Tres computadores requisados y la solicitud de antecedentes en los que se especifique la cantidad de menores fallecidos al interior de los hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename) en el Biobío, en los últimos 10 años, fueron las diligencias que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) ayer a solicitud del Ministerio Público.

La diligencia solicitada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, se repitió en todas las direcciones regionales del Sename y tuvo como finalidad recopilar toda la información relevante para esclarecer las cinco muertes que se le ordenó indagar de menores que estaban al cuidado de centros dependientes de la repartición.

Sin embargo, el persecutor penal designado para investigar estos hechos ya pidió que la indagatoria se amplíe a los 185 casos que habrían ocurrido entre 2005 y mayo de 2016, y que fue denunciado en la Comisión Investigadora del Sename II de la Cámara de Diputado.

Irrupción

Cerca de las 9.30 horas un grupo de cinco detectives de las Brigadas de Delitos Sexuales y Menores, y del Cibercrimen de la PDI llegaron a la oficina regional del Sename para ejecutar la diligencia solicitada por el fiscal Emilfork.

Tras casi cuatro horas al interior de las dependencias de la oficina del Biobío, la directora regional de la entidad, Rina Oñate, contó que los funcionarios solicitaron diversos antecedentes, los que fueron entregados para apoyar la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

"Sólo se están llevando computadores (...), y nos solicitaron que nosotros iniciemos una investigación interna respecto a la cantidad de niños y niñas que han fallecido perteneciendo a algún programa residencial ambulatorio de los centros que administramos directamente o de los que administran los organismo colaboradores", contó la directora regional.

Precisó que fueron tres los equipos computacionales que se llevaron los detectives y que la información de cada una de las muertes de menores pesquisadas irá con los resultados que determinaron los sumarios administrativos que se llevaron adelante.

Oñate aclaró que la entidad regional prestará toda la colaboración que sea requerida para que la investigación se desarrolle de forma transparente: "Por parte del Sename tenemos toda la intencionalidad de entregar la información que se requiera en los plazos más acotados posibles con la finalidad de esclarecer cada uno de los hechos".

NADA QUE TEMER

Pese a que la diligencia de la PDI tomó por sorpresa a los funcionarios, los dirigentes regionales de la entidad expresaron que ya sabían que esta situación se podía dar en cualquier momento, debido a los hechos y denuncias que estaban haciendo.

"Como funcionarios públicos estamos preparados para que la justicia cumpla con lo que tiene que hacer. Si hay algo que investigar vamos a prestar con toda la colaboración para que se esclarezca lo que se deba aclarar. Los trabajadores del Sename estamos tranquilos, porque sabemos que las cosas se hacen de acuerdo a la normativa, y por lo tanto, no hay nada que temer", sostuvo el presidente de la Asociación regional de Trabajadores del Sename Biobío, Roberto Belmar.

En tanto, el presidente de Antrase Biobío, Iván Arriagada, expuso que en este período que se investiga habrían ocurrido al menos cuatro fallecimientos de menores, pero recordó que estos, al igual que los 185 denunciados, no son a causa del trabajo que realizan los funcionarios, sino que en la gran mayoría son por patologías asociadas a los mismos beneficiarios.

"Son hijos de padres o madres alcohólicos, drogadictos. Uno de los últimos niños ingresados tiene hidrocefalia. Muchos de estos niños no han fallecido porque algún funcionario hizo o no algo, sino por las problemáticas que traían antes", declaró el dirigente de Antrase.

Cabe recordar que de los 185 decesos en la última década, 134 de ellos se produjeron en establecimientos de salud y 49 en organismos colaboradores del Sename, mientras que dos ocurrieron en centros de administración directa de la entidad de gobierno.

Pese a que ya existiría claridad de cómo ocurrió el doble homicidio en 2014 en Talcahuano, en donde murió un menor de 10 años y su cuidadora, de 58 años, aún faltan pruebas para imputar el delito al o los responsables del hecho que conmocionó a la comuna puerto.

A dos años del homicidio de Matías Poblete y Cristina Tapia, María Elena Flores, madre del menor de 10 años, criticó la lentitud del proceso para encontrar al o las personas que realizaron el crimen, que ocurrió en el sector Las Salinas de Talcahuano.

"Hay molestia en la familia, porque esto se ha demorado mucho", contó Flores.

Pese a esta sensación, la madre de Matías sostuvo que han existido avances importantes en la causa. Eso, debido a que ya existiría claridad de cómo ocurrieron los hechos. Flores declaró que ahora se está en la etapa de reunir las pruebas necesarias para que se impute el delito.

"No se puede acusar sin tener las pruebas suficientes (…). Lo que no queremos es que a la persona la apresen y que después salga al mes o los dos meses por buena conducta", expresó la mujer.

La madre de Matías no quiso profundizar en los antecedentes que la Fiscalía le ha entregado, pero sí dijo que ya se tendría un grupo de personas identificadas como presuntos responsables del hecho.

"El círculo se ha cerrado. Cuando recién se inicia la investigación hay muchas personas involucradas, ahora ya están las necesarias, y son a ellas a las que hay que buscarles las pruebas para culparlos", contó Flores.

Desde el Ministerio Público no quisieron referirse a los avances que en hay en la investigación y sólo informaron que desde este año se sumó a la causa el fiscal de la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía Local de Concepción, Eric Aguayo, el que junto al fiscal de Talcahuano, Mario Elgueta, indagan el doble homicidio.

A las indagatorias que se realizan en el caso también se incorporó la Labocar de Carabineros.

Con la entrega de un nuevo equipamiento, el grupo Usar de la Provincia de Concepción, que corresponde a la unidad de Búsqueda y Rescate de Bomberos, fue reconocido por las labores de rescate que efectuaron tras el aluvión en la Región de Atacama.

Fueron 26 los rescatistas que trabajaron en los efectos de un fenómeno que dejó 28 muertos. Debido a ese trabajo la Junta Nacional de Bomberos les hizo un reconocimiento y les entregó 44 nuevos uniformes nuevos para cumplir sus funciones.

La ceremonia se realizó en la Gobernación de Concecpción, con la presencia de la gobernadora, Andrea Muñoz.