El proyecto de reforma constitucional que permite la elección de los gobernadores regionales sigue avanzando en la Cámara de Diputados. Ayer, la Comisión de Gobierno Interior aprobó la iniciativa, la que finalmente será votada el martes 2 de noviembre en Sala.

"Esperamos que se ratifique esta voluntad mayoritaria de poder elegir a los intendentes, futuros gobernadores regionales y esperamos que ello pueda desarrollarse el próximo año, porque entendemos que las regiones no pueden seguir esperando en torno a que su principal autoridad regional siga siendo designada por el nivel central", comentó el diputado Marcelo Chávez (DC), miembro de la comisión que despachó la iniciativa.

Chávez anunció que los diputados DC ingresaron una indicación en Sala destinada a fortalecer las facultades de los gobernadores, señalando que "nos preocupa que la autoridad designada por el Presidente de la República, secretarios regionales, pueda tener más atribuciones que el gobernador regional, que será elegido; por eso, pediremos que todos los planes, políticas y programas que se implementen por los ministerios y servicios de la administración pública, deban contar con la venia y coordinación del gobernador regional, para que pueda tener la supervigilancia respectiva", explicó.

El diputado Sergio Ojeda, en tanto, destacó este avance, reiterando que "la próxima semana será clave en esta materia. Tendremos buenas noticias para los habitantes de regiones, estamos seguros, existe el espíritu de apoyar este avance".

Con la llegada de una nueva administración municipal no sólo cambian los objetivos y obras concretas que se ejecutan en la comuna respectiva, sino también el equipo de funcionarios de las diversas alcaldías. Por lo mismo, tras los resultados electorales del pasado domingo 23 de octubre, se comenzaron a anunciar algunas modificaciones respecto a la configuración laboral de los municipios.

En el gran Concepción se trata de cinco municipios que cambiarán de mando el próximo 6 de diciembre y en cuatro de ellos el personal a contrata y a honorarios supera el 50%, y son vulnerables a ser desvinculados por la decisión de los nuevos jefes comunales.

Es el caso de Hualpén, donde si bien la alcaldesa electa Katherine Torres anunció "una limpieza" y que desvinculará a aquellos funcionarios que estén ligados a casos de corrupción, también hay noticias de que la actual administración espera hacer movimientos y llenar cargos que se encontraban vacantes desde 2015.

IRREGULARIDADES

El hecho encendió las alarmas sobre la intencionalidad de la administración de Fabiola Lagos (PPD) de dejar a cercanos a ella en puestos que no son fáciles de desvincular. Esto, a raíz de la apertura de un concurso público exprés.

Carlos Narváez, presidente de la Asociación de Funcionarios de Planta de la Municipalidad de Hualpén, explicó que actualmente no se podría realizar un concurso público, porque hay varios temas pendientes en relación a los funcionarios.

"En este tiempo se nos ha vulnerado la carrera de funcionario. Por ejemplo, desde el 2007 que no se hacen los escalafones, que es la posición dentro de la municipalidad en base a las notas. Eso nos permite ascender de grado, hemos perdido asignaciones como el Programa de Mejoramiento Municipal (PMG). Si en eso no están al día, no pueden llamar a concurso público", explicó el dirigente.

Es por esto que junto a la concejala Torres presentaron un recurso de protección con orden de no innovar para evitar que se realice el concurso. Además, presentaron los antecedentes a la Contraloría.

VULNERABLES

Sin embargo, lo que sucede en Hualpén es al revés de la principal preocupación de los funcionarios cuando cambia el alcalde: ser despedidos. Así lo explicó el presidente regional de la Federación de Trabajadores Municipales, Juan Benítez. "Siempre hemos tenido problemas con Hualpén, cosa que no se ha dado en otros municipios. Pero acá la preocupación casi siempre es al revés: la gran cantidad de personal que puede ser desvinculado porque un nuevo alcalde trae a su gente", puntualizó.

El director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Andrés Chacón, explicó que existen tres tipos de funcionarios: de planta, a contrata y a honorarios. "El último que nombré no tiene un contrato laboral ni una relación de subordinación y pueden salir inmediatamente. Mientras que el segundo caso cuenta con un contrato que expira en diciembre de cada año y sacarlo es tan fácil como no renovarle contrato".

Asimismo, Chacón aclaró que el personal que está más protegido es el de planta que, además, son elegidos a través de concurso público. Para que ellos sean desvinculados se tiene que iniciar un sumario administrativo, por ejemplo, por faltas a la probidad.

Para Benítez, el problema es que con la nueva normativa sobre plantas municipales, en vez de aumentarlas, ha hecho crecer en un 40% el personal a contrata, lo que significa que se sigue manteniendo la vulnerabilidad de esos empleos. "Este tema lo hemos tratado con las autoridades porque se genera un sistema de precariedad. La ley recién podría permitir el aumento de la planta desde el 2018 y, siempre y cuando exista un respaldo presupuestario detrás", explicó Benítez.

A eso se suma la gran cantidad de personal que trabaja en programas que son financiados por el Estado, como el Quiero Mi Barrio, Programa de Protección a la Infancia o de Protección a la Mujer, donde ninguno de sus trabajadores es de planta.

Si bien ejercerán su rol como federación en caso de que ocurra algún hecho que no sea legal, el dirigente aseguró que, hasta el momento, no han recibido notificaciones por algún proceso de desvinculación que se avecine.

"Confiamos en que cada alcalde será cauto en su actuar y que esté consciente de que se trata de personas y no de cosas de las que puede deshacerse", planteó.

DE CONFIANZA

Fuera de los tres tipos de funcionarios nombrados, se encuentran los cargos de confianza. Por ley se estipula que el administrador municipal, el director de Desarrollo Comunitario (Dideco) y el jefe de la Secretaría de Planificación (Secplan) están en esta categoría.

De esta forma, son designados por el alcalde y pueden ser removidos por él. Queda fuera el caso del jefe de gabinete, cargo que no existe legalmente con ese nombre, sino que se trata de un funcionario a honorarios.