Un 30% de los usuarios del Transantiago no pagan el pasaje, según informó ayer la Dirección de Transporte Metropolitano de Santiago. Una situación que genera cerca de US$ 150 millones de pérdidas en el sistema.

Si es que no se logra frenar este problema, la tarifa que actualmente se paga por el servicio -$ 640- podría subir en el mediano plazo. Así lo señaló Juan Enrique Coeymans, presidente del Panel de Expertos, entidad que fija el precio del pasaje del Transantiago. "Si sigue aumentando la evasión habrá que subir la tarifa. No alcanzará el dinero entre subsidio del Gobierno y los ingresos. Eso todavía no lo percibimos, pero puede perfectamente ocurrir que se tenga que subir la tarifa en el mediano plazo", comentó. El panel se reunirá el 24 de agosto para analizar el valor del precio del Transantiago, "Hay dos instancias de que suban las tarifas: que el presupuesto no alcancen o que se tenga que pagar más a los operadores.

El ex Presidente Sebastián Piñera rechazó ayer haber pagado coimas a ex funcionarios argentinos hace una década para iniciar las operaciones de la línea aérea LAN, de la que era uno de los mayores accionistas.

Piñera fue incluido junto a otros ejecutivos y ex autoridades en una investigación del fiscal Ramiro González sobre presuntos pagos de poco más de US$1 millón para permitir que LAN iniciara operaciones en Argentina, informó en su sitio de internet el medio argentino Infobae.

"No estoy dispuesto a aceptar que en forma irresponsable, o mal intencionada, sin aportar antecedente alguno, se me pretenda involucrar con hechos ocurridos hace 10 años, en los cuales no tuve ninguna participación ni ninguna responsabilidad", dijo Piñera en una conferencia de prensa.

La investigación surgió tras una demanda civil que la venezolana Gledys Stailes -con residencia en Argentina- presentó contra la aerolínea por pérdida de equipaje. Sin embargo, Stailes cambió la demanda a una denuncia penal tras enterarse que LAN -actualmente Latam Airlines - acordó recientemente pagar multas por US$22 millones en Estados Unidos por infracciones contables en el inicio de sus operaciones en Argentina en 2005.

estado de indagatoria

Según Infobae, Stailes incluyó en la denuncia a Piñera, al asegurar que habría autorizado el supuesto pago de sobornos a ex autoridades argentinas para que LAN iniciara operaciones en el país cuando era parte del directorio de la aerolínea.

El ex Jefe de Estado explicó que el caso de Argentina está cerrado desde 2012, al igual que en Estados Unidos, donde "no hubo infracción por parte de LAN a las normas que prohiben el cohecho". Sobre la indagatoria en Chile, detalló que la única participación, al igual que todos los directores de la época, fue declarar como testigo en 2014.

FISCAL EN ARGENTINA

El fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, viajará a Argentina para tomar declaración al ex ministro de Transportes argentino, Ricardo Jaime, y su ex jefe de gabinete, Manuel Vásquez. El primero está detenido en Buenos Aires desde el 2 de abril, mientras que el segundo tiene arresto domiciliario por la investigación de este caso.

El caso fue cerrado en 2011, porque las acciones no constituían delito en 2006 y la ley que sanciona el cohecho internacional se dictó en 2009.

Ya había adelantado que no había forma de volver al sistema de reparto y había comunicado que le daría urgencia al proyecto de AFP estatal, y ayer la Presidenta Michelle Bachelet anunció en cadena nacional una serie de cambios al sistema de pensiones. Entre ellos, destaca el aumento gradual en cinco puntos porcentuales de la tasa de cotización con cargo exclusivo al empleador.

En su discurso, la Mandataria sostuvo que "no hay espacio para soluciones fáciles y las promesas sin fundamento, al final, nos perjudicarán a todos". Y enfatizó que se buscará fortalecer "el carácter solidario del sistema".

La primera medida anunciada fue el aumento gradual hasta llegar a los cinco puntos porcentuales de la tasa de cotización en un plazo máximo de 10 años, con cargo exclusivo al empleador. "El Estado hará su parte, pues es el principal empleador del país", dijo Bachelet.

Lo recaudado será parte de un "pilar de ahorro colectivo solidario", del que una parte irá para aumentar las pensiones actuales y la otra para lograr "más equidad" en las pensiones de los futuros jubilados que hoy cotizan.

"De esta manera, estamos asegurando no sólo más solidaridad de la actual generación con los que ya trabajaron, sino también con las pensiones futuras de su propia generación", destacó la Mandataria.

La jefa de Estado recordó la creación, durante su primer Gobierno, del pilar solidario de invalidez y vejez, que anunció que será mantenido y fortalecido, aunque sin detallar el mecanismo mediante el que se hará.

Otro de los grandes cambios que introducirá el Ejecutivo al sistema, tiene que ver con los períodos en que los fondos de pensiones tengan rentabilidad negativa. En ese sentido, la Presidenta anunció que las AFP deberán devolver a la cuenta de los trabajadores las comisiones cobradas durante ese tiempo. "Las pérdidas en los fondos de los trabajadores no pueden ser un negocio para nadie", sostuvo.

La Mandataria también anunció que la propuesta contempla que en las AFP existan representantes elegidos por los cotizantes, para que puedan participar en políticas de inversión, en la elección de los directores y las compañías en que se invierte los fondos, así como las campañas de información.

Consejo extraordinario

En horas previas, la Presidenta encabezó un consejo de gabinete extraordinario para abordar el tema, en el que participan los ministros de Interior, Mario Fernández; de Hacienda, Rodrigo Valdés; Segegob, Marcelo Díaz; de Economía, Luis Felipe Céspedes; Desarrollo Social, Marcos Barraza; del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón; y de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual.

En abril de 2014 la Mandataria convocó la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, que fue liderada por el economista David Bravo y que en septiembre del año pasado entregó un informe con sus conclusiones.

A pesar de que se formó un comité especial de ministros para abordar las conclusiones de ese informe, la masiva marcha nacional que se realizó el 24 de julio le puso presión al Ejecutivo, que se vio obligado a pronunciarse.