En el marco de su 14 Congreso Nacional, las Juventudes Comunistas realizaron la elección de tres directivas locales: la dirección local de la Universidad de Concepción (UdeC) , que quedó a cargo de María Fernanda Rojas, la dirección comunal dirigida por Azaam Ly y, finalmente, el comité regional Biobío Costa, donde Matías Muñoz fue reelegido por un periodo más.

Se trata de la primera elección donde las directivas locales de las Juventudes Comunistas lograron que ninguno de los dos géneros superara el 60% de participación en las dirigencias. Muñoz calificó lo ocurrido "como un avance, en términos de maduración en atender elementos de género. Lo que buscamos es que las organizaciones políticas, independiente de la normativa legal que rige sólo a los partidos y no a las juventudes, podamos adoptar estas medidas".

El hito se marca en la Región del Biobío, porque ya como partido a nivel nacional habían logrado respetar la cuota de género en la mesa directiva, sin embargo, "la participación femenina -hasta ahora- no había sido establecida por un criterio específico y ahora queremos sentar un precedente y que se transforme en algo que se mantenga en la distintas dirigencias", recalcó el secretario regional de las Juventudes Comunistas.

Sobre los lineamientos para los próximos cuatro años, lo que durarán en sus cargos, el secretario regional, comentó que su objetivo ahora es "posicionarnos como la Juventud más grande y más incidente como organización política juvenil en la Región, una definición bastante ambiciosa que discutimos colectivamente y que tiene que comenzar con una disputa en el frente estudiantil. Vamos a disputar todas las elecciones de centro de estudiantes donde existan las posibilidades", señaló.

A lo anterior, se suma que esperan contar con cartas competentes para medirse en las elecciones parlamentarias y de consejeros regionales, aunque esta último es una de las opciones que más barajan.

"Queremos apostar por una candidatura joven en la Región", reconoció Muñoz, aunque no quiso revelar nombres para dichas aspiraciones.

Tomando el ejemplo de lo sucedido en Hualpén, con la destitución de siete concejales por faltas a la probidad y notable abandono de deberes -que aún no ha sido ratificada- el concejal de Concepción, Joaquín Eguiluz (RN), realizó una presentación similar al Tribunal Electoral Regional (TER) para pedir la destitución de siete de los diez ediles de la capital del Biobío en el periodo 2012-2016.

De esta forma, por falta de fiscalización al alcalde Álvaro Ortiz, se solicitó la destitución de los ediles en ejercicio Fabiola Troncoso (DC), Jaime Monjes (DC), Álex Iturra (PC), Christian Paulsen (UDI), Héctor Muñoz (RN). Además de Sebastián Morales (DC) y Ariel Ulloa (PS).

Quedaron fuera de esta presentación Alejandra Smith (IND) y Patricio Kuhn (UDI), quien según el propio Eguiluz fue con quienes hicimos presentaciones ante el Tribunal y Contraloría, hemos fiscalizado".

La presentación cuenta con cerca de 30 dictámenes de Contraloría realizados entre el 2013 y el 2016 sobre diferentes temáticas, donde incluso se han instruido sumarios y donde el rol fiscalizador de los concejales aludidos no ocurrió.

Joaquín Eguiluz aclaró que "no estamos haciendo un juicio de valor ni individualizando nada. Sólo tomamos los antecedentes evacuados por Contraloría y entregárselos al TER para que ellos dicten sentencia si amerita o no una destitución".

En este sentido, el edil comentó que lo sucedido en Hualpén "abre la posibilidad de que los concejales que no hacen bien su trabajo, sean destituidos. Cuando uno trabaja en una empresa y hace mal la pega, lo echan. Entonces, esto es para todos los municipios de Chile, para quienes se nieguen a fiscalizar".

Entre los ítems contemplados en la presentación, se encuentra no fiscalización en la normalización del Estadio Ester Roa Rebolledo, faltas a la probidad administrativa, el uso reiterado de la imagen del alcalde en publicidad, designación de cargos, entre otros. Cada uno de los que está detallado en el documento.

Tras la notificación a los ediles en ejercicio, sólo Christián Paulsen se acercó a Eguiluz para decirle que entendía su actuar.

En el caso de Hualpén, tribunal se demoró cerca de cinco meses, entre toma de declaraciones de pruebas y defensas, para emitir su sentencia.