Una chilena y un húngaro solicitaron al Registro Civil día y hora para contraer matrimonio. La autoridad se negó, porque el húngaro carece de cédula de identidad para extranjeros, la que además no puede obtener, porque existe en su contra una orden administrativa de expulsión del país.

La Corte Suprema, en sentencia de 30 de agosto de 2016, acogió el recurso de protección de los novios y ordenó que se permita la celebración del matrimonio. El fallo fue redactado por el ministro Sergio Muñoz, ex presidente del tribunal máximo. No se puede decir que el juez Muñoz sea precisamente un admirador del régimen militar que gobernó Chile durante 16 años, sino, probablemente, lo contrario.

Pero el fallo, redactado por un juez imparcial y objetivo, leal al derecho, contiene un análisis detallado del sistema de garantía de los derechos esenciales de la persona humana, establecido por la Carta de 1980, comenzando el estudio en la Declaración de Principios de la Junta Militar, emitida en 1974 y fundada expresamente en "la concepción humanista cristiana del hombre y la sociedad".

En síntesis, la sentencia dictamina que, en conformidad con la Constitución de 1980, ninguna manifestación de autoridad, ni una ley, ni un reglamento, pueden privar a las personas de sus derechos esenciales, anteriores al Estado, entre los que se encuentra la facultad de contraer matrimonio libremente.

O sea, en 2016, un juez serio, que no teme la crítica superflua, ha reconocido bajo su firma que el régimen militar, por incomprensibles que sean otros hechos ocurridos durante su vigencia, la verdad es que, en el texto constitucional vigente, diseñó y estableció las bases de una sociedad de libertades, y un sistema judicial eficaz para garantizarla. Y fue esto lo que permitió, a la chilena y al húngaro, ejercer su derecho de contraer matrimonio y fundar su proyecto familiar, ejerciendo su natural autonomía, en la que ninguna autoridad pública tiene posibilidad de entrometerse.

Gran revuelo nacional han generado las imágenes de violencia extrema protagonizadas por una adolescente de nuestra ciudad. Una niña a quien en su condición de mujer y menor de edad se le condena con más dureza y estupor por ser violenta y por tener rabia. El resultado está a la luz pública: consternación, enjuiciamiento público y hostigamiento, amenazas de muerte incluidas.

En Enseña Chile trabajamos en contextos vulnerados socialmente y estas imágenes, aunque fuertes y completamente repudiables, no nos resultan ajenas debido a que día a día vemos como la violencia resulta cotidiana en muchos contextos de nuestra ciudad. No siempre hay puñetazos, no siempre hay patadas, pero son muchas las otras formas de violencia que amenazan a nuestras comunidades a diario. Algunas mucho menos televisivas, pero incluso más brutales.

La vida en nuestra ciudad se ha vuelto violenta, la densidad urbana genera tensiones que se acrecientan cuando hay poco respaldo de las familias y las instituciones. Los educadores y colegios hacen su mejor esfuerzo por erradicar estas prácticas, pero como sociedad nos hemos ido acostumbrando y con ello hemos ido normalizando prácticas de violencia.

De lo sucedido en estos días me preocupa no sólo la violencia desmedida que ejerce una adolescente, más llama mi atención la pasividad de las 100 personas que se encontraban alrededor, todos adolescentes que probablemente viven día a día en entornos violentos. Que decir de la adolescente que tiene la frialdad de grabar los hechos y que remata el registro con la frase "Sigrid, te amo", felicitando el comportamiento de su amiga.

Esa misma pasividad y aprobación de la violencia la ejercemos día a día al no intervenir frente a un adulto que maltrata a un menor en nuestra presencia, o cuando insultamos y le tocamos la bocina a un despistado, o incluso cuando tiramos un papel y ensuciamos un espacio que es de todos. Cuando discriminamos al que luce diferente, cuando aportamos con nuestras decisiones a la segregación en nuestras comunas y barrios... y por sobretodo cuando somos indiferentes o juzgadores frente a los problemas del que tiene menos oportunidades que nosotros, tal como los adolescentes del vídeo.

Evitemos la indiferencia, que es la base para que prospere violencia y el abuso. Un gran cambio es fruto de muchos más pequeños. Empecemos por nosotros mismos.

Continuamente vemos en los medios fotografías de procedimientos o cirugías estéticas mal realizadas. Algunas de ellas incluso se han convertido en íconos, como los labios de algunas modelos, la nariz de algún cantante o algunos rostros de la TV, pero se ha preguntado usted ¿Quién ha realizado el procedimiento? ¿Ha sido un médico? ¿Le habrán inyectado algún producto certificado? ¿Era competente el profesional que lo atendió?

Lamentablemente, en muchos casos, la respuesta a esas preguntas dista de lo ideal. Los procedimientos no han sido realizados por cirujanos plásticos, los productos utilizados provienen del mercado negro y, la mayoría de las veces, corresponden a sustancias ilegales, sin ningún tipo de certificación para uso en estética. Tal es el caso de los llamados biopolímeros, que terminan siendo silicona industrial o incluso cera líquida, parafina u otros productos de uso industrial.

La ley chilena indica que sólo un médico cirujano, odontólogo o enfermera, kinesiólogo o paramédico bajo indicación médica, puede inyectar medicamentos. Cualquier sustancia que se aplique en el cuerpo humano, por cualquier vía, constituye un medicamento; por lo tanto, la mesoterapia, rinomodelación u otro inyectable en manos de cualquier persona que no sea médico u odontólogo, constituye un delito; lo que excluye de plano a cosmetólogas y cosmiatras.

Sin embargo, aunque la ley faculta a los profesionales o técnicos anteriormente descritos, a realizar algunos procedimientos, no implica que estén capacitados para hacerlo. Como referencia, un cirujano plástico tiene al menos 12 años de estudios universitarios, casi el doble de un odontólogo y un médico general. Por lo tanto, aunque estén facultados legalmente para realizar procedimientos, claramente no tienen las competencias necesarias, ya que no son parte del programa curricular básico de sus carreras.

Esta situación preocupa a la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica (Sccp), debido a que el Ministerio de Salud ni otros estatutos del Ejecutivo se han involucrado proactivamente en esta verdadera batalla, a favor de la integridad de los pacientes y la ética médica. Es por esto que los más de 150 cirujanos plásticos de la Sccp decidimos dar el primer golpe con la campaña #QueTuCirujanoSeaPlástico, la cual busca crear conciencia acerca de la importancia de atenderse con un experto en esta área.

La iniciativa que cobra aún más importancia, debido al aumento en la cantidad de cirugías plásticas estéticas y reconstructivas que se realizan anualmente en nuestro país. Motivo por el cual no es de extrañar la aparición continua de mal praxis.

Recientemente, conocimos a tres mujeres a quienes se les inyectó silicona líquida y metacrilato en el cuerpo, luego de operarse en el extranjero con sujetos que se hacían llamar "cirujanos".

Es decisión que cambió para siempre sus vidas, ya que no es posible reconstruirlas para dejarlas en su estadio previo y devolverles su apariencia anterior.