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Dictan condena contra ex miembros de la Armada

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Por el de homicidio de Hugo Candia Núñez y de aplicación de tormentos a Máximo Neira Salas, el ministro de la Corte de Apelaciones, Carlos Aldana, condenó a dos miembros en retiro de la Armada y ordenó al Estado pagar una indemnización de $250 millones a los familiares de Neira.

El magistrado que ve causas de Derechos Humanos, condenó a Julio Alarcón a las penas efectivas de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor directo del homicidio calificado de Candia, y de 61 días como autor del delito de apremios ilegítimos a Máximo Neira.

En tanto, Ary Acuña Figueroa deberá purgar 4 años de presidio como encubridor del homicidio del hombre que fue ejecutado el 11 de octubre de 1973 en la base naval de Talcahuano y 61 días como autor de los apremios a Neira. Quedó con el beneficio de la libertad vigilada por el lapso de 5 años.

En la etapa de investigación, el ministro Aldana determinó que Candia fue ejecutado en la base naval, específicamente en el sector denominado La Ciudadela, por personal de la Armada que lo había detenido momentos posteriores al 11 de septiembre de 1973, al interior del recinto de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), industria de la que era dirigente sindical.

En el mismo lugar fue sometido a diversos vejámenes Máximo Neira Salas.

Equipo de la Fiscalía ya trabaja 7 focos delictivos en la Región

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La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos implementada en la Fiscalía del Biobío ya definió los primeros siete focos delictivos que se abordarán en la Región. Esto se logró tras la realización de un diagnóstico regional, que involucró el análisis de la criminalidad entre los años 2013 y 2015, y luego del primer semestre de 2016.

A un año de la inclusión de la unidad en la zona como un piloto -el que también funciona en Valparaíso, O'Higgins y La Araucanía- ya se ven los primeros resultados. Primero, identificando delitos que podían ser focos de investigaciones a través de esta nueva modalidad y luego definiendo los focos, en este caso territoriales, donde se desarrollará la función.

En esa línea, los analistas criminales y los siete fiscales de focos establecieron que en Concepción, Talcahuano y Los Ángeles se indagará el robo con violencia e intimidación en las personas. En San Pedro de la Paz, Coronel y Cañete será el robo en lugar habitado y en Chillán, el robo en lugar no habitado.

El fiscal jefe de la unidad, José Patricio Aravena, contó que estos puntos fueron definidos a partir de tres elementos: concentración de delitos, la existencia de patrones comunes entre ellos y la repercusión social que generan.

Es por eso que los focos se pueden generar de dos formas: por delitos en territorios acotados, como los que se definieron ahora, o por patrones comunes que pueden existir, aunque se encuentren dispersos territorialmente.

Asimismo, el fiscal Aravena también informó que la labor diligencial se dividirá entre ambas policías. La Policía de Investigaciones trabajará con los fiscales de Coronel, Cañete, Chillán y Talcahuano. En tanto Carabineros asumirá la misma tarea en Concepción, San Pedro de la Paz y Los Ángeles.

Tanto el jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Hermes Soto, como el jefe regional de la PDI, prefecto Inspector Christian Alfaro, informaron que ya designaron a los equipos que apoyarán de forma exclusiva a los fiscales de esta unidad.

"Hemos destinado gente específica para trabajar estos delitos y estos focos delictuales. Ya están trabajando con los fiscales y les están reportando información diaria en este tipo de investigación para obtener los mejores resultados", contó el general Soto. Agregó que son entre 4 a 5 los carabineros que trabajan en cada uno de los focos delictuales.

En el caso de la PDI, el prefecto inspector declaró que son cuatro los funcionarios que trabajan de forma exclusiva los cuatro puntos que se les asignó.

EJES DEL SISTEMA

El fiscal regional, Julio Contardo, expuso que con las Unidades de Análisis Criminal se busca, a través de cuatro ejes, cambiar la forma cómo se realizan las cosas y que este sistema innovador sea transformador de la persecución penal, en este caso, en los delitos contra la propiedad.

Contardo aclaró que los ejes son "transformar la persecución penal del caso a caso a la basada en los fenómenos delictuales. Desarrollar una acción conjunta con las policías, de tal manera de destinar fiscales especiales para visualizar los fenómenos delictuales con equipos de policías especializados en estas materias, que permitirá un trabajo más coordinado, preciso, claro y efectivo".

También expresó que los otros dos ejes son ampliar el trabajo a la comunidad organizada y no sólo a las víctimas de un hecho. Por último, sostuvo que esta innovación tiene que ir acorde a los cambios tecnológicos y es por eso que la Fiscalía del Biobío generó una herramienta informática que concentra toda la información disponible sobre las causas. Este sistema ya está siendo utilizado por las otras tres regiones que son piloto, y posteriormente será usada a nivel nacional, cuando se implementen las unidades de Análisis Criminal en todo el país.

DE IMPUTADO DESCONOCIDO A CONOCIDO

Son diversas las instancias que la Unidad de Análisis Criminal permitirá abordar y mejorar. Una es que generará esta nueva forma de abordar fenómenos delictuales y no casos individuales, lo que ayudará a obtener mejores resultados en las investigaciones donde el imputado era un desconocido.

"Ese trabajo será posible a través de las herramientas que disponemos, a partir de la vinculación de elementos. Cuando veíamos el caso solo no se tenía ninguna posibilidad de ser comparado o vinculado a otros (…). Vamos a resolver casos que mirando individualmente no hubiera sido posible de resolver", expuso el fiscal Aravena,

En términos simples el fiscal jefe de la unidad explicó que ahora con sólo un apodo ingresado al sistema informático se puede vincular sujetos a un hecho. "Si nos arroja una o más persona que tienen ese apodo podemos generar set fotográficos para tener reconocimientos de las víctimas", contó el fiscal Aravena.

Añadió que el sistema también podría llevar a mejorar la percepción de inseguridad de la comunidad, ya que el foco del análisis también se preocupará de las condiciones que facilitan la comisión del delito.

"Para que haya delitos no sólo tienen que haber delincuentes y víctimas, sino condiciones como luminosidad, falta de vigilancia, ya sea directa o través de cámaras (…). Si a través del análisis criminal nos damos cuenta que hay una serie de factores que están favoreciendo la comisión del delito (...) podremos ir y reportar cuál es la estructura de oportunidades a los organismo competentes", declaró el fiscal jefe de la unidad.

También la nueva forma de investigar permitirá que las diligencias solicitadas a las policías sean más específicas, por lo que se podría contar con pruebas de mejor calidad.

Parte la preparación de juicio en causa de cajero quemado

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Durante la jornada de hoy se desarrollará el segundo día de preparación del juicio oral del caso del cajero que fue quemado por sujetos al interior de la sucursal de Servipag en Hualpén, hecho ocurrido a mediados del año pasado.

Ayer, durante más de dos horas, el Ministerio Público, la defensa y querellantes debatieron si la acusación presentada en contra de los dos hermanos, por el delito de robo con homicidio frustrado, tenía vicios relativos a la individualización de las pruebas o las formas de ser ofrecidas.

"Nos fue bien, el tribunal nos dio la razón en todo. No había vicios en la acusación (...), sino que estaba correcta como se ofrecían las pruebas ", expuso el fiscal Muñoz.

Cabe recordar que ahora el juicio será contra sólo uno de los imputados, debido a que el mayor de los hermanos murió hace unas semanas en el hospital de Chillán, luego de protagonizar una pelea con otro interno de la cárcel de la mencionada ciudad, donde se encontraba con prisión preventiva.

El fiscal expuso que ya se realizó la audiencia para sobreseer la causa sobre Jorge Montecinos.

El persecutor penal aclaró que en la jornada de hoy se deberían comenzar a analizar cada una de las pruebas presentadas por las partes. El ministerio Público está ofreciendo 60 testigos, 11 peritos, alrededor de 40 documentos y 38 evidencias.

Sobre la posibilidad de que la defensa del imputado solicite que las pruebas que se vincularan con la persona fallecida fueran excluidas de la causa, el fiscal Muñoz expuso que dependerá de cuáles se pidan para determinar si se alegará.

"Si hay pruebas que se decían más con el imputado que con el hecho en sí, sí puede haber ciertos antecedentes que con el fallecimiento puede que no sean pertinentes", contó el persecutor penal.

No obstante, aclaró que será el juez de Garantía el que resolverá la controversia que se pueda generar en la eventualidad de que se intente dejar una prueba que vincule a Jorge Montecinos, pero que sería importante en el caso.

"La tranquilidad para nosotros es que hay un juez que está para que se aplique bien la ley, y eso no es a favor de la Fiscalía ni de la defensa, sino que es para resguardar los derechos a todos", recalcó el fiscal Muñoz.