En días pasados, la Presidenta Bachelet anunció personalmente que había decidido retirar la querella por injurias y calumnias contra la revista Qué Pasa, la que fue presentada en el mes de junio pasado en contra del director y un grupo de periodistas de ese medio, propiedad del empresario Álvaro Saieh.

El fundamento para el retiro de la acción judicial fue que el Consejo de Ética de los Medios -órgano de regulación que tiene la asociación que agrupa a los propietarios de los medios de comunicación de nuestro país- determinó sancionar a la citada revista Qué Pasa por infringir la ética periodística.

La presentación judicial tuvo su origen en la publicación que hizo ese medio de los dichos de un operador ligado a la UDI, involucrado en el caso Caval, que en una conversación grabada involucraba a la Presidenta en el citado caso. Cabe recordar que en esa investigación judicial está formalizada la nuera de la mandataria.

El retiro de la querella ocasionó que, con voz de triunfo, algunos personajes señalaran que ellos siempre tuvieron la razón al criticar la acción judicial y no faltó el que se atrevió a decir que esto se debía a que la mandataria no quería enfrentar el juicio. Ni una palabra acerca de los contenidos de la resolución del Consejo de Ética de los Medios. Tampoco hubo mea culpa de los periodistas involucrados.

Para todo profesional de la prensa, la posibilidad de que un periodista pueda terminar condenado en razón del ejercicio de la profesión no es aceptable. Demás está decir que toda limitación o amenaza a la libertad de expresión se torna indeseable per se, por lo que tampoco es tolerable cualquier medida que implique o pueda llegar a entenderse como presión indebida al ejercicio de esa libertad. Esa fue la razón por la se señaló como poco apropiada la querella.

¿Lo anterior implica, entonces, la impunidad absoluta de todo medio de comunicación para denigrar, injuriar o incluso mentir respecto de una persona, cualquiera sea su calidad, cargo o función? Parece indudable que no debe ser así.

Lo lamentable, en principio, consiste en que la legislación chilena contemple normas sancionatorias a los periodistas y no permita una querella contra el medio de comunicación y por extensión, a los dueños de ese órgano de prensa. Es indispensable modificar la legislación en este sentido. Pero eso no libera a los periodistas del estricto cumplimiento de las normas éticas que rigen esta profesión, las que se suponen conocidas por cualquiera que haya pasado por una escuela de periodismo.

El viejo argumento de que todo pasa por la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de empresarios ideologizados, puede resultar una buena explicación, pero sin duda es parcial. La recopilación de información, su adecuada contextualización, la edición cuidadosa que asegure no tergiversar los hechos ni manipularlos, la confrontación de fuentes y el cotejo de datos lo hacen los periodistas cotidianamente y el cuidado permanente de cumplir con las normas éticas es de estos profesionales.

La resolución del Consejo de Ética de los Medios habla por sí sola. Alguien no cumplió.