Corroborar la información que viene en los partes policiales sobre denuncias de robos, para luego ahondar en nuevos antecedentes que permitan dirigir la investigación a un fin exitoso, es parte de la labor que realizan los funcionarios del contact center de la unidad Prai (Proyecto Regional de Atención Integral) de la Fiscalía Regional del Biobío.

Este plan piloto, único en el país e iniciado en marzo de 2016 en la Fiscalía Local de Concepción y, hace dos meses en la Fiscalía de Coronel, está enfocado específicamente en los delitos de robo en lugar habitado, con violencia, con intimidación o por sorpresa.

Se diseñó luego que la entidad detectara que los documentos ingresados por la policías venían con impresiones o con pocos antecedentes que aportaran en la investigación. Tal situación se podía deber principalmente a que los afectados aún estaban en shock cuando eran entrevistados por las policías, por lo que olvidan detalles de sus atacantes o de cómo ocurrieron los hechos.

Aunque no existen cifras precisas respecto a los 4 delitos en los que se enfoca el plan, la falta de información en el total de causas ingresadas las fiscalías del Biobío, llevó a que el 42% de estas fueron archivadas porque no aparecieren antecedentes que permitieran esclarecer los hechos.

Desde esa perspectiva, el Prai recaba antecedentes que puedan ayudar a identificar a los atacantes, como un apodo, una seña en su cara o cuerpo u otro antecedente. Esto ha permitido decretar diligencias inmediatas y directas a las policías.

Necesidad

"Este proyecto emana de la necesidad de generar cambios en algunas áreas, principalmente en la atención inmediata de nuestros usuarios (…). Es una innovación, un cambio, que focaliza nuestros esfuerzos en aquello que es realmente relevante, que son las personas y de esta manera conducir los destinos de la investigación de la mano de aquellos que han sido vulnerados en sus derechos", expuso el fiscal regional Julio Contardo.

El fiscal jefe de Concepción, Octavio Stuardo, sostuvo que este programa ha permitido acortar los tiempos investigativos: "Por ejemplo, cuando se denuncia que el robo lo cometió un sujeto que es conocido en el barrio (pero en el parte decía que es un imputado desconocido), antes se enviaba una orden de investigar a las policías con duración de 30 días, hoy se impone una instrucción particular muy acotada y directa a la policía del sector donde habría ocurrido el hecho, con la información adicional que nos entrega la víctima en el contacto telefónico".

Este nuevo modelo, que es considerado innovador, ya sido visitado y analizado por la Fiscalía Nacional y otras fiscalías regional para replicarlo. Asimismo, durante el presente año se incorporaría la Fiscalía de Talcahuano.

cómo funciona

"Yo me pongo en contacto con las víctimas dentro de las primeras 24 horas de llegado el parte acá, a la Fiscalía, para confirmar los antecedentes que ya tenemos en ese documento y para ver la posibilidad de recabar datos relevantes para la investigación que se pudieran haber pasado en el parte policial o que recabaron después con algún vecino o alguna otra persona que pudiese haber sabido de este robo", explicó Paulette Griño, una de las dos personas que a diario se comunican con las víctimas a través de un contact center de la Fiscalía.

De las 200 causas semanales que ingresan actualmente a la unidad para comunicarse con la víctima, la coordinadora del Prai, Valentina Millacura, precisó que en el 75% se logra tomar contacto para recabar nuevos antecedentes y saber sobre el estado emocional de las víctimas, pues el proyecto no sólo se enfoca en la persecución penal.

"Lo más importante es la atención oportuna de las víctimas", aseguró Millacura. "Eso muchas veces genera la derivación con la psicóloga del Prai, que va a hablar con la víctima, a preguntarle en qué condiciones está o si se toman medidas de protección para éstas", describió la coordinadora del Prai.

Añadió que una de las determinaciones es que la víctima sea ingresada a la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos (Uavt) o llevarla al médico para constatar lesiones, si es que no lo hizo al momento que cometerse el delito.

Este nueva mecanismo se inserta en la etapa inicial del proceso investigativo en la fiscalía local, específicamente entre el ingreso de partes y la asignación de la causa. Su evaluación es positiva, ya que además de la información adicional que recopila, también se logra que las víctimas lleguen hasta el final del proceso, situación que antes no ocurría, ya que algunos desistían de seguir con el proceso penal.

Coordinación y apoyo

El modelo Prai no solo se orienta a la atención de usuarios y a la atención jurídica, en el sentido de recopilar información para el caso y controlar la actuación policial en la toma de las primeras declaraciones, sino que también apoya en otra innovación de la Fiscalía Regional: el Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo (Sacfi).

Esto último, porque se cuenta con información depurada, de calidad y de manera oportuna para el análisis criminal.

Un respaldo total entregó al seremi de Justicia, Jorge Cáceres, el Gobierno, luego de que se conociera de la demanda laboral interpuesta por el ex director general de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Pablo Millán.

El viernes 30 de septiembre el abogado Mario Rojas, en representación de Millán, ingresó la demanda laboral al Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, denunciando que el despido del ex director de la CAJ vulneró derechos fundamentales, ya que a criterio del demandante, su salida no correspondió a una situación técnica, sino que política. Esto, porque trabajó en la institución durante la administración de Sebastián Piñera.

Es ante esta situación que demandó el pago de $100 millones como indemnización.

Respuesta

Respecto a esta demanda, el seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, comentó que el Gobierno respalda al seremi de Justicia y aseguró que la salida de Millán fue resuelta por el Consejo de la CAJ en atención a un análisis técnico, descartando que el despido se debiera a un tema político.

"La desvinculación no fue sólo por una decisión personal del seremi de Justicia, sino que una decisión colegiada del Consejo que dirige esta institución", contó Inostroza.

Entre hoy y mañana se debería notificar oficialmente a la Seremi de Justicia de la acción judicial en su contra. El vocero regional de Gobierno expresó que será en ese momento cuando plantearán en la contestación de la demanda los argumentos específicos sobre la salida de Millán.

Parte del Easy de Hualpén con graves daños y decenas de vehículos con sus neumáticos reventados dejó la explosión que generaron en un cajero automático, por medio de la saturación de gas, cuatro delincuentes, que en su huida además dejaron miguelitos en la vía.

El violento hecho ocurrió cerca de las 9 de la noche del sábado, cuando aún había personas comprando en el recinto comercial emplazado en el sector de la costanera, en la comuna de Hualpén.

Según la informaciones preliminares, los delincuentes se habrían llevado no menos de $30 millones. El cajero había sido cargado el viernes con $80 millones.

Sobre este hecho, el jefe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Concepción, teniente coronel Jorge Romero, contó que el Labocar, el OS-9 y la Sebv (Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos) están realizando las indagatorias para "esclarecer cómo ocurrieron los hechos, y para lograr la detención e identidad de los cuatro sujetos".

Gladys Valenzuela fue una de las decenas de víctimas afectadas por los miguelitos que lanzaron los antisociales a la calzada. "Pinchamos las dos ruedas de delante, pero había muchos más vehículos afectados adelante de nosotros", contó la mujer.