Consecuencias jurídicas, legales e incluso para la estrategia con la que se afrontará la preparación de juicio oral, traerá la muerte de uno de los dos imputados por el ataque al cajero del Servipag, Pablo Ramírez, quemado en julio de 2015 en el interior del Supermercado Mayorista 10 de Hualpén.
Jorge Montecinos Pinto murió la madrugada de ayer tras ser agredido por un interno en la cárcel de Chillán (ver nota relacionada), donde cumplía con su prisión preventiva. Una audiencia para que sea sobreseída su causa sería la primera de las acciones que se deberán desarrollar.
Sobreseimiento
"Las responsabilidades quedan sobreseídas por el fallecimiento de él, en el delito que se le estaba imputando, y continuaría el proceso criminal en contra de su hermano por los delitos que le imputa la Fiscalía", detalló el defensor regional Osvaldo Pizarro.
El jurista aseguró que este hecho -el que catalogó como lamentable- no atrasará el proceso judicial que se lleva adelante.
Cabe recordar que Montecinos era acusado del delito robo con homicidio frustrado, por lo que el Ministerio Público solicita 20 años de cárcel en su contra. Él habría sido quien lanzó combustible a Ramírez y le prendió fuego.
A su hermano menor, que actualmente tiene 18 años pero cuando se llevó a cabo el ilícito era menor de edad, le piden una pena de 10 años de internación en régimen cerrado del Sename , por el mismo delito.
PREPARACIÓN DE JUICIO
La muerte del joven de 28 años llevaría también a modificar las estrategias que cada una de las partes tenía para afrontar la audiencia de preparación de juicio oral, fijada para el 10 de agosto. Esto, debido a que la defensa, según adelantó Pizarro, solicitará que todas las pruebas que tengan que ver de forma exclusiva con Montecinos sean excluidas de la causa.
Este escenario ya es visualizado por el abogado querellante, Enrique Hernández: "Esto sí cambia la estrategia jurídica de todas las partes involucradas. Estaremos en contacto con el Ministerio Público para lograr el mejor resultado posible".
Pese a esta situación Hernández fue enfático en señalar que el caso no pierde fuerza y que el juicio sigue adelante. "Hay un imputado que está vivo, y que tiene que responder por estos hechos", expuso el abogado de Pablo Ramírez.
El Ministerio Público no quiso referirse en profundidad a si el deceso de Montecinos modificará de alguna forma la estrategia que tenían para afrontar la causa que llevan adelante. Sólo comunicaron que deberán ver el sobreseimiento de la causa. Asimismo, informaron que el homicidio del joven está siendo investigado y que ya solicitaron fecha para formalizar por este delito al presunto autor del hecho.
Para el defensor regional, más allá de estas implicancias jurídicas y legales, lo lamentable y brutal del hecho es que se trata de alguien que afirmó siempre su inocencia del delito que le imputa la Fiscalía.
"Es preocupante que esta persona, que había sostenido su inocencia durante todo el proceso investigativo, y ad portas de realizarse un juicio, haya fallecido esperando justicia", declaró Pizarro.
SORPRENDIDOS
Para la familia de Pablo Ramírez, el homicidio de uno de los dos imputados en el caso los dejó sorprendidos, ya que obviamente saben que este hecho cambia el escenario que tenían considerado, aunque por respeto a los cercanos de Montecinos no quisieron profundizar.
"Nos hubiese gustado llegar al final de esto. Sin embargo, sabemos que hay una familia detrás que está sufriendo, igual como sufrimos nosotros cuando le pasó esto a Pablo. Nos ponemos en el caso de ello y sabemos que es un dolor fuerte", expuso Sigrid Ramírez, hermana de la víctima del ataque al cajero de Servipag.
La mujer tuvo críticas también al trabajo de Gendarmería, ya que consideró que de ellos es la responsabilidad de la muerte del imputado. "Ellos están para cuidar la integridad de los reos. Me cuestiono cómo es posible que haya ocurrido un hecho así", expuso.
Cabe recordar que Montecinos había sido trasladado de la cárcel El Manzano a Chillán, en donde también fue agredido.
"Por una medida de seguridad y por lo emblemático del caso (...), se encontraba en Chillán con una custodia especial", contó Pizarro, asegurando que esta protección especial no fue suficiente, a la luz de cómo ocurrieron los hechos.