La muerte de Lissette Villa Poblete, la niña de 11 años que falleció de un paro respiratorio en abril pasado bajo el cuidado de uno de los hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename), dio cuenta de una crisis amplificada que afecta al sistema de protección estatal de menores. Y desató un debate que alcanzó ribetes políticos, con la presentación de una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco.
Unicef se ha hecho parte de este debate, que también se ha llevado adelante en el Congreso, donde se tramitan y alistan proyectos de ley para tratar de dar con una solución a la precaria situación que hoy viven los menores más vulnerables del país. Así lo explica Anuar Quesille, oficial de protección de la representación del organismo internacional de la ONU en Chile.
Quesille cuenta que viaja todas las semanas a Valparaíso para participar del debate parlamentario y que Unicef ha entregado su punto de vista y recomendaciones en esa instancia: "Nosotros tenemos, conforme a nuestro mandato, facultades y competencias en el Estado de Chile que dependen de un convenio de colaboración que establece que el Estado necesita el apoyo de Unicef para promover el cumplimiento de la convención sobre derechos del niño".
-Esta es una cuestión que no necesariamente corresponde al momento actual. Uno tiene que irse a momentos anteriores y el parámetro es la ratificación de la convención sobre los derechos del niño. El año 1990, el Estado de Chile se compromete a cumplir con un catálogo de derechos y garantías para los niños que implica un gran cambio de paradigma, que es considerar a los niños como sujetos de derecho y no solamente como objetos de protección. Cuando existen ciertas situaciones que implican que el niño esté en un estado de vulneración de un derecho, el Estado debe otorgar protección especial. Y si uno analiza, desde que se ratifica la convención ha habido importantes avances en materia de infancia. El Chile Crece Contigo, la escolaridad obligatoria, la ley de afiliación, la creación de la figura del cuidado personal compartido, programas de inmunización, la ley de responsabilidad penal adolescente, son avances muy importantes en materia de infancia. Pero en el caso de niños, que son generalmente los que pertenecen a los estratos más pobres, hay una deuda. Pareciera que la institucionalidad del Sename da cuenta de que es necesaria, no desde ahora, sino desde que se ratificó la convención, cambiar el sistema. Y esta no es una cuestión del Gobierno, es una cuestión del Estado. Desde el año 1990 en adelante, el diseño de las instituciones que se hacen cargo de los niños que han sido vulnerados en sus derechos debe estar dotado de ciertos requisitos imprescindibles para reparar el daño con el cual los niños entran y reconocer sus derechos. Esto no es una cuestión de posturas políticas. Si uno le pregunta a distintos políticos, nadie va a estar en desacuerdo con que el sistema debe sufrir un mejoramiento.
-A nuestro entender obedece a los estándares internacionales. En primer lugar, para que no se produzcan estas situaciones de vulneración de derechos al interior de los centros del Estado, se necesita que los niños no lleguen a estas instituciones. La primera medida es ¿cómo se evita que los niños lleguen? La colocación de los niños en centros del Estado debe ser una medida de último recurso. En la medida que existan planes y políticas públicas transversales e intersectoriales donde se tienda a disminuir la pobreza, las familias van a tener mayores posibilidades de poder desarrollarse. Cuando la familia falla, cuando las políticas públicas no son efectivas, se van a producir vulneraciones de derechos. Y ahí el Estado tiene que hacerse cargo.
-Tienen que ser instituciones pequeñas, que permitan una atención personalizada, que pueda atender a cada niño no como un caso, sino como un niño entendido en su individualidad. En segundo lugar, la entrada del niño a la institución tiene que cumplir un solo objetivo, que es mantener al niño en esa institución el menor tiempo posible, porque está probado que la estadía de los niños en instituciones del Estado produce ciertas trabas para el normal desarrollo. Pese a que no son infractores de la ley, igual es una privación de libertad. Y hacer un seguimiento y un acompañamiento del niño más allá de lo que dura la medida para evitar que no vuelva a entrar más.
-Es exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que cuando un adolescente es imputable y comete un delito, el derecho penal llega tarde, llega cuando el delito ya se cometió. Y aquí lo que hay que velar es por la prevención del delito. Cuando el adolescente ingresa y cumple una pena, lo que hay que hacer durante ese tiempo es rehabilitarlo y reintegrarlo.
-Hay ejemplos y hay prácticas que han sido muy positivas. Pero generalmente todos los desafíos están dados por el tema de la especialización.
-Exactamente. Cuando hablamos de requisitos de los centros, hablamos de funcionarios en un número adecuado para atender la necesidad de los niños, funcionarios con condiciones de trabajo acorde a la labor que desarrollan. Los funcionarios que trabajan en los distintos centros trabajan en condiciones muy complejas; por lo tanto, es importante que tengan mecanismos de autocuidado y que existan niveles de especialización. Y no solamente especialización orgánica. No basta con que un servicio tenga un departamento encargado de la infancia y la adolescencia, hablamos de una especialización funcional. Es decir, que las personas que van a trabajar en los programas tengan capacidades profesionales. Ahí es importante también el rol de los jueces que deciden la institucionalización de un niño, que también tienen que tener especialización funcional. Antes de decidir llevar a un niño a una institución del Estado, el juez tiene que agotar todas las vías. El desafío en Chile es desjudicializar los problemas de la infancia. Hay una sobredemanda de los tribunales de justicia, entonces muchas veces no dan abasto para fallar todos los casos de infancia.
-Eso es parte del gran desafío que tiene el Estado ahora. Toda esta crisis institucional está dada por dos temas: uno es el de los niños que están al cuidado del Estado en residencias y el otro es la oferta que se da en el medio libre. El seguimiento y el acompañamiento de los niños que están en el medio libre no se agota con el plazo que dura la medida. El estándar internacional habla que tiene que ir más allá para verificar que la vulneración de derechos va a desaparecer. La política pública no sólo tiene que tener en cuenta a los niños que están privados de su medio familiar, porque la política pública implica que eso disminuya y lo importante es la oferta en el medio libre, que es al que se aspira que lleguen los casos.
Agenda legislativa
-Acá lo que hay que hacer es preguntarse cómo especializamos la oferta de los niños que han sido infractores de ley y de los que se encuentran en el sistema de protección especial. Una de las formas es dejando como organismo encargado de esos grupos de niños a las instituciones más directamente vinculadas con el tema. Y en este caso parece pertinente que los adolescentes infractores de ley estén bajo la supervisión de Justicia y los niños que son parte del sistema de protección, de Desarrollo Social, que además va a ser el ministerio responsable de la infancia en Chile. Pero esto no se trata de dividir en dos, esto implica una inyección importante de recursos y, además, el hecho de dividir no agota la problemática. Esta es una cuestión intersectorial. El Ministerio de Salud, de Educación, de Deporte, Vivienda, Cultura y Hacienda, tienen mucho que decir. No es un tema de Justicia, es un tema que recae en Justicia porque es el organismo actualmente responsable bajo la institucionalidad existente pero, en términos generales, la infancia es un tema de Estado, no de carteras del Estado.
