En el siglo XX, la sociedad rural chilena vivía bajo la estructura agraria tradicional, el latifundio y la jerarquía paternalista. En vista de esta situación, las demandas por una reforma agraria fueron desde comienzos de siglo un supuesto de los sectores progresistas del país, como fue en la campaña presidencial del Frente Popular, en 1938. Sin embargo, los gobiernos radicales privilegiaron la industrialización. Como consecuencia, cientos de miles de campesinos emigraron a lo urbano, creando cordones de pobreza, y la economía agrícola experimento una profunda crisis.

Al comenzar los años de 1960 la presión por una reforma agraria volvió a manifestarse. Esta vez, con el respaldo de la Iglesia Católica que repartió sus tierras entre el campesinado. Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso enfrentó al gobierno de Jorge Alessandri quien promulgó en 1962 la ley de Reforma Agraria Nº 15.020, que permitió redistribuir tierras estatales entre campesinos

La llegada de la DC, con la presidencia de Eduardo Frei Montalva y su "Revolución en Libertad", la reforma agraria bajo el lema "la tierra para el que la trabaja", buscó sin conseguir la modernización del mundo agrario .Se expropiaron 1.400 predios agrícolas, 3,5 millones de hectáreas. Comenzaron a producirse huelgas y tomas masivas de predios que polarizaron la sociedad agraria chilena, trajo descapitalización y retroceso en la actividad agrícola.

En ell gobierno de Salvador Allende, "con sabor a empanada y vino tinto", la reforma agraria expropió el máxima de tierras para traspasarlas a la administración estatal en asentamientos campesinos. Este proceso estuvo acompañado de una brutal efervescencia campesina, toma masiva de predios, desatando en el mundo rural un clima de violencia, creando un odio desconocido en los campos chilenos. Al término la Unidad Popular, el 11 de septiembre de 1973, se había expropiado 4.400 predios agrícolas, que sumaban 10 millones de hectáreas, sin entregar un solo título de propiedad. Fue, el gran engaño al campesinado. La propiedad privada nunca estuvo entre sus objetivos, el fin eran las granjas colectivas con una sociedad y economía socialista. Las consecuencias la sufrió la población y los sectores más postergados, producto de una aguda escasez de alimentos. Terminando en un brutal fracaso. Los objetivos de libertad, participación, desarrollo y propiedad, sólo se logro una capa social empobrecida, abandonada.

Hoy, en pleno siglo XXl, la concepción ideológica estatista- que se pensaba superada - vuelve sobre la propiedad de las aguas, cuestionando el derecho de pertenencia sobre ellas en el proyecto modificatorio al Código de Aguas que se encuentra en el Parlamento. Usando los mismos argumentos caducos del siglo XX, se persigue que las aguas pertenezcan al Estado, su uso, distribución y administración queden en manos de burócratas de los gobiernos de turnos, que poco o nada saben del uso agua. Así, ninguna agricultura puede sobrevivir, invertir y producir.

"La propiedad privada es un elemento importantísimo cuando uno piensa en las Constituciones, además, es muy importante para cualquier economía exitosa", ha dicho el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Como diría un magistrado, a confesión de partes relevo de pruebas. El agua como bien nacional de uso público debe entenderse para el consumo humano. Pero, cuando se trata para uso de la actividad agrícola productora de alimentos, el agua adquiere una categoría distinta, donde se debe considerar la certeza jurídica y el alimento como un elemento de seguridad nacional.

El conflicto en la denominada "zona roja" ha escalado a niveles preocupantes, trastocando la vida de miles de ciudadanos que habitan dicho lugar. Lo que en principio comenzó con la quema de camiones y maquinaria, hoy ha escalado en violencia hacia hechos de mayor gravedad, como el ataque con armas de fuego a trabajadores o la quema de viviendas.

En esta perspectiva, discrepamos del enfoque que le ha dado el Gobierno a estos eventos, calificándolos como "delitos comunes".

Creemos que el Estado debiese asumir que nos encontramos frente a acciones que difieren de la delincuencia ordinaria, pues se trata de asociaciones ilícitas terroristas que cometen delitos de manera permanente y con el fin de inculcar el miedo y el terror.

Tomando lo anterior en cuenta, las medidas que se deben tomar para devolver la paz y la tranquilidad a la zona deben estar en concordancia con la gravedad de la situación.

En primer lugar, se debe avanzar en una legislación que entregue mayores facultades a los organismos investigadores, dotándolos de más herramientas efectivas para el combate al terrorismo (intervenciones telefónicas, testigos protegidos, agentes encubiertos, etc.).

Además, se hace necesario un uso extensivo de las leyes existentes, como es el caso de la Ley Antiterrorista. La decisión del actual gobierno de no invocarla en estos casos resulta francamente incomprensible a luz de los hechos ya expuestos y denotan una grave negligencia en el manejo de esta crisis.

Por otra parte, el Estado debe implementar un sistema de seguridad coordinado y sistematizado, conformado por policías permanentes, los cuales cuenten con un nivel de especialización específico para este tipo de delitos.

Esto acompañado de un órgano de inteligencia efectivo y empoderado, que logré recopilar información relevante para desbaratar las células terroristas existentes y evitar su proliferación por el territorio.

Finalmente, si la situación no puede ser resuelta en un periodo determinado, debe evaluarse la dictación de algún tipo de estado de excepción transitorio con el objetivo de realizar una intervención definitiva que permita desbaratar el crimen organizado y reinstaurar el estado de derecho en una zona que ya no soporto vivir con este calvario de violencia y cesantía.

Por estos días, conforme emergen indicadores y rankings de diverso tipo, el sistema universitario de nuestra Región hace noticia por positivos datos.

Por una parte, se confirman excelentes niveles de acreditación que alcanzan instituciones de nuestro territorio; por otra, rankings de diverso tipo dan cuenta de la privilegiada ubicación de ellas en el contexto de la educación superior nacional.

Esto, por cierto, confirma y certifica formalmente aquella calidad de la que, quienes habitamos esta Región, ya sabemos, estamos ciertos y reconocemos permanentemente en nuestro sistema de educación superior.

Ahora bien, junto con ser motivo de satisfacción, lo expuesto releva los desafíos que implican estos logros alcanzados. Emergen aquí, a lo menos, tres ideas fuerza.

En primer lugar, cabe sostener los esfuerzos que las instituciones despliegan para no sólo mantener estos logros, sino que también continuar con el fortalecimiento de la educación superior regional, viéndola como un factor estratégico para un desarrollo territorialmente más equilibrado de nuestro país.

Aquí, cabe enfatizar en la necesidad de contar con más recursos para el fortalecimiento de las instituciones regionales, con miras a alcanzar cada vez mejores estándares que, considerando los logros evidenciados, son del todo posibles.

En segundo lugar, se precisa de un esfuerzo sostenido por incrementar la articulación entre las instituciones que componen el sistema de educación superior regional, con miras a desarrollar sinergia y constituir un singular aporte a la ciencia y tecnología del país, no sólo en función de la calidad de cada una de las instituciones sino que también de un sistema que, en su conjunto, puede y debe ser más que la suma de cada de esfuerzos individuales.

Finalmente, cabe incrementar los esfuerzos estratégicos por fortalecer la articulación del potencial universitario regional con el sistema productivo, social y cultural territorial de manera tal que, a partir de las ya evidentes capacidades de investigación existentes, se pueda generar un proceso de desarrollo más acelerado e integral de toda la Región.

Con todo, aprovechar y fortalecer este potencial universitario regional constituye a la postre un desafío y tarea que, estratégicamente, puede constituirse en un eslabón clave para un desarrollo territorialmente más armónico de la Región y el país.