Un comité político para aunar posiciones con los parlamentarios de la Nueva Mayoría, ceder en el piso del 40% de sufragios para que la nueva figura sea escogida y la presentación de un protocolo de acuerdo. Esas son algunas de las acciones que ha realizado el Gobierno -hasta ahora sin éxito- para destrabar la discusión del proyecto de ley de elección de intendentes, que está en su primer trámite constitucional en el Senado.

Y es que ayer, cuando se había declarado como fecha límite para que la discusión de la normativa saliera de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, con el objetivo de que la elección pueda debutar el 2017, no hubo avance. En gran parte, porque el Ministerio General de la Presidencia, Segpres, no entregó las mejoras al protocolo de acuerdo que había comprometido en la sesión pasada. Esto, porque el primer documento presentado por el Ejecutivo no logró concitar el apoyo esperado.

Tras este nuevo entrampamiento de la discusión, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, anunció que el Ejecutivo le pondría urgencia al proyecto.

"El Gobierno ha tomado la decisión de pedir la suma urgencia para el proyecto, de tal manera que el Senado va a tener plazo hasta el día 29 de septiembre para la discusión en la Comisión y nosotros esperamos que la primera semana de octubre sea el plazo definitivo para que la sala del Senado se pueda pronunciar respecto de este proyecto", puntualizó Cifuentes.

Dicha decisión no fue bien recibida por los parlamentarios, para quienes la urgencia no cambiará el problema de fondo que ha trabado el avance de la discusión del proyecto en el Senado.

VOLUNTAD

El senador Alberto Espina (RN), miembro de la Comisión de Gobierno, señaló que ayer no se presentó ninguna mejora al protocolo de acuerdo, por lo que la sesión terminó sin definición.

Con evidente molestia, el legislador planteó que "hay algunos parlamentarios que quieren que se apruebe la elección de intendente sin importarle las atribuciones. Estamos llenos de leyes de mala calidad que lo que hacen es generar falsas expectativas a la ciudadanía".

En ese sentido, dijo que él está de acuerdo con la elección de intendentes, pero no con las atribuciones que se entregan: "El Gobierno hasta ahora ha sido incapaz de decir cuáles son las atribuciones reales y de ejecución, para que efectivamente tengamos un intendente empoderado, que sea capaz de dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía. Hemos planteado que el Gobierno debiera establecer al menos como condición en la reforma constitucional, que antes de la vigencia de la elección democrática del intendente, se tienen que fijar sus atribuciones, porque si no es un engaño y un fraude a la ciudadanía".

A nivel local, el seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, destacó el interés que ha manifestado la Presidenta Bachelet al enviar este proyecto y aseveró que "la puerta no hay que darla por cerrada, sino que más bien lo que han señalado los parlamentarios son observaciones a detalles de modos distintos, como puede ser mayores atribuciones, mientras que otros velan por un umbral mayor de elección".

Recalcó que eso es parte de la etapa normal de debate entre parlamentarios, pero que habiendo voluntad, el camino seguro es que se despache la iniciativa.

FALSAS EXPECTATIVAS

Según el senador Víctor Pérez (UDI), el problema con la discusión de esta iniciativa es que llevan más de dos meses con el mismo debate: las atribuciones. Pese a que cada vez son más los parlamentarios que han hecho latente su decisión de rechazar la normativa, no existe un cambio a sus atribuciones, aseguró.

"Los plazos se han ido cumpliendo y hoy (ayer) llegó a su punto máximo, considerando que si se extiende aún más la discusión, la elección no podrá realizarse el próximo año, como espera el Gobierno. Ya entramos en una etapa en que ni siquiera los senadores de la Nueva Mayoría quieren votar. Es una iniciativa tan falta de atribuciones, que le cambiaron el nombre de intendente a gobernador regional, porque es una figura que no tiene nada que ver con el intendente actual", señaló el parlamentario de Biobío Cordillera.

En el texto, además del gobernador regional, se contempla la figura de un representante del Ejecutivo. Esta propuesta ha sido cuestionada por la superposición de tareas.

Con el correr de las semanas, se ha visto una disminución del apoyo parlamentario, contrario a los esfuerzos hechos por el Ejecutivo, aunque Pérez destacó que ellos tampoco han cumplido los compromisos de mejorar la transferencia de competencias.

Por lo mismo, el senador Espina expuso que no se trata de una iniciativa descentralizadora, sino todo lo contrario. "Gran parte de las atribuciones las mantiene el delegado presidencial, un intendente sin poder. Eso es estar amarrado de manos y yo no me voy a prestar para eso", recalcó.

Pérez dio como ejemplo que una vez implementado el gobernador regional, cuando reciba a un comité de Vivienda "tendrá que decirle que él no tiene poder sobre el Serviu y que las negociaciones se tienen que hacer con el delegado presidencial".

APOYOS

En la vereda del frente, el senador Alejandro Navarro (ind) aseguró que tanto Chile Vamos como la Nueva Mayoría están dilatando la discusión de la iniciativa, a raíz de que "ellos tienen intereses de que esta figura no sea aprobada y que se mantengan, en ambos casos, las figuras designadas. En esto ha faltado voluntad política para hacer viable una elección el 2017".