Un total de 150 ex conscriptos de la Región ya se sumaron a la demanda que la Corporación para la Integración de los Derechos Humanos de los Ex Conscriptos de Chile, para el período 1973-1990 presentó en contra del Estado de Chile ante la justicia esta semana.

A nivel nacional son 485 las personas de la organización que firmaron el poder donde le entregaron la representación para la abogada Carola Canelo ingresara la acción legal a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que derivó la causa al 21 Juzgado Civil de Santiago.

El vocero de la corporación, Patricio Ossandón, aclaró que este número de personas es inferior al estimado inicialmente, ya que por un tema administrativo no todos lo miembros de la corporación lograron firmar el mandato de representación antes del 14 de septiembre, fecha que se había dispuesto para ingresar la demanda.

"Se le pidió al tribunal la extensión del plazo para entregar la nómina, la que debe ser entregada la primera quincena de noviembre. Por lo tanto, hasta el 30 de octubre en cada región del país hay una notaría habilitada para la firma de mandatos", contó el vocero de la corporación.

Ossandón expuso que dentro de ese plazo esperan lograr la meta de que los 50 mil ex conscriptos de la Corporación firmen el mandato de representación. Estimó que de la Región deberían ser 15 mil los que se unan a la demanda. Hasta el momento, añadió, son unos 150 los que firmaron el mandato.

DEMANDA

Son cuatro las reparaciones que los ex conscriptos solicitan en la demanda. Las tres primeras son: una indemnización por daño moral de $50 millones para cada uno de los demandantes; una pensión vitalicia, equivalente al salario mínimo; que se les incorpore al Programa Reparatorio Integral de Salud, Prais.

"El cuarto punto tiene que ver con una demanda no económica, en donde el Estado le dé el reconocimiento público a nuestra condición de víctimas de la dictadura militar, y que se levante un monolito, pero si nos sentamos a hablar queremos que se le cambie el nombre a la Carretera Austral por el de Carretera Austral Exconscriptos de Chile", enfatizó Ossandón, asegurando que fueron ellos los que levantaron la infraestructura.

El vocero de la Corporación expresó que la acción jurídica que debe ser acogida en los próximos días por el tribunal, se sustenta en la responsabilidad del Estado en la vulneración de derechos que tuvieron los jóvenes que realizaron el servicio militar entre 1973 y 1990.

Tratados

internacionales

"Hay una responsabilidad internacional del Estado de Chile con nosotros, y que está garantizado o más bien estipulado en el artículo 38 de la Corte Internacional de la Justicia, y por la Convención Internacional de Derechos Humanos, en el que obliga al Estado a resguardar la integridad física y psíquica, la libertad personal y por cierto, la vida de las personas. Nuestra base jurídica se sustenta en estos puntos", expresó Ossandón.

Recordó que estos tratados fueron firmados antes de 1973 y que están vigentes al día de hoy.

En términos concretos, la postura de la organización es referente al daño moral que vivieron los ex conscriptos de la época, ya que siendo menores de edad fueron reclutados de forma obligatoria.

"Se nos entregó material de guerra sin tener una instrucción previa. Íbamos a resguardar la soberanía del país, pero cuando nos encontramos en los cuarteles la situación política era otra. Se nos obligó a muchos de nosotros a cometer actos que iban en contra de nuestros principios, y que era atentar en contra de nuestro propios compatriotas", declaró el vocero de la corporación.

Además, aseguró que la decisión se adoptó pues aunque hay cuatro proyectos presentados que abordan esta materia, aún no hay avances en la Cámara de Diputados y los gobiernos tampoco han tomado decisiones al respecto.

La entidad que agrupa a los que realizaron el servicio militar no se cierra a llegar a una conciliación con el Estado y así no seguir con la acción civil.