Para las 10 mil empresas que hay en la Región, la cantidad de denuncias por práctica antisindical y vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores es marginal. Así lo reconoce Victoria Fariña, seremi del Trabajo.
Sin embargo, dijo que desde el punto de vista cualitativo las 276 denuncias que ingresaron el año pasado a la Dirección del Trabajo del Biobío dan cuenta que el énfasis de la reforma laboral era el adecuado. Por ello lamentó que vía reclamo al Tribunal Constitucional se hayan suprimido los artículos asociados al fortalecimiento de los sindicatos.
Durante el primer semestre de este año se han recibido 132 ingresos de denuncias y no hubo empresas condenadas.
Por ahora tendrán que seguir aplicando otras medidas para desincentivar las malas prácticas. Una de ellas es la publicación semestral que hace el Ministerio del Trabajo sobre empresas condenadas por estas materias.
La última se registró hace unos días y evidenció que de las 19 compañías infraccionadas el último semestre del año pasado, dos son de la Región. Se trata de Ramón Ramos Torres, Panadería Super Pan de Los Ángeles y Empresa Masonite, de Cabrero. Mientras la primera tendrá que cancelar 10 UTM (casi 460 mil pesos), a la segunda no se le fijó multa.
Razones
En el caso de la panadería, explicó la seremi del Trabajo, la conducta denunciada y por la cual se condena a la empresa, es por atentados a la libertad sindical, al ejercer en forma periódica y pública malos tratos a los trabajadores y en especial a los dirigentes del sindicato de la empresa, lo que incluyó despido de socios.
En el caso de la firma de Cabrero, el hecho especifico es que la empresa no reconoció la representatividad de la directiva del Sindicato Terranova, por tratarse de dirigentes traspasados de la empresa Masisa a Masonite, siendo por ello condenada tanto en primera como en segunda instancia.
"Los números parecen pocos, pero la realidad es que se han denunciado en la Región, ante nuestros Tribunales, varias prácticas antisindicales, pero no hay mayores condenas ya que terminan con conciliación, por lo que no se llega a la instancia de una sentencia condenatoria y otras terminan en la instancia administrativa de mediación", detalló Fariña.
No es representativa
Sergio Gatica, presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), expuso que la cantidad de denuncias por malas prácticas de las empresas no reflejan la realidad local. "En la Región hay muchas prácticas antisindicales. Es una práctica habitual de las empresas en el Biobío", aseguró el dirigente.
Expuso que las cifras son bajas porque es poca la gente que se atreve a denunciar. Principalmente, agregó, por que hacerlo implica realizar trámites que demandan tiempo.
Mencionó que los sectores más complejos son el forestal, el retail, el industrial y de servicios. Sobre la acción más recurrente, dijo que era la persecución de los trabajadores cuando quieren organizarse.
"Cuando se corre la voz de que se va a formar un sindicato en una empresa se despide a la gente, a quienes están organizándose o a los que alegan más por sus derechos", planteó Gatica.
La otra práctica, añadió, está asociada a la negociación colectiva. "Hay maltratos de todo tipo, sobre todo sicológicos, porque la empresa amenaza con que va a quebrar si le exigen ciertos beneficios para los trabajadores", argumentó.
Pese a esta afirmación, la seremi Fariña expuso que la disposición de las empresas no es tan desfavorable, pues según datos que ellos manejan el 50% de los empresarios ve como un factor facilitador la existencia de sindicatos.
Verdadera ayuda
La seremi del Trabajo, Victoria Fariña, dijo que pese al traspié de la reforma laboral, hay varios artículos que reforzarán la protección a los trabajadores. Por ejemplo, citó que ante conflictos entre trabajadores y empleador, será la Dirección del Trabajo como ente imparcial el que tendrá que dirimir.
Gatica compartió la mirada sobre los beneficios que traerá la nueva normativa. Sin embargo, afirmó que más que la eliminación de los capítulos sobre titularidad sindical, lo que más influye en la vulneración de derechos es la baja cantidad de fiscalizadores.
"Las denuncias sobrepasan la capacidad de las direcciones del trabajo. La dotación es muy baja para una Región tan grande y con tantos requerimientos", aseguró el dirigente provincial de la CUT.