Un querella por estafa y otras defraudaciones presentarán hoy tres familias del sector Villa Futuro de Chiguayante en contra de la Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (Egis) Alpric y la Sociedad Constructora La Fragua.
Según explicaron los afectados esta acción busca que los responsables respondan por el proyecto habitacional que no se concretó y que hoy mantiene a las familias en la incertidumbre, a pocos meses que se cumpla la fecha para su salida de los departamentos declarados inhabitables.
El representante de los damnificados, Teddy Hidalgo, contó que la acción legal será ingresada en el Tribunal de Garantía de Chiguayante y apunta al representante de la Egis, Luis Alberto Sanhueza.
BUSCAN RESPONSABILIDAD
El abogado recordó que tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 más de 500 familias del sector Villa Futuro resultaron damnificadas. A cinco años de la tragedia, muchos de los afectados lograron una solución habitacional, sin embargo, algunos optaron por quedarse en los edificios e iniciaron un trabajo con la Egis Alpric tras una gestión realizada por vecinos y el Serviu. "Hasta la actualidad no se ha concretado el trabajo de construcción de viviendas definitivas y tampoco han obtenido una respuesta formal por parte de las autoridades y el representante legal de la empresa", comentó Hidalgo.
Agregó que en una primera etapa, las familias debían gestionar un terreno para que luego la Egis iniciara el proceso de construcción y edificación de las casas o departamentos, los que estarían en calle O'Higgins.
Por otro lado, el jurista contó que a la angustia de las familias se suma la pérdida de los dineros invertidos, entre los que se cuentan recursos fiscales. "Las familias hicieron aportes que iban entre 1 millón y $3 millones. Montos que se suman a los subsidios que fueron a parar a esta Egis". agregó.
En esa línea, el abogado también realizó críticas a las autoridades de Gobierno, encargadas de fiscalizar el trabajo de las empresas ligadas a la construcción de viviendas. "En un primer momento, esta acción legal no busca la responsabilidad penal en contra de las autoridades, pero dentro de las diligencias que se solicitan se encuentra la citación a declarar a representantes de Vivienda y el Serviu", afirmó.
FECHA LÍMITE
Teddy Hidalgo comentó que otras de las situaciones que preocupa a las familias es la inminente llegada de la fecha en la que deberán abandonar los departamentos que habitan y que no cuentan con certificado de habitabilidad. "En cualquier minuto van a ser notificados del desalojo. El Serviu ha dado plazos máximos a algunas familias para inicios del 2017", indicó.
Cabe señalar que otras organizaciones del Gran Concepción han realizado diversas marchas por el centro penquista para denunciar las malas prácticas de las Egis, que intervienen en las proyectos habitacionales. Situación que incluso fue advertida por el Senador, Alejandro Navarro, quien solicitara una revisión de estas entidades.
