La Municipalidad de Concepción no evaluó la incidencia económica de las condiciones nuevas que acordó respecto al sistema de fijación de las butacas y no veló oportuna y cabalmente por el cumplimiento de los requerimientos de calidad de las ya mencionadas.

Con estas palabras, la Contraloría General de la República inicia el informe final sobre la investigación que tenía por fin conocer detalles sobre la instalación irregular de butacas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, solicitada por Jorge Condeza, Alejandra Smith y el concejal Joaquín Eguiluz.

Esto luego de que el ente contralor diera a conocer el resultado de otra investigación realizada tras una fiscalización de oficio, sobre los antecedentes que presidieron la adquisición de la licitación por las obras de remodelación del estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, el cual desestimó sobreprecio en el cobro por las butacas ya que existió acuerdo vía correos electrónicos entre ambas partes y estime pertinente la devolución de $1.980 millones.

"Hicimos una denuncia en octubre de 2014, su respuesta llegó en junio de 2015. En esta respuesta se ratifica un sobrepago de $4.600 millones y se había logrado recuperar dinero por medio de la otra investigación, pero finalmente será devuelta y pagaremos todos nosotros los platos rotos por la ineficiencia. Este informe ratifica que las butacas instaladas no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, por ejemplo que no sean extingibles y que no se decoloren", manifestó el concejal Joaquín Eguiluz, uno de denunciantes, quien en la segunda licitación votó en contra de que la empresa Claro Vicuña Valenzuela se adjudicara las obras por $30 mil millones.

"La Municipalidad siempre defendió los intereses de la empresa. Es lamentable que se haya tratado un tema tan relevante a través de correos electronicos. Existen los medios formales de la institucionalidad vigente y ahora aparecen estos correos, que revierten una decisión de la Contraloría. No comparto esa manera de trabajar", agregó el concejal RN.

Según el documento, la municipalidad incurrió en faltas referentes a que, por un lado, no realizó las evaluaciones pertinentes respecto a la instalación de las butacas, y por otro, cuestiona la extracción de muestras y nula solicitud de certificados de calidad respecto a las butacas VIP.

"Además de pagar caro, instalaron más malas y nos da lo mismo. Contraloría señala que la Municipalidad debe responder por esta falta de fiscalización y control", reforzó Joaquín Eguiluz, quien también detalló cuales serán los pasos a seguir, pese a que distintos sectores dieron por cerrado el capítulo."Nuestras denuncias siguen plenamente vigentes, por el pago excesivo de los $4.600 millones. Lo que tiene que ver con las butacas lo levantó y volvió a enterrar la Contraloría. Respecto a la investigación que solicitamos, la respuesta siempre nos ha dado la razón. Seguiremos los conductos legales, ya declaramos en la PDI y este dictamen lo pondremos a conocimiento de la Fiscalía", cerró.

Dos presentaciones realizó el diputado radical Carlos Abel Jarpa ante Contraloría, con el fin de que realicen fiscalizaciones en todos los municipios de la Provincia de Ñuble.

La primera solicitud corresponden al municipio de Chillán, por el caso de la licitación del recambio de luminarias led.

Otra de las solicitudes, pero que esta vez abarcó a los 21 municipios de la provincia, exige la posibilidad de realizar una fiscalización a raíz de un eventual incumplimiento de la ley N° 20.922, la cual entrega nuevas facultades a los municipios en la conformación de sus plantas de acuerdo a sus necesidades y la mejora en remuneraciones. La situación fue denunciada por los funcionarios.