Por más de 4 horas, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Puerto Montt, Marcelo Sambuceti, entrevistó a funcionarios y recopiló antecedentes al interior del Centro de Protección de Lactantes y Preescolares Arrullo. El persecutor es miembro del equipo del fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, que investiga el caso Sename.

Las diligencias del persecutor penal, en conjunto con funcionarios de la PDI en el centro de administración directa del Sename, tienen relación con los antecedentes que dan cuenta que en los últimos 10 años han muerto ocho menores de edad a cargo de la institución.

"Estamos verificando las circunstancias en que estos fallecimientos se produjeron, si fue por circunstancia naturales o por intervención de alguna persona", expuso el fiscal Sambuceti.

En esa línea, el persecutor declaró que la diligencia fue exitosa, ya que se prestó toda la colaboración para desarrollarla como se tenía planificada. Sin entregar detalle de las indagatorias realizadas, el fiscal jefe de Puerto Montt dijo que se enfocaron en diversas líneas: "Primero es hacer la visita al lugar, obtener información directamente de las personas que ahí se encuentran (entrevistas a funcionarios). Por otra parte obtener documentación, fijar el lugar y otras que no puedo detallar".

Sobre si hay antecedentes de negligencia en alguna de las ocho muertes que ocurrieron en Arrullo, el fiscal Sambuceti aclaró que no puede aventurar un resultado y que será la investigación la que determinará si la hubo, o si se comprobó una acción dolosa.

"En el momento que tengamos todos los antecedentes que nos permitan tomar una decisión de formalización de la investigación, es porque se podrá advertir que hay una imputación de una negligencia o de una acción dolosa por parte de alguna personas que tenga a su cargo niños, niñas y adolescentes", precisó el fiscal.

INVERSIÓN

Paralelo a las indagatorias que realizó el fiscal en la zona, el Sename dio a conocer ayer las inversiones que harán en la zona con parte de los 2.500 millones de pesos que hace poco más de un mes anunció la Presidenta para mejorar la infraestructura de los centros del Servicio Nacional de Menores.

Rina Oñate, directora regional del Servicio, contó que serán poco más de 324 millones de pesos los que se usarán en Biobío, principalmente en la ejecución de tres iniciativas: el mejoramiento de la seguridad del centro El Arrullo, la normalización de redes del centro Capullo y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del centro Nuevo Amanecer.

Estas obras se ejecutarán en plazos entre 30 y 40 días y estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas, institución con la que ayer se firmó un convenio de asistencia técnica.

Focalización

"Hoy estamos conformando un grueso de inversión que nos ha permitido abordar las reformas que se requieren, todo eso con la finalidad de garantizar que las condiciones de vida de los niños están acorde con las intervenciones institucionales que se están realizando", explicó Rina Oñate.

Añadió que a partir del año pasado la institución también ha estado invirtiendo en las residencias de los organismos colaboradores. Esto implica que a la fecha se han asignado 1.061 millones de pesos, destinados a optimizar las condiciones de infraestructura de 26 residencias de protección, con el objetivo de entregar una mejor calidad atención y vida a 800 niños, niñas y adolescentes que allí residen.

Dijo que además el Sename implementará un sistema de circuito cerrado de cámaras en el Centro de Protección de lactantes y preescolares Arrullo. Este proyecto lo ejecutará íntegramente el Sename y costará $36.644.504.

"Son todas residencias bastante antiguas. Creo que es importante que la gente tenga claridad que en cada una de estas residencias hay niños que no sólo están esperando las mejoras a la infraestructura, sino también una efectiva restitución a sus derechos, menos estigmatización por parte de la sociedad", añadió Oñate.

A 5 años y un día fue condenado Víctor Daniel Toro Otárola, de 26 años, por robo con fuerza en lugar destinado a la habitación, hecho ocurrido en Tomé.

El fiscal Rodrigo Bascuñán, explicó que el delito se perpetró el 10 de abril, cuando el imputado forzó con un elemento contundente la reja de protección de una ventana, para luego quebrar el vidrio de ella e ingresar por esa vía al interior de una casa en Dichato. Sustrajo un equipo musical, retirándose con la especie, siendo sorprendido por funcionarios de Carabineros.

El tribunal precisó en su fallo que "los antecedentes constituyen indicios suficientes para tener por probado, más allá de toda duda razonable".

Una indemnización de 30 millones de pesos tendrá que pagar el Estado al hermano de Homar Lautaro Manríquez López, detenido desaparecido desde el 6 de septiembre de 1974, en la localidad de Coelemu, Región del Biobío.

Esto, luego que en fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago -integrada por los ministros Dobra Lusic, Guillermo de la Barra y Jenny Book- revocara, en lo apelado, la sentencia dictada el 4 de mayo pasado, por el 29º Juzgado Civil de Santiago. Con ello se ordena a indemnizar a Lincoyán Enrique Manríquez Guajardo, por considerar que la desaparición de su hermano Homar Manríquez corresponde a un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, es imprescriptible tanto penal como civilmente.

"Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos preceptúan que la responsabilidad del Estado por esta clase de sucesos queda sujeta a disposiciones de Derecho Internacional, que no pueden quedar incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, por cuanto, de ventilarse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la transgresión de una regla internacional, con el subsecuente deber de reparación", sostiene el fallo del tribunal de alzada.

En la resolución se agrega que "el resarcimiento del deterioro originado por el delito y la acción para hacerlo efectivo compromete el interés público y aspectos de justicia material, todo lo cual conduce a acoger la acción civil impetrada en autos, cuyo objeto radica en la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, y así también lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país".