Contraloría desestima fallo por sobreprecio de butacas
La Contraloría General de la República desestimó el informe inicial respecto a posibles irregularidades en la instalación de butacas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, estableciendo que el proceso se realizó según las normas establecidas. Anteriormente se había cuestionado el pago por este ítem.
En el documento firmado por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, se establece que el proceso se realizó en términos normales y que este resultado concluyente obligaría a la Municipalidad de Concepción a entregar las boletas de garantía que seguían retenidas por la investigación en curso.
"Se acogió la reconsideración y determinó dejar sin efecto el dictamen anterior, que hacía alusión a una ilegalidad en la instalación de las butacas y acogiendo el reclamo de la empresa, que se encuentra muy satisfecha con el fallo, ya que el contrato firmado se cumplió de manera rigurosa", manifestó Remberto Valdés, abogado de Claro Vicuña Valenzuela.
Agregó que la decisión del contralor está precedida de una serie de correos electrónicos entregados como antecedentes, que respaldaban la decisión del mandante de instalar butacas monoblock, y no las abatibles consideradas inicialmente.
DETALLES
En el documento emitido el pasado 11 de noviembre se establece que "en tales condiciones y considerando, además, que lo anterior resulta concordante con las actuaciones posteriores de las partes del contrato y de la unidad técnica del mismo, se ha estimado del caso reconsiderar la observación formulada en el Informe Final N 271, de 2015".
Esta observación tenía relación con que las butacas monoblock instaladas no tienen relación con las contratadas en la licitación. Sin embargo, finalmente fue desestimada por el ente contralor, entre otras razones, por la existencia de correos electrónicos entre la empresa Claro Vicuña Valenzuela y funcionarios de la Dirección de Arquitectura, con el fin de esclarecer aspectos como el tipo de butacas o reperfilamiento necesario para su instalación.
"La Dirección de Arquitectura y su sede regional del Biobío coinciden en señalar que la intervención de los funcionarios individualizados en los precitados correos electrónicos sólo se hizo a título de la colaboración, supervisión y asistencia técnica a la que se comprometió la Dirección de Arquitectura, Región del Biobío", indica la misiva.
Se lee además que "señalan que lo consignado en tales correos resulta concordante con los antecedentes del proceso de contratación, en orden a que la opción de las butacas abatibles se entendía como parte de la alternativa de no hacer el reperfilamiento exigido en los documentos técnicos entregados por el municipio, por lo que su rechazo implicó, a su vez, que debía mantenerse la exigencia de instalar butacas fijas en el sector en cuestión".
REACCIONES
Desde el municipio penquista plantearon que el fallo aún no es conocido en su totalidad, sin embargo, este resultado se condice con los planteamientos realizados durante estos últimos años.
"Contraloría aceptó nuestra postura, que siempre fue de que no existió sobreprecio, pese a que aún no conocemos el detalle completo, ni siquiera nos ha llegado el documento, sólo sabemos de trascendidos. La acusación tuvo un matiz político, pero el municipio siempre ha trabajado de cara a la comunidad", dijo Aldo Mardones, administrador municipal.
En tanto, el concejal Joaquín Eguiluz, uno de los ediles que acusó al municipio de pagar sobreprecio por las butacas y solicitó que se investigara la situación no escondió su molestia por la decisión: "Lo triste es que a raíz de la observación que hizo la Contraloría se logró recuperar una parte del dinero invertido. Esa poca plata seguramente será devuelta y terminaremos pagando los platos rotos todos nosotros por la inoperancia y falta de fiscalización del municipio. Es lamentable que un tema tan importante se hable y resuelva por correo electrónico".
Respecto a los siguientes pasos de la empresa a cargo de la remodelación del recinto, que costó más de $30 mil millones, el abogado Remberto Valdés no descartó que se tomen acciones judiciales por daños y perjuicios a la imagen de la empresa.
"El municipio actuó de manera ilegal al retener las boletas de garantía, considerando que se actuó bajo norma. Evaluaremos las acciones a seguir, pero se cayó en un perjuicio a la imagen de la empresa", mencionó.
Todo el problema se generó por el retraso en las obras de la empresa que inicialmente se había adjudicado la remodelación del estadio, el que debía estar listo para la Copa América. El municipio terminó el contrato e hizo una nueva licitación, que ganó Claro Vicuña.