El Gobierno le otorgó ayer el carácter de discusión inmediata al proyecto de ley que regula las libertades condicionales que se encuentra en segundo trámite legislativo, con el objetivo de aumentar los requisitos.

Esto último, con el objetivo de evitar que vuelvan a suceder situaciones como la cuestionada liberación masiva de reos ocurrida en mayo pasado

REINSERCIÓN SOCIAL

La iniciativa busca regular el "beneficio de la libertad condicional, a la que podrán acceder las personas que estando privadas de libertad, cumplan determinados requisitos y muestren un real avance en el proceso de la reinserción social".

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, explicó que "queremos que se apruebe lo antes posible. Tenemos un próximo proceso de evaluación de libertades condicionales en el ámbito judicial y nos gustaría que se hiciera bajo los nuevos parámetros".

ACTUALIZACIÓN DE LEY

La secretaria de Estado agregó que "es una moción parlamentaria que nosotros apoyamos, porque creemos que es necesario actualizar una ley del año '25. Y así poder asegurarle a la gente que las personas que salen en libertad den garantías de haber sido rehabilitadas".

La idea es que el proyecto sea despachado antes del 1 de octubre, fecha que coincide con el inicio de un nuevo proceso de las comisiones que revisan las libertades condicionales, que comienzan a sesionar la primera semana de ese mes.

La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y debe ser vista por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

lo que establece

El proyecto que regula las libertades condicionales busca elevar los requisitos para acceder a ese beneficio. Entre los puntos que plantea están: haber cumplido la mitad de la condena, haber tenido una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena, haber sido beneficiado y estar haciendo uso de alguno de los permisos de salida ordinarios establecidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y contar con un informe favorable de reinserción social.

Asimismo, se modifica la composición de las Comisiones de Libertad Condicional, que estarían integradas por un ministro de la Corte de Apelaciones, que será su presidente, cuatro jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal y un funcionario que designe el tribunal de alzada será secretario.

Luego que la Corte Suprema emitiera un crítico informe sobre los centros del Sename, en el que reveló que estos hogares sufren insalubridad y sobrepoblación, la magistrada y encargada de asuntos de Familia del máximo tribunal, Rosa María Maggi, afirmó ayer que el Poder Judicial está impedido de tomar alguna acción para hacer frente a la situación y dijo que el Estado debe hacerse cargo de las precarias condiciones de estos recintos.

"Va a haber que buscar medios para darle la solución. Hay algunos hogares que no tienen mayores observaciones, hay otros que tienen observaciones graves. Hay algunos que necesitan mucho más personal, hay innumerables necesidades", sostuvo la ministra.

"Realmente, esto es un tema mayor que hay que abordar. Nosotros como Poder Judicial no tenemos las herramientas, no tenemos financiamiento para hacer esto. Lo que podemos hacer es colaborar y ayudar diciendo 'mire, este es el diagnóstico, usted tiene que privilegiar tales y tales medidas', y corresponderá a la autoridad administrativa adoptar estas medidas", agregó Maggi.

El informe

El reporte de la Suprema, elaborado con base en las visitas que realizaron personalmente los jueces de familia a los hogares destinados a los niños y adolescentes necesitados de protección, determinó que, del total de 298 residencias en el país, las manifestaciones más graves de sobrepoblación se observan en Rancagua (56%), Copiapó (50%), Antofagasta y La Serena (45%), Santiago (43%), San Miguel (42%) y Arica (40%). Esto "redunda en atención insuficiente a los niños, niñas y adolescentes", indicó el estudio.

También se observó una falta de prestaciones médicas en el área de salud mental y la escasez de personal especializado para la atención de menores con problemas abusivos de drogas.

análisis en comisión

El presidente de la comisión investigadora por la crisis en el Sename, diputado Ramón Farías (PPD), informó ayer que la instancia analizará en los próximos días el informe emitido por la Corte Suprema.

"Realmente, es preocupante lo que está ocurriendo; sin embargo, lo que dice este informe no es algo que nos resulte desconocido como comisión, ya que varios de nosotros hemos constatado en terreno la sobrepoblación, la falta de personal especializado y la falta de higiene, no sólo en centros del Sename, sino que también en organismos colaboradores", manifestó el parlamentario.

"El informe de la Corte Suprema va a ser integrado a nuestra investigación, porque nos interesa que se tomen medidas inmediatas y concretas", agregó. El legislador señaló que ahora cobra mayor importancia que en la próxima sesión de la comisión asista el director de Presupuestos, Sergio Granados, "para que nos señale las platas con que va a contar el Sename el próximo año, porque mejorar los sistema de baños, contar con personal especializada, más enfermeras, médicos, siquiatras, requiere de recursos, y nosotros queremos saber si esos recursos van a estar".