La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la sentencia del Tercer Juzgado Civil penquista que había ordenado la liquidación forzosa en contra de la Asociación Cristiana de Jóvenes (Ymca) de la capital regional, por considerar que no había "un motivo plausible para litigar", según consta en el escrito.

La solicitud de liquidación forzosa -o quiebra, como se estipulaba antes en la legislación- había sido hecha por el banco Scotiabank por una deuda que Ymca tiene con la entidad financiera, por un monto aproximado a los $2.500 millones.

Guillermo Pérez, presidente del directorio de Ymca, explicó que el fallo hace algunas consideraciones respecto a cuándo se ocupa la Ley de Disolvencia y que en esta oportunidad no era aplicable. Pérez sostuvo que en este caso, el tribunal de alzada es la última instancia.

Si bien es una buena noticia para la institución, Pérez comentó que las consecuencias de la revocación del fallo hay que analizarlas, porque a partir de mayo hay un liquidador instalado en la Ymca (Javier Rotman Garrido) y éste ya ha realizado actos administrativos.

"Nosotros entendemos que es el primer fallo en Chile que produce una revocación de liquidación, entonces hay una serie de prácticas que hay que resolver, por eso hay cierto grado de incertidumbre aún de lo que pasará", insistió Guillermo Pérez.

A pesar de esto, Pérez igual se manifestó contento, porque este es un proceso largo, "a pesar de estar en una situación bastante crítica, teníamos certezas que había fundamentos para apelar, en caso contrario no lo hubiéramos hecho. La Ymca ha seguido funcionando y los flujos de caja que se tienen demuestran que es una institución viable por todos lados", agregó el presidente del directorio.

A la suma que se le debe al banco, Ymca registra otros acreedores, por lo que la cifra total llega a $3.007 millones, se informó.

La institución cuenta con una cantidad aproximada de 3.200 asociados y cuenta con un personal contratado de 55 personas, más otras 30 que laboran a honorarios.

En compañía de familiares de la víctima, la dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Sernameg, interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía local por el femicidio ocurrido hace poco más de un mes en la comuna de Coronel.

La víctima, Elizabeth Uribe de 54 años y profesora de religión, falleció luego de que fuera atacada por su cónyuge, Alan Velásquez Lorca, con quien tenía más de 30 años de matrimonio y único imputado en la causa judicial.

Digna Uribe, hermana de la víctima, señaló que "no queremos que quede en el olvido, como en muchos otros casos. Por eso estamos dando la cara por ella, porque queremos que esta situación llegue al término que corresponde, que es que él pague por la muerte de nuestra hermana".

Actualmente el proceso se encuentra en suspensión provisional a la espera de los resultados que definan el estado psicológico del imputado, quien sufría de depresión y llevaba cerca de un mes con licencia médica. De esta forma se esperan las pericias psiquiátricas que contribuyan a definir la real imputabilidad del acusado ante la ley.

La directora regional del Sernameg, Valentina Medel, detalló que "lo que buscamos es representar a la familia en el curso de los hechos y no exponerlos a un procedimiento que es difícil".

Añadió que "sabemos que la justicia es parte importante del duelo y por eso nuestro compromiso es buscar las penas más altas que nos permita la ley".

Walter Uribe, también hermano de la víctima, aseguró que el crimen cometido debe ser sancionado como corresponde."La ley dice que cuando uno comete un delito tiene que pagar lo que significó ese delito", sentenció.