La fiscalía regional de Rancagua, a cargo del caso Corpesca y encabezada por Emiliano Arias, instruyó a la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) requerir en forma voluntaria la contabilidad de ocho pesqueras del Biobío en el marco de una nueva arista de investigación liderada por el fiscal Emiliano Arias.

Según citó ayer el diario La Tercera, durante esta semana, efectivos de la PDI concurrieron a las dependencias de las pesqueras Orizon S.A. y Coloso S.A, Blumar S.A, Grimar S.A., Landes S.A., Bahía Coronel S.A. y Alimentos del Mar S.A., para solicitar los libros contables utilizados entre los años 2010 y 2014.

Según la instrucción despachada el 5 de agosto pasado, informó el matutino, se solicitaron en formato digital los libros de compras y de pagos de honorarios. Además de las declaraciones de impuestos a la renta realizadas entre esos años, sus rectificatorias y las boletas de honorarios correspondientes a esas aclaraciones de impuestos.

La misión de los policías incluía además tomar declaraciones voluntarias al encargado de la contabilidad de cada empresa, con el fin de que este señale la identidad de la persona que entre los años señalados en la instrucción, tenía a su mando la tarea contable de cada empresa. Arias otorga un plazo de diez días para cumplir con la diligencia. Sin embargo, según fuentes ligadas a las investigación, estos antecedentes ya fueron obtenidos por la Bridef.

La diligencia, afirmó el medio escrito, apunta en su mayoría a empresas agrupadas en la Asipes A.G, así como las dos filiales del grupo Angelini ubicadas en el Biobío, Orizon S.A. y Coloso S.A.