De lo más consensuado del diagnóstico sobre la educación superior es que el sector técnico profesional (TP) tiene un rol clave en la sociedad. El aumento de la matrícula entre el 2005 y el 2015 fue de 342.000 estudiantes, sustancialmente más que la expansión del alumnado universitario, lo que hizo que la participación de los estudiantes de primer año en TP creciera desde un 42,3% a un 55,6%.

Ello ha llevado a abrir la educación superior más allá de las élites, con sectores de ingresos bajos y medios siendo parte de la educación terciaria, con el sector TP como responsable directo.

Los desafíos del sector, sin embargo, son mayores y la visión desde instituciones como Duoc UC, con una historia unida al desarrollo de un país joven en lo productivo, le da una posición privilegiada para enfatizar al menos tres.

Primero, se debe terminar con la discriminación histórica contra los alumnos TP en el acceso al financiamiento y ahora de su exclusión de la gratuidad. El privilegio del financiamiento estatal a los alumnos universitarios explica al menos 10 puntos de la composición de la matrícula, lo que indica que la idea que "culturalmente la universidad es preferida" es una exageración y parcialmente falsa.

Segundo, se requiere una política que impulse un salto en la articulación entre educación media y superior TP, fundamental para aumentar la pertinencia y rentabilidad social del ciclo medio. La experiencia de Duoc UC con su liceo TP (Liceo Politécnico Andes) y con una decena de otros asociados, apoyada por proyectos Mecesup del Ministerio de Educación, indica que una articulación masiva requiere de mayor espacio para que instituciones de reconocido prestigio en el sector TP lideren con la unidad de currículos del Ministerio modificaciones en la enseñanza media y que el Estado apoye la ampliación de la infraestructura tecnológica de las instituciones de educación superior TP para que acojan tempranamente a estudiantes de enseñanza media en un ciclo de conocimiento y descubrimiento vocacional, que no puede darse a nivel de liceo.

Tercero, requerimos un avance en la vinculación con el sector productivo, que es el que mejor identifica los requerimientos laborales del futuro. Nuestra experiencia es que dicha vinculación ha relevado la necesidad de una formación de competencias cada vez más general, orientada a la resolución de problemas, al trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la adaptabilidad.

En ello, la promoción de la investigación aplicada y el avance hacia la formación dual, como complemento de lo estrictamente disciplinar, es un camino que demanda recursos, pero resulta esencial para el salto que Chile necesita.

El tema de las pensiones se ha instalado en el debate nacional, captando -al menos instrumentalmente y con fines electorales- la atención de una clase política que durante 35 años convivió y amparó en forma silente los abusos del modelo.

A fin de transparentar lo que ocurre en este tema, y en función de las cifras oficiales que entrega la Superintendencia de Fondos de Pensiones, es que considero relevante exponer cual es la real situación de las pensiones en el país.

En Chile hay más de 1.1 millones de personas que reciben en promedio 207 mil pesos, promedio que sube a 220 mil si se considera el aporte solidario que realiza el Estado. Ante estos datos, resulta importante señalar que los promedios pueden falsear al alza los montos en cuestión, especialmente cuando se implementan como factores de análisis en sociedades altamente desiguales. A su vez, es importante explicitar que los promedios invisibilizan lo altamente discriminatorio que es el modelo para la mujer trabajadora respecto a los montos que reciben los hombres. Es por todo ello, que resulta importante centrar el debate en cifras que evidencian objetivamente el problema.

De esta forma, uno de los datos decidores y por el cual el tema de las pensiones explosionó, es aquel que establece que poco menos de 850 mil pensionados recibe actualmente un monto inferior a 160 mil pesos, lo que es insuficiente de cara a los gastos que tiene una persona con independencia a la etapa de su vida en la que se encuentre. De hecho si se considera que el salario mínimo es de 257 mil pesos, y que su finalidad es la satisfacción de las necesidades más primordiales de los trabajadores y su familia, resulta fácil concluir lo indigno que son las pensiones. En este mismo sentido, y a partir del pilar solidario creado el 2008, las personas que nunca han cotizado y que pertenecen al 60% más pobre del país reciben una pensión básica solidaria de 93 mil pesos, correspondiente al 36% del salario mínimo.

Resulta evidente concluir, y más allá de toda duda razonable, que en Chile no existe un sistema de seguridad social. En Chile, el modelo -y más allá del aporte solidario del Estado- da cuenta en la práctica de un sistema de ahorro que es de tipo individual, obligatorio y de carácter privado, modelo que no es replicado por la mayoría de los Estados desarrollados, los que han optado por un sistema de tipo solidario y por el cual los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados a través de un sistema que considera que cerca del 85% de la cotización se va al reparto y el 15% al ahorro individual, realizando los ajustes necesarios en función de los evidentes cambios que existen en todas las sociedades y modelos económicos, ajustes que se hacen sin perder el objetivo central relativo a ofrecer verdadera dignidad económica a las personas que con sus trabajos aportaron al desarrollo.

El lucro, esto es el reparto de las utilidades entre los dueños de una empresa, vuelve a estar en el debate público en el Chile actual, en que muchos opinan sin hacerse cargo de sus dichos. Quisiera referirme a los cuestionamientos de unos personeros políticos que han buscado descalificar a la Unab por el solo hecho de tener como sostenedor financiero a Laureate, una Red Internacional de Educación Superior, que se declara así misma con fines de lucro pero que en nuestro país ha operado siempre respetando la legislación vigente, que lo prohíbe explícitamente en cualquier universidad, y es así que la Unab nunca ha repartido utilidades a ningún miembro de la Corporación.

Ello constituye ciertamente una afrenta a sus estudiantes, académicos y funcionarios. Es ineludiblemente responsabilidad del Estado precisar si, en el marco de la reforma educacional, la venta de servicios académicos o arriendos inmobiliarios por empresas relacionadas seguirán siendo legales. No corresponde hoy por lo tanto, descalificar y estigmatizar a priori a una comunidad universitaria.

Miles de estudiantes y académicos se han incorporado a la universidad para desarrollar un proyecto educativo de calidad, acreditada en Chile y Estados Unidos, contribuyendo así al desarrollo nacional.

En la Región del Biobío, presente desde el 2009, tanto su crecimiento en infraestructura (hoy modernos 30.000 m2 para 6.000 alumnos) como su posicionamiento, reconocimiento de las personas e instituciones, como su vinculación con el medio productivo y de servicios han sido manifiestos: creación de nuevas carreras y programas de especialización en salud, convenios docente asistenciales, programas para el adulto que trabaja, carácter inclusivo y plural real, participación en corporaciones públicas y privadas de desarrollo regional y actividades culturales periódicas, valoradas por todos. Siendo un sello característico de la Unab su compromiso con la investigación, también esto se expresa por la innovación y generación de conocimientos en nuestra zona.

Todo lo anterior y muchas otras razones nos hacen sentir orgullosos de contribuir desde esta Universidad al desarrollo social de familias medias y vulnerables de la Octava Región, comprometidos desde siempre con el rigor y la calidad universitaria.