Dos reformas hermanadas por la ideología
En el siglo XX, la sociedad rural chilena vivía bajo la estructura agraria tradicional, el latifundio y la jerarquía paternalista. En vista de esta situación, las demandas por una reforma agraria fueron desde comienzos de siglo un supuesto de los sectores progresistas del país, como fue en la campaña presidencial del Frente Popular, en 1938. Sin embargo, los gobiernos radicales privilegiaron la industrialización. Como consecuencia, cientos de miles de campesinos emigraron a lo urbano, creando cordones de pobreza, y la economía agrícola experimento una profunda crisis.
Al comenzar los años de 1960 la presión por una reforma agraria volvió a manifestarse. Esta vez, con el respaldo de la Iglesia Católica que repartió sus tierras entre el campesinado. Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso enfrentó al gobierno de Jorge Alessandri quien promulgó en 1962 la ley de Reforma Agraria Nº 15.020, que permitió redistribuir tierras estatales entre campesinos
La llegada de la DC, con la presidencia de Eduardo Frei Montalva y su "Revolución en Libertad", la reforma agraria bajo el lema "la tierra para el que la trabaja", buscó sin conseguir la modernización del mundo agrario .Se expropiaron 1.400 predios agrícolas, 3,5 millones de hectáreas. Comenzaron a producirse huelgas y tomas masivas de predios que polarizaron la sociedad agraria chilena, trajo descapitalización y retroceso en la actividad agrícola.
En ell gobierno de Salvador Allende, "con sabor a empanada y vino tinto", la reforma agraria expropió el máxima de tierras para traspasarlas a la administración estatal en asentamientos campesinos. Este proceso estuvo acompañado de una brutal efervescencia campesina, toma masiva de predios, desatando en el mundo rural un clima de violencia, creando un odio desconocido en los campos chilenos. Al término la Unidad Popular, el 11 de septiembre de 1973, se había expropiado 4.400 predios agrícolas, que sumaban 10 millones de hectáreas, sin entregar un solo título de propiedad. Fue, el gran engaño al campesinado. La propiedad privada nunca estuvo entre sus objetivos, el fin eran las granjas colectivas con una sociedad y economía socialista. Las consecuencias la sufrió la población y los sectores más postergados, producto de una aguda escasez de alimentos. Terminando en un brutal fracaso. Los objetivos de libertad, participación, desarrollo y propiedad, sólo se logro una capa social empobrecida, abandonada.
Hoy, en pleno siglo XXl, la concepción ideológica estatista- que se pensaba superada - vuelve sobre la propiedad de las aguas, cuestionando el derecho de pertenencia sobre ellas en el proyecto modificatorio al Código de Aguas que se encuentra en el Parlamento. Usando los mismos argumentos caducos del siglo XX, se persigue que las aguas pertenezcan al Estado, su uso, distribución y administración queden en manos de burócratas de los gobiernos de turnos, que poco o nada saben del uso agua. Así, ninguna agricultura puede sobrevivir, invertir y producir.
"La propiedad privada es un elemento importantísimo cuando uno piensa en las Constituciones, además, es muy importante para cualquier economía exitosa", ha dicho el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Como diría un magistrado, a confesión de partes relevo de pruebas. El agua como bien nacional de uso público debe entenderse para el consumo humano. Pero, cuando se trata para uso de la actividad agrícola productora de alimentos, el agua adquiere una categoría distinta, donde se debe considerar la certeza jurídica y el alimento como un elemento de seguridad nacional.