Dos de los tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que fueron detenidos en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía de Talcahuano y por la propia institución, por la supuesta comisión de diversos delitos, quedaron en prisión preventiva. En la misma circunstancia quedaron las dos mujeres que también fueron arrestadas junto a los funcionarios de la policía civil.
En las dos horas de audiencia, el fiscal Álvaro Hermosilla expuso los antecedentes del caso y se formalizó la investigación por los delitos de asociación ilícita, robo con intimidación, tráfico de drogas, violación de secreto y denuncia calumniosa. El juez del Juzgado de Garantía de Talcahuano dejó en prisión preventiva a los subinspectores Edward Melo Fuentes de la Bicrim de Talcahuano y Javier Rauch Garrido, que en el momento de los hechos investigados pertenecía a la Brigada de Homicidios. Estos quedaron recluidos en las celdas de la Prefectura de la PDI de Concepción por orden del juez.
En tanto, el inspector Fabián Estrada Estrada, que también pertenecía a la Bicrim de Talcahuano, quedó con la medida de arresto domiciliario total.
Para los casos de Carla Tapia y Mirtha Fuentealba, quienes tenían, aparentemente, una relación sentimental con los funcionarios de la PDI, el tribunal determinó que quedaran recluidas en la cárcel de Chillán. La acción, solicitada por ellas mismas, se decretó porque mantienen conflictos con mujeres que se encuentran internas en la Cárcel El Manzano.
INVESTIGACIÓN
La investigación realizada por el Ministerio Público y el Departamento V de Asuntos Internos de la PDI comenzó el 14 de junio de este año, cuando la pareja de ese momento de Carla Tapia, que estaba detenida por otro hecho, le entrega un celular a funcionarios de la policía civil, donde existía una serie de mensajes entre la mujer y el subinspector Rauch. En la conversación se hacía referencia a la venta de droga.
El fiscal Hermosilla expuso que se trataría de medio kilo de clorhidrato de cocaína y sería este delito el que se investigará en contra de estas dos personas.
A partir de ese antecedente se pudo detectar que el subinspector Melo, junto a Carla Tapia, Mirtha Fuentealba y otra personas que tiene una orden de detención, habían conformado un grupo para cometer robos. Se tiene antecedente de que habrían cometido un robo con intimidación, que resultó ser frustrado, en la comuna de Lota, el 2 de junio.
Es por este hecho que la Fiscalía les imputa a las mujeres el delito de asociación ilícita y de robo con intimidación. "Se organizaban a través de la plataforma Whatsapp organizando algunas actividades ilícitas (…). Eran dirigidas por una persona que tenía el carácter de funcionario público y las mujeres ejecutaron las acciones que él instruyó conforme a la preparación previa", contó el fiscal Hermosilla, especificando que el grupo que se conformó para cometer este tipo de hechos se denominó "criaturas del señor".
En el caso del inspector Estrada, el delito que se le imputa, el que también quedó al descubierto a través de mensajes de texto, es el de violación de secreto y denuncia calumniosa. Según la investigación de la Fiscalía de Talcahuano, éste le entregó información reservada sobre órdenes de detención pendiente y también las orientó para que realizarán denuncias que tenían por objeto eludir la acción de la justicia.
Con la finalidad de investigar todos estos hechos, el Juzgado de Garantía de Talcahuano dio un plazo de cuatro meses.
DEFENSA
"Somos gente luchadora y del pueblo nada más (…). Yo tengo un negocio y le entrego dinero para que estudie y salga adelante", sostuvo Eva Fuentealba, mamá de Mirtha, asegurando que lo que se le imputa a su hija no es verdadero.
Para Pedro Fritz, abogado de Edward Melo, los antecedentes proporcionado en la Fiscalía no logran acreditar el delito de asociación ilícita, ya que no se establecieron requisitos importantes para su comisión. "No hay una permanencia en el tiempo, una estructura o jerarquía, son elementos y presupuestos que en este caso no se dan. Por eso esta defensa cuestionó ese delito", declaró el defensor del subinspector.
Sobre el delito de robo con intimidación, comentó que es cuestionable como se inicia la investigación y que es vulneratoria, debido a que los antecedentes que entregó la Fiscalía estaban en el teléfono de una de las imputadas, el que fue revelado sin su autorización.
No obstante, el fiscal Hermosilla sostuvo que las pericias que se realizaron al móvil fue con autorización del Juzgado de Garantía de Talcahuano.