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Caso Servipag: Corte penquista decidirá si se hace un segundo juicio

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Finalmente será la Corte de Apelaciones de Concepción la que deberá resolver si se repite el juicio por el ataque a Pablo Ramírez, cajero que fue quemado al interior del Servipag de Hualpén en julio de 2015 mientras se intentaba asaltar la sucursal que él atendía.

En el procedimiento judicial, concluido a mediados de octubre de este año, se condenó a Ignacio Montecinos Pinto, el único imputado a una pena de 8 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. Esto, considerando que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

La decisión del recurso de nulidad quedó en manos del tribunal de alzada penquista luego que la Corte Suprema, entidad judicial donde se elevó el recurso de nulidad, declarara inadmisible la acción interpuesta por la Defensoría Penal Pública a inicios de noviembre.

"La Corte Suprema consideró que la causal invocada por la defensa se circunscribía más bien en una propia de Corte de Apelaciones, y es por eso que la reenvía a la Corte de Concepción", declaró el abogado defensor, Eduardo Rosado.

Específicamente, la causal planteada al máximo tribunal del país y que no fue considerada por el mismo, guardaba relación con la valoración de las pruebas. A entender de la Corte Suprema, esa situación debía ser vista por el tribunal de alzada penquista.

Disconformidad

La Defensoría Penal Pública recurrió de nulidad para invalidar la condena de 7 años de internación de régimen cerrado que el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción le dio a Montecinos Pinto, como el autor del delito tentado de robo con homicidio en contra de Ramírez.

Además, al joven que actualmente es mayor de edad, pero que fue enjuiciado como menor, se le condenó a 18 meses en la misma condición anterior, pero por el robo con intimidación que ocurrió en el recinto comercial y absuelto por un tercer delito de robo con intimidación en contra de otra cajera del Servipag de Hualpén.

"Creemos que el tribunal no ponderó la prueba rendida en el juicio, y consideramos que eso llevó a que hubiera una conclusión errada, como es la culpabilidad de mi representado", expuso el defensor penal. Añadió que fue este el fundamento que se presentó para solicitar un segundo juicio.

El joven cumple la condena en el CIP-CRC de Coronel, en el que lleva más de un año privado de libertad. Primero por estar en internación provisoria y ahora, cumpliendo la condena.

CONFIRMA

Fueron diversas pruebas y testigos, incluido el relato de la víctima, Pablo Ramírez, las que utilizó la Fiscalía y los querellantes del caso durante las tres semanas que duró el juicio.

Ignacio Montecinos fue el único imputado pues su hermano, también formalizado por el caso, falleció antes del juicio. Fue apuñalado en la Cárcel de Chillán, donde estaba en prisión preventiva.

"La inadmisibilidad que ha declarado al Corte Suprema ratifica que no existen garantías fundamentales vulneradas por parte del tribunal en contra del único condenado", sostuvo el querellante, Enrique Hernández.

El abogado de Ramírez también precisó que con el traslado del recurso al tribunal de alzada penquista queda claro que "la sentencia se ajustaba a derecho y por supuesto, que respetaba las normas constitucionales".

Sobre cuándo debería ser vista la causa por alguna sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, el defensor Eduardo Rosado detalló que el recurso debe ser agendado en sala dentro de este mes. No obstante, se espera que sea visto durante la próxima semana.

Asimismo, aclaró que en el caso de que la resolución no sea a favor de ellos, la condena en contra de "Nacho", como se le conoce al joven condenado, no puede ser apelada a otra instancia judicial.

"No existe ningún otro recurso para impugnar", declaró el abogado defensor.

Harán sumario sanitario a relleno de Chillán Viejo

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La Seremi de Salud informó que realizarán un sumario sanitario al Relleno Sanitario Ecobio, ubicado en Chillán Viejo. La decisión fue adoptada después de una fiscalización hecha al recinto, la que tomó más dedos horas.

Mauricio Careaga, seremi de Salud, explicó que en la fiscalización se evidenciaron cuatro falencias relevantes, correspondientes a dos piscinas sobre los límites de capacidad de almacenamiento del 75% fijada por la Resolución de Calificación Ambiental; almacenamiento de residuos peligrosos sobre el tiempo máximo de seis meses dispuesto en el D.S. 148 del 2003; manejo de residuos sin sistema de contención y/o protección; además de la falta de material de cobertura en el área de RSU.

"Realizamos recomendaciones destinadas a mejorar operacionalmente el flujo de descarga de camiones debido a la estrechez de espacio o frente de trabajo; y también expresamos la necesidad de mejorar la humectación del camino de ingreso para reducir la suspensión de polvo, ante lo que la empresa nos informó que tras evaluación previa, se determinó la inclusión de matapolvos debido a su efectividad", detalló Luis Rivera, delegado provincial de Salud.

El seremi Mauricio Careaga anunció que el próximo año se incrementarán las fiscalizaciones a los cinco rellenos existentes a nivel regional, a través de un programa especial.