En medio de la discusión parlamentaria respecto a la reforma a la Educación Superior, entre varios aspectos, se incluye una serie de medidas para fortalecer el área técnico profesional. Fortalecimiento que tiene como principal argumento los números que concentra este tipo de educación en los últimos años, convirtiéndose en muchos casos en la primera opción para la formación integral en la ciudadanía.

El Servicio de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación (Sies) dio a conocer este lunes las estadísticas de egreso del año pasado, donde por primera vez a nivel nacional la cantidad de alumnos que terminan el ciclo superior en Institutos Profesionales (IP) o Centros de Formación Técnica (CFT) supera a la de quienes egresan de universidades. Cerca de nueve mil estudiantes es la brecha entre ambos tipos de instituciones.

En el caso de la Región del Biobío, el caso se repite con los IP y CFT, superando por cerca de mil alumnos egresados a las universidades.

Si a este indicador se suman las cifras de matrícula -que en el caso del área técnico profesional ha pasado de 24 mil a 61 mil alumnos en diez años- y los porcentajes de empleabilidad que tienen al primer año, según propias cifras del Sies, la conclusión inicial queda a la vista: la oferta educativa de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica se ha vuelto una alternativa real y bien considerada por la ciudadanía.

"Del total de 153 mil alumnos que participan de la educación superior en pregrado, 61 mil pertenecen a estos recintos. Cuatro de cada diez alumnos estudian en institutos o centros de formación técnica, lo que demuestra lo atractivo de la oferta", planteó el seremi de Educación, Sergio Camus.

ARGUMENTOS

Al momento de consultar a las autoridades académicas de la zona sobre las principales razones tras el diagnóstico que posiciona a los IP y CFT como la oferta académica de mayor crecimiento, estas señalan que muchos mitos han sido derribados con la modernización de estas instituciones jugando un rol clave.

"Ha existido mejor apoyo de los beneficios del Estado en cuanto a financiamiento, becas y CAE a mejor tasa para carreras que son de más bajo valor que las Universidades, también aumento de una oferta de formación vocacional de mejor calidad, combinado a la duración de las carreras, que son más cortas, y sus buenas tasas de empleabilidad", dijo Jorge Fuentealba, director de Duoc UC sede Concepción, que hoy cuenta con más de seis mil alumnos en la Región entre Concepción y Arauco.

"Tenemos instituciones que han dado pasos enormes en calidad, con proyectos de carrera que apuntan a los profesionales y/o técnicos que el mercado laboral necesita, estudiando carreras de menor costo en tiempo e inversión y por lo mismo, permiten a los estudiantes ingresar con prontitud al mundo del trabajo, y si es que lo desean permiten realizar un camino 'articulado' desde carreras técnicas de nivel superior hacia profesionales e incluso en algunos casos, a la universidad", complementó Juan Matamala, director académico sede Concepción del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, que reúne a más de nueve mil alumnos en el Biobío.

"Estos resultados no nos sorprende mucho, ya que la matrícula ya había mostrado un importante alza. La duración corta de las carreras es un punto a favor, ya que no se debe permanecer cinco a seis años en la universidad para obtener un título. Muchos estudios planteaban un déficit en el tema curricular hasta hace algunos años, lo que ha sido mejorado y eso se refleja en el interés", añadió René Lagos, vicerrector académico del Instituto Profesional Virginio Gómez, que cuenta con diez mil alumnos en sus sedes a lo largo de la Región.

DESAFÍOS

Al poner en perspectiva estas cifras y proyectarlas en el tiempo, los actores involucrados piden que los avances del Gobierno en la materia se mantengan y se fortalezca al área. "Actualmente se visualiza un avance importante en una política nacional de formación técnico profesional. Es de esperar que esta política incorpore mayores recursos y que pueda cubrir la totalidad de su matrícula y arancel, que considere aportes diferenciados", señaló Juan Matamala, director académico del IP y CFT Santo Tomás.

"Si la política pública logra fomentar el desarrollo de ejes como la calidad y el acceso, el sector debería continuar una senda de crecimiento. Hasta el momento, hemos visto que las señales de la autoridad apuntan a fomentar en forma decidida el crecimiento", complementó Jorge Fuentealba de Duoc UC Concepción.

Respecto a beneficios relacionados con financiamiento, el seremi Sergio Camus planteó que "del total de estudiantes, un 40% cuenta ya con becas Milenio I, II y III, financiando casi la totalidad de sus carreras. Con el proyecto de ley, la gratuidad podría expandirse a estos sectores como inicialmente estaba planteado, por medio de la glosa presupuestaria, lo que fue impedido por parlamentarios opositores, obligando a aumentar la cobertura de las becas ya mencionadas".

Pese a que originalmente el llamado fue realizado por la Confederación de Estudiantes de Chile zonal sur (Confech) a movilizarse ayer, sólo un grupo de 50 personas se reunió pasadas las 13 horas en los Tribunales de Justicia. Estos en su mayoría eran estudiantes de la Universidad Andrés Bello (Unab) sede Concepción, quienes están en un proceso de sumario luego de tomarse el recinto ubicado en la Autopista Concepción-Talcahuano a fines de julio.

"Se nos ha informado de manera bastante irregular, ya que se debía informar por los canales oficiales el procedimiento. Sin embargo, sólo 14 personas fueron notificadas y nosotros nos tuvimos que hacer cargo de informarles sobre la citación. Existían dos instancias de reunión, de las cuales fue invalidada la primera en algunos casos. El procedimiento tiene bastantes vicios y sólo se hace alusión al artículo por el que cometimos una falta. No tenemos detalles para poder ejercer una justa defensa", manifestó Lautaro Paninemal, alumno de tercer año de Geología y uno de los afectados.

Pese a que no existe una definición clara sobre los pasos que se darán respecto al procedimiento, que podría tener como sanción la suspensión por uno o dos semestres, los estudiantes afectados piden que se suspenda el procedimiento a raíz de la poca claridad en algunas decisiones de las autoridades académicas.

"La idea es que todo sea bastante regular, con los procesos correspondientes. Vamos a ir con la verdad por delante, ya que cometimos sólo la falta de la toma que aparece en el reglamento, y aún así nos coarta mucho la libertad de expresión y van sobre los derechos que tenemos", dijo Paninemal. Esta situación se da en el contexto de una negociación entre las autoridades y los estudiantes tras las movilizaciones de los últimos meses.

"En paralelo tenemos una mesa de trabajo, donde se supone que tendremos definiciones a fin de mes. Hasta el momento hemos conseguido 180 millones de pesos en becas, lo que es muy poco sacando la cuenta la cantidad total de alumnos. Nosotros pedimos la rebaja del arancel y matrícula", contó Héctor Arriagada, uno de los representantes del alumnado, que pone como punto clave para negociar el término de los sumarios.