ni tampoco a la integridad del patrimonio que está en la liquidación. Todas estas medidas involucran riesgo, los cuales he transmitido a los trabajadores. Sin embargo, ellos han hecho uso de su autonomía sindical y han asumido los riesgos.

Opciones

-Suspendimos la junta por las gestiones que en mi calidad de representante de los trabajadores he hecho en diferentes entidades bancarias, así como con clientes potenciales de la mina. Hay que recordar que los trabajadores sí tienen una empresa constituida, que se llama Solidaridad Minera Spa, que tiene existencia jurídica a partir del 19 de julio del presente año. Por lo tanto, a raíz de esa empresa hemos generado las condiciones para acceder al mercado que permita que la empresa Solidaridad Minera adquiera la propiedad.

-Actualmente estamos conversando con dos entidades bancarias. Estamos abriendo mercado con algunos clientes, tanto distribuidores de carbón como empresas consumidoras de carbón. Hasta el momento han existido ciertas conversaciones de contacto orientadas a evaluar la proyección económica del proyecto. Eso se ha ido reactivando gracias a la movilización de los trabajadores, por eso se han incrementado los contactos estas últimas dos semanas para buscar una solución por la vía de que los trabajadores controlen la empresa y la puedan echar a andar.

-Uno bajo control de los trabajadores, fundado en un régimen asociativo, en el cual existe una gerencia técnica y económica que está orientada a resguardar el cumplimiento de las metas que se trace la empresa en cierto periodo de tiempo. Eso se hace a través de una programación financiera y de ejecución de funciones en base a un flujo estimado de caja.

-Va a depender de las condiciones en que podamos adquirir el crédito con alguna institución bancaria. Eso no salva la responsabilidad del Estado respecto de la ineficacia de las herramientas de gestión pública para recurrir en situaciones de catástrofe social, como es la situación que viven los mineros de Curanilahue.

-Los flujos están estimados particularmente en razón de un mercado que es bastante elástico. Por otro lado, el carbón no ha subido su precio en el último tiempo y por tanto es un negocio rentable. Lo que ocurre es que la empresa SW Curanilahue tenía enormes costos de gestión asociados a una administración ineficaz. Además, se hicieron inversiones asociadas a capitales españoles que fueron un virtual fracaso. Particularmente, la adquisición de arcos metálicos por prácticamente medio millón de dólares. Eso, obviamente, terminó por hundir a la empresa. Sin esas condiciones negativas, la empresa sería plenamente viable.

-El carbón extranjero está destinado principalmente a la industria termoeléctrica. Pero, en términos generales del mercado interno, el carbón tiene distintos usos. Los precios tampoco varían en demasía para un consumidor no ligado al ámbito energético y por tanto, en esos términos la empresa es económicamente sustentable.

-Una de las alternativas es la generación de ciertas redes en el plano económico que permitan hacer sustentables a las empresas sociales. Poner la disposición, como Gobierno, de articular a los oferentes con los compradores, de tal manera que el órgano público cumpla un rol de intermediación con los clientes. Pero el Estado no lo hace. Y eso no sólo manifiesta la falta de herramientas jurídicas para poder aplicar medidas desde el Gobierno, sino que además la falta de voluntad política para poder resolver esto con las mismas reglas del mercado.

Cambio de visión

-En un modelo de desarrollo donde se pone por delante a las personas y no al mercado, obviamente que el Estado debería cumplir un rol social y eso involucra poner a disposición un capital. Nadie está pidiendo que eso se regale, sino que sea a través de un crédito en condiciones preferentes, que permita a los emprendimientos sociales ser sustentables. Eso involucra un riesgo y el Estado es el llamado a asumirlo. Esto, a diferencia de lo que ocurre con los programas de empleo con manutención, que son extremadamente caros, y los empleos de emergencia que son absolutamente cuestionados por todo el espectro político.

-Entre esta semana y la otra deberíamos tener ciertas luces respecto a las posibilidades de solución por la vía que estamos comentando. En esta oportunidad llamaría al contralor general a poder acoger la reposición del Gobierno Regional orientado a la ejecución del programa de manutención y capacitación, de manera que los trabajadores puedan salir de la mina, puedan capacitarse en el rubro de la minería y así poder destrabar este problema.

Lo único que queda aquí es que el Estado cumpla su palabra, y particularmente de una región deprimida y una provincia calificada en rezago económico y social y por tanto esperamos que esto se solucione con la voluntad de todos los actores.